*Roberto Alfredo Conti – Juez del Tribunal -oral- en lo Criminal nº 7 del Departamento Judicial Lomas de Zamora. Vicedirector del Centro de Estudio Judiciales (CEJ) de la UNLZ.


En cuanto a nivel provincial el entonces presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires (SCBA) mediante resolución 96/20, requirió a los Ministerios de Justicia y Seguridad de la Provincia de Bs. As., que intensifiquen los controles sanitarios a las personas privadas de la libertad (PPL) alojadas en los establecimientos carcelarios –Unidades Penitenciarias, Alcaidías y Comisarias-, como así de todas las personas que tengan contactos con las PPL, a fin de evitar el ingreso y propagación del virus COVID-19.

Siguiendo esa línea, en otra resolución se dispuso la suspensión de las salidas transitorias de las PPL, que se encontraban gozando de dicho beneficio, evitando así la circulación del virus.

El Procurador General bonaerense, Julio Marcelo Conte Grand, con fecha 16 de marzo de 2020, resolvió instruir a los Defensores Oficiales que soliciten pedidos de detenciones domiciliarias y que los fiscales analicen dichas circunstancias respecto de las PPL, con relación a personas de riesgo contempladas por el Ministerio de Salud de la Nación, y luego específicamente aclara a personas mayores de 65 años, mujeres embarazadas y las que se encuentran detenidas con sus hijos menores de edad. 

Con fecha 8 de abril de 2020, el entonces Presidente de la Casación Bonaerense –Juez Víctor Violini-, resolvió un Habeas Corpus colectivo y correctivo, en donde se dispuso el arresto domiciliario de las PPL en casos de delitos leves, y para los casos de delitos graves se tendrá que contemplar el tipo de delito, la violencia para perpetrar el mismo, entre otros. 

Teniendo en cuenta los listados aportados por los Ministerios de Justicia y Derechos Humanos y de Seguridad,  de la Provincia de Buenos Aires, de donde se ilustran a las PPL que estarían contempladas como población de riesgo. Y que dicha concesión será implementada luego de verificarse dichos extremos –que sea población de riesgo-, quedando a cargo de los Juzgados y Tribunales que tienen a su cargo a las PPL, la concesión del arresto domiciliario, que no es libertad.

Párrafo aparte se tuvo en cuenta a las PPL imputadas o condenadas por la comisión de delitos graves, en donde se deberá analizar, evaluar la necesidad u oportunidad de disponer una medida de arresto domiciliario (en cuyo caso, y cuando corresponda, deberá resguardarse la integridad psicofísica de la víctima), o bien, asegurando el aislamiento sanitario dentro de la Unidad Penitenciaria, en donde además se deberá evaluar “la gravedad del delito no sólo la escala penal involucrada o la pena impuesta por sentencia condenatoria aunque no se encuentre firme, sino también parámetros como el bien jurídico tutelado (priorizando el relativo a la vida), la modalidad de ejecución, los medios comisivos (especialmente si resultan altamente lesivos), la situación o calidad de la víctima y la posibilidad de fijar domicilio en un lugar diferente al de residencia de ésta, o si ha mediado violencia de género”.

Lo resuelto tiene consonancia con la “Recomendación efectuada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Nº 066/20), en tanto urge a los Estados a garantizar la salud y la integridad de las personas privadas de libertad, por lo que no considerarla podría llevar a la generación de responsabilidad internacional para el Estado Argentino”.

A raíz de dicha resolución se otorgaron arrestos domiciliarios con y sin monitoreo electrónico, a las PPL que estaban procesadas o condenadas por delitos leves, como así a las personas que se encontraban en condiciones temporales de obtener algún beneficio previsto las leyes vigentes de ejecución penal (progresividad del tratamiento) –libertad asistida, condicional o por agotamiento de pena-.

En ese contexto el Tribunal -oral- en lo Criminal que integro en Lomas de Zamora, en relación a la pandemia se requirió a la Dirección Provincial de Salud Penitenciaria que informe sobre si se han registrados casos de circulación o infección del coronavirus en las dependencias carcelarias pertenecientes al Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB), hasta el momento un solo caso positivo en donde se contrajo una PPL en el marco de un tratamiento médico que llevaba adelante en un Hospital Público, por tal motivo se activó el protocolo respectivo de aislamiento, encomendado por las autoridades sanitarias. 

Con lo cual el SPB informó que no se vislumbra una propagación del virus en el ámbito carcelario sumado a que se han adoptado las medidas pertinentes, así como también que de generarse algún caso de infección, se encuentra previsto el protocolo de actuación de aislamiento para su inmediata activación.

Todas las medidas requeridas para determinar el estado de salud están siendo determinadas por los profesionales de salud, y en caso de ser de riesgo se tendrá encuentra lo informado por el profesional y se resolverá en consecuencia y en base a las resoluciones vigentes, con lo cual no se estipula como automática su concesión, sino que refiere a supuestos en los que razonablemente pudiera tener lugar de conformidad a las leyes vigentes -resoluciones de la SCBA números 3341/19, 52/20, 96/20, entre otras.

Específicamente, se ha indicado en la resolución 52/20 que "es atribución de los magistrados competentes evaluar y discernir en su caso, en vista de las actuales circunstancias y con arreglo al orden jurídico vigente, la adopción de medidas alternativas o morigeradoras respecto de personas privadas de su libertad, que se encuentran abarcadas dentro de los grupos de mayor riesgo ante el COVID-19, a tenor de lo establecido al respecto por el Ministerio de Salud de la Nación, en las condiciones antes referidas".

Y en los casos en que se conceda dicha morigeración la misma tendrá vigencia hasta tanto permanezca el aislamiento social, preventivo y obligatorio decretado por el Poder Ejecutivo Nacional. 

En el caso de nuestro departamento judicial, debido a los incidentes de público conocimiento de la situación que se ha generado en las Unidades Carcelarias dependientes del SPB, a raíz de que en el Departamento Judicial Lomas de Zamora, se encuentra la Unidad 40, y luego de mantener conversaciones y propuestas por parte de la Coordinadora de la Comisión de Sistema Carcelario, Aimé Silva, he propuesto al Jefe del S.P.B., Xavier Areses, llevar a cabo una mesa de diálogo en dicha dependencia con un grupo de magistrados, funcionarios y empleados, junto con el Ministerio de Justicia, Salud Penitenciaria, Defensoría del Pueblo, la Decana de Derecho de la UNLZ, entre otros, llevamos a cabo una mesa de diálogo a los efectos de conversar con todos los referentes de los pabellones -10 hombres y 4 de mujeres-, a los efectos de esclarecer las resoluciones vigentes, y poder entablar mediante el dialogo respuesta a sus solicitudes.

Situación carcelaria en la Provincia de Buenos Aires 

En diciembre pasado, la SCBA a raíz de un informe elaborado por el Tribunal de Casación Penal, del cual se vislumbraba la actual situación carcelaria en cuanto a la superpoblación carcelaria, se ha sugerido implementar métodos alternativos a prisiones preventivas debido al hacinamiento carcelario

Con fecha 12 de diciembre de 2019 se contaba con 45.518 detenidos en el ámbito del SPB. Cuando se cuenta con un cupo para 29.388 personas (según el último informe del Sistema Nacional de Estadísticas sobre Ejecución de Pena -2018-, entre Unidades Carcelarias y Alcaidías).

Dicha superpoblación resulta un alto impacto negativo en la progresividad del tratamiento carcelario, impidiendo dar una adecuada reinserción social, ya que no se cuenta con el cupo necesario para que las PPL estudien, se capaciten, tenga un tratamiento adecuado para tratar las adicciones, ni mucho menos pueden esparcirse y recrearse. 

Ahora bien dentro del periodo comprendido entre el 17 de marzo y el 17 de abril de 2020, se concedieron 431 arrestos domiciliarios y excarcelaciones a PPL por haber cometido algún delito leve, y pertenecer a grupos de riesgo. Del mismo periodo se registró una disminución de 1713 PPL, los cuales pertenecen por corresponder a algún beneficio excarcelatorio según las leyes vigentes, y 30 PPL se les concedió el arresto domiciliario por ser grupos de riesgo, y estar acusado de algún delito grave.  Por lo que en el periodo mencionado con relación al año 2019, se concedieron un total de 1743 egresos del ámbito carcelario bonaerense, y respecto al presente año da un total de 2244.

Lo que cabe recordar, evidentemente, lo que consagra nuestro artículo 18 de la Constitución Nacional, en cuanto a que las cárceles de la Nación serán sanas y limpias, para seguridad y no para castigo de los reos detenidos en  ellas.