La pandemia del coronavirus no sólo produjo en la Argentina una problemática sanitaria y económica con entre nulos y pocos antecedentes, sino que también generó un capítulo de presuntas operaciones y negociados fraudulentos para la compra-venta de insumos que dio inicio a causas judiciales. 

Uno de los insumos claves para la contención de la Covid-19, los barbijos, también es el actor central de una saga de hechos que derivó en una investigación que ya tiene un detenido, tres procesados, dos funcionarios que perdieron sus cargos y recursos públicos en juego: el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires pagó $170 millones de un total de $340 millones comprometidos para la compra de 5 millones de máscaras, de las cuales sólo recibió 150 mil.

Esa aparente operación fraudulenta en la que hay dos empresas involucradas generó la apertura de dos expedientes, que luego de cruces, disconformidades e intercambios de miradas quedaron unificados en uno solo bajo la órbita del Poder Judicial porteño.

Los hechos

La historia comenzó formalmente hace poco más de dos meses. El 30 de marzo, cuando el coronavirus llevaba 19 días como pandemia declarada por la OMS, el Ministerio de Salud de la Ciudad adjudicó por contratación directa la provisión de cinco millones de barbijos a la firma E-ZAY, que sería intermediaria para la adquisición de esos insumos.

Se hizo bajo la Resolución N° 87/2020, firmada por el ex subsecretario de Administración de la cartera sanitaria porteña, Nicolás Montovio. Se trata del ex funcionario que renunció a mediados de abril por otro caso con consecuencias judiciales por la compra de barbijos a la empresa Green Salud, en aquel caso de tipo N95, vencidos y con presunto sobreprecio.

Del detalle de la orden de compra surge el precio de $68 por unidad y un monto total de la operación fijado en $340 millones. Según Leonardo Morbelli, apoderado de E-ZAY, uno de sus proveedores, la firma MEDINSUMO S.R.L./INSUMED S.R.L., se haría cargo del pedido.

El 2 de abril recibió $162.350.000 por parte del Poder Ejecutivo porteño como anticipo. Ese mismo día, E-ZAY transfirió $60.500.000 a una cuenta de MEDINSUMO en el Banco Credicoop a nombre de Damián Andrés Nevi. Hasta ese momento, la gestión porteña había dispuesto todos esos recursos sin conocimiento de los antecedentes de la empresa a la que adjudicó y sin recibir un solo barbijo.

Con esos montos acreditados para E-ZAY y la parte que ésta giró a MEDINSUMO, se debía avanzar en un cronograma de entregas: en primer lugar, el 3 de abril tenían que llegar 100.000 barbijos adicionales y anticipados a los 5.000.000 pedidos en la orden de compra original; luego 1.500.000 barbijos el 10 de abril; y finalmente 3.500.000 unidades el 20 de abril. Durante todo ese plazo la Ciudad no recibió ni una sola máscara. Luego, en dos veces, se entregaron 150 mil unidades (según la empresa, 200 mil).

Ayer se formalizó la salida de su cargo de un segundo funcionario, tras el desplazamiento de Montovio (empujado por la causa de las máscaras N95). El ahora ex director General de la Dirección General Abastecimiento de Salud Santiago Costabel renunció tras tener un rol determinante en ambos procesos de compra de barbijos.

El destino de los barbijos era el personal de salud de los 34 hospitales de la Ciudad. De hecho, la falta de ese insumo de protección personal generó unas 27 medidas cautelares contra el gobierno porteño y también clínicas privadas.

Larreta y Santilli en la Legislatura porteña (crédito: prensa Legislatura CABA)

La causa

El primer movimiento que llevó esos hechos a la Justicia lo realizó E-ZAY. Después de negociaciones con el proveedor a quien transfirió dinero y con la Ciudad, que esperaba barbijos que no llegaban, la empresa presentó el 24 de abril una denuncia penal contra MEDINSUMO.

La presentación ingresó a través de la Unidad Fiscal Especializada en Ciberdelincuencia (UFECI), a cargo de Horacio Azzolin, y terminó en el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 40 de la Capital Federal, encabezado por Paula Verónica González, con la investigación en manos de la fiscal Mónica Cuñarro. Allí, E-ZAY alegó haber sido estafada por su proveedora, MEDINSUMO. Se trata del expediente 21503/20.

Tanto de la estructura de E-ZAY como de la MEDINSUMO surgen datos reveladores para los investigadores. Por un lado, la empresa beneficiada con la adjudicación de la Ciudad y que ofició de intermediaria no se dedicó a nada relacionado a lo sanitario durante sus casi cinco años de existencia, hasta la pandemia. Su rubro era el informático y los servicios de call center, pero en febrero pasado se reconvirtió y se inscribió ante la AFIP para vender insumos médicos.

En la documentación entregada al gobierno porteño aparecen teléfonos que nadie atiende y un domicilio en el barrio de Puerto Madero, que no está en los registros comerciales. No tiene página web ni redes sociales, pero sí deudas y cheques rechazados.

MEDINSUMO, la proveedora de E-ZAY, figura inscripta desde 2011 por dos socios, con objeto inicial de “compra, venta, importación, exportación, representación, consignación y distribución mayorista y/o minorista" de drogas y todo tipo insumos hospitalarios y equipamiento médico.

De los documentos que recibió E-ZAY y presentó en sede judicial surge que el responsable de su proveedora es Damián Nevi, un supuesto farmacéutico sin empleos registrados desde 2016 a quien llegaron los más de $60 millones.

Nevi le habría comprado las acciones de MEDINSUMO a José Callejas Chávez, un médico boliviano que tiene registrada otra empresa de salud. Esto habría ocurrido el 3 de enero, cerca de un mes después de que se conociera el nuevo coronavirus.

El viernes pasado, la jueza González procesó con prisión preventiva a Nevi -que fue allanado hace más de dos semanas en su domicilio con $700 mil encima y se encuentra detenido desde ese momento- y esa medida cautelar a Paula Edith Fernández y María Elena Canali, quienes también habrían participado de la estafa como "pasamanos" y realizando trámites, trabajos por los que cobrarían $10 millones (a $2 por unidad).

Según surge de la indagatoria a Nevi y de la denuncia realizada por Morbelli en nombre de E-ZAY, los argumentos por los que MEDINSUMO no habría cumplido con las entregas incluyen un supuesto robo del camión con la mercadería en una autopista durante los primeros días de la cuarentena, la posterior recuperación de los barbijos en Rosario, demoras en Ezeiza y hasta problemas con la página de AFIP. Sin embargo, esto sólo se documentó con capturas de pantallas y algunas fotos, mientras que los trámites de importación ni siquiera figuran iniciados.

La jueza González no aceptó como querellante a E-ZAY, considerando "la nula experiencia de la empresa denunciante" en la comercialización de insumos médicos y teniendo en cuenta la precariedad de su estructura como compañía, elementos que hacen que no la descartara como participante de la maniobra.

También dispuso un embargo sobre cada uno de los tres procesados por $20 millones y restituyó al gobierno de la Ciudad los $60,5 millones que habían sido transferidos por E-ZAY a la cuenta de Nevi.

En la misma decisión, la magistrada se declaró incompetente y envió el expediente a la justicia contravencional porteña, a pesar de la oposición de la fiscal Cuñarro bajo el entendimiento de que podría haber funcionarios involucrados en la maniobra y que esa posibilidad debería seguir siendo investigada por fuera de la estructura judicial de la Ciudad. 

De hecho, Nevi declaró que la Ciudad pagó un sobreprecio de 120%, cosa que el gobierno porteño y E-ZAY niegan argumentando elementos de la cadena de costos como la logística a cargo de los intermediarios.

La unificación de la causa en la justicia porteña ocurrió debido a que el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires había presentado el 14 de mayo, casi un mes después de iniciado el otro expediente, una denuncia por "estafa" contra E-ZAY.

Antes de la unificación, la Justicia porteña había congelado los fondos de esa firma, pero sólo quedaban $2 millones. El dinero restante de los casi $170 millones recibidos de la Ciudad ya había viajado a varias cuentas a través de unas 40 transferencias.

Ese expediente está a cargo del fiscal porteño Maximiliano Vence y el Juzgado Penal Contravencional y de Faltas Nº 20 a cargo de Luisa María Escrich, quienes ahora concentran la investigación tras haber conseguido la inhibición de la jueza González bajo el argumento de que "la maniobra denunciada por Morbelli ante la Justicia Nacional resultaría ser una prolongación o extensión de aquellas denunciadas en estas actuaciones por parte del Gobierno porteño".

Este paso a las dependencias judiciales de la Ciudad sigue el camino de lo ocurrido con los expedientes por los barbijos N95, ya que a mediados de mayo la Cámara Federal porteña resolvió que una denuncia por presuntos sobreprecios en la compra de esas máscaras por parte del Gobierno de la Ciudad se tramite en la justicia penal, contravencional y de faltas de ese distrito.