Se celebró en Entre Ríos el primer sorteo de potenciales candidatos para integrar un jurado popular en un evento que contó con la participación de representantes de los tres poderes del Estado y que tuvo como resultado la preselección de 5.000 personas, según la terminación de su DNI.

De esta manera, aquellos cuyo DNI finalice en 052, 056, 130, 145, 181, 187, 212, 248, 367, 531, 608, 638, 655, 717, 814, 833, 865, 897 y 941, pasarán a ser potenciales jurados para los juicios que se desarrollarán a partir de septiembre de 2020 y durante 2021.

Con este concurso se espera que los jurados – que solo son convocados para juzgar los delitos más graves según la Ley de Juicio por Jurados de Entre Ríos- sean “independientes e imparciales”, una de las ventajas centrales del sistema respecto a la justicia profesional.  

Puede ser convocado cualquier argentino, con cinco años de ejercicio de la ciudadanía en el caso de los naturalizados, tener entre 18 y 75 años de edad, con estudios primarios completos y entender plenamente el idioma nacional. Además, deberá contar con el pleno ejercicio de los derechos políticos, así como una residencia inmediata no inferior a cuatro (4) años en la provincia.

Según indica la ley, el Poder Judicial conforme lo prevé el artículo 29 de la Ley 10.746 que reglamentó el "juicio por jurados" en la provincia de Entre Ríos será quien notifique a los ciudadanos que fueron pre-seleccionados con una declaración jurada destinada a certificar si reúnen o no las condiciones para ser jurados.

Antes de la realización de un juicio, la circunscripción judicial en la cual se realizará el debate efectuará un nuevo sorteo de esa lista anual. Cuando sortean a una persona para actuar en un juicio le llegará una citación a su domicilio con los datos necesarios para que pueda asistir a la audiencia de selección de jurados.

Para cada juicio por jurado se sortean 36 personas, de los cuales luego se aparta a aquellos que tengan algún impedimento o que sean recusados por la fiscalía y/o la defensa. El jurado definitivo se integrará con 12 titulares (6 varones y 6 mujeres) y dos suplentes.

Las personas que fueron citadas pero no seleccionadas podrán ser convocadas nuevamente para un nuevo juicio y quienes lleguen a actuar como jurados no podrán ser convocados nuevamente por el término de tres años.

Se trata de una carga pública remunerada y, si bien aquellos que trabajen en en relación de dependencia no cobrarán dicha remuneración, el empleador/a deberá pagar el salario como si hubiese trabajado normalmente. Los gastos de transporte y comida los cubre el Poder Judicial, y las certificaciones de asistencias serán expedidas por el tribunal.

Si bien los jurados participarán de los litigios, no deberán interpretar la ley sino determinar los hechos del caso tras valorar las pruebas del debate de acuerdo a la experiencia y al sentido común. Solamente deberán determinar si la persona acusada es culpable o no del hecho que se le imputa.

Quedan excluidas las personas que tengan responsabilidades públicas de relevancia, abogados, escribanos, profesores universitarios de disciplinas jurídicas o de medicina legal, integrantes de las fuerzas armadas y de seguridad en actividad, ministros de un culto reconocido. También, quedan eximidos los que no tengan aptitud física o psíquica suficiente o presenten una disminución sensorial que les impida ejercer la función y aquellas personas imputadas en causas penales elevadas a juicio, condenadas y las incluidas en el registro de alimentos morosos.