Marcha atrás con el traspaso de la ex OJOTA que Macri transfirió por DNU a la órbita de la Corte y se avanzaba en su vuelta a la Procuración General de la Nación. El Senado en un hecho sin precedentes había derogado ambos decretos pero se puso freno de mano a esta decisión y se avanzó en un acuerdo de 2016 entre la Corte y el Congreso designando legisladores que se encargarán del control de la las escuchas judiciales privadas.

La Bicameral de Inteligencia controlará la actividad de la oficina de escuchas judiciales, hoy llamada Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado del Poder Judicial de la Nació (DAJUDECO) bajo la conducción de la Corte Suprema y a cargo del camarista de federal de Comodoro Rivadavia, Javier Leal de Ibarra hasta 2023. Entre esta marcha atrás y la nueva decisión sobre las famosas escuchas, se presentó un proyecto en Diputados para la destrucción inmediata de las conversaciones telefónicas privadas en el medio de la polémica por su difusión en los medios masivos de comunicación.

El acuerdo en el cual se avanzó esta semana fue entre ambos presidentes de las cámaras legislativas. La vicepresidenta Cristina Kirchner y el titular de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, firmaron este martes una resolución conjunta para que la Comisión Bicameral de Inteligencia asuma el control y el seguimiento de la oficina de escuchas judiciales, dependiente de la Corte.

La resolución conjunta le da influencia al poder legislativa sobre las escuchas judiciales y asigna a la Comisión Bicameral de Inteligencia el cumplimiento del “Convenio de Colaboración” del 29 de septiembre de 2016 entre el Congreso y la Corte Suprema. Y tira por la borda el traspaso que se intentó de la DAJUDECO de la CSJN a la procuración con la derogación de dos decretos de Macri. La falta de votos en Diputados aceleró este acuerdo sumado a

En 2016, se puso en cabeza del Congreso el seguimiento de las actividades de la oficina de escuchas, “a efectos de garantizar estándares de imparcialidad y transparencia institucional y la actualización permanente de los métodos más eficaces para prestar asistencia contra el crimen organizado”. Pero no se avanzó en tres años.

Este año, el primer paso de la resolución 8/20, fue la designación de los senadores y diputados integrantes de la comisión y de la subcomisión que llevará adelante el control sobre la DAJUDECO. En modo pandemia, acordaron que en la próxima reunión “constituirán la subcomisión del control de las llamadas telefónicas”. Hoy en día, por las restricciones de la cuarentena, la comisión reúne a los legisladores que residen cerca de Congreso pese a que el pico de contagios que hubo en el recinto obligó a la postergación. Aunque el martes habría otro reunión por zoom en este sentido.

El presidente de la comisión Leopoldo Moreau, diputado del Frente de Todos, y le quiere imprimir “velocidad” a la designación de los legisladores de ambos partidos que ejercerán, según el acuerdo, las “funciones de seguimiento y auditoría de la DAJUDECO”. Los designados deberán “informar semestralmente a la Presidencia de cada cámara del Congreso de la Nación sobre la descripción del desarrollo de las actividades de fiscalización y control efectuadas por la Comisión Bicameral en cumplimiento de su misión, con la fundamentación correspondiente”.

Según explicó Moreau a Tiempo Judicial, la función desde la semana que viene será “controlar, auditar y seguir el trazado de las escuchas judiciales reuniendo todo el material que podamos desde 2016 en adelante para establecer en que causas se hicieron intervenciones telefónicas, quienes eran los abonados que eran titulares de las líneas y ver el trazado de las llamadas precausas, que agentes de inteligencia intervinieron y quienes retiraron el material”.

El Senado en modo pandemia. (crédito:prensa Senado)

Esta comisión bicameral la integran por el oficialismo: Leopoldo Moreau, Blanca Osuna, Rodolfo Tailhade y Eduardo Valdéz; y por los senadores Oscar Parrilli, Martín Doñate, Sergio Leavy y Gerardo Montenegro. Por la oposición, los senadores Juan Carlos Marino Oscar Castillo y Pamela Verasay; y los diputados José Cano, Cristian Ritondo y Sebastián García De Luca. Hay un legislador exceptuado de la subcomisión que es Ritondo, el cual figura en la causa de supuestas escuchas judiciales en el juzgado de Villena en Lomas de Zamora y queda autoexcluído, según fuentes cercanas al jefe del bloque de Cambiemos.

Proyecto para destruir escuchas

En tanto, en la misma semana, las escuchas judiciales estuvieran en el centro de la escena legislativa por la presentación de un proyecto de ley del diputado Valdéz que incorpora un párrafo al art. 236 del Código Procesal Penal de la Nación, aprobado por Ley 23.984 para que quede redactado de la siguiente manera: “Cuando del resultado de la interceptación de las comunicaciones no surja ningún elemento de prueba para la comprobación del delito investigado, ni de la presunta comisión de ningún otro delito que determine la extracción de testimonio para su sorteo, deberá ordenarse su destrucción inmediata. En este supuesto, además de la inmediata destrucción de todo soporte que contenga los audios, contenido de comunicaciones y/o transcripciones, no deberá conservarse backup ni copia alguna de las comunicaciones interceptadas. Tampoco podrá disponerse su almacenamiento en registro alguno, ya sea propio o externo, del Poder Judicial o del Ministerio Publico Fiscal”.

"La difusión de conversaciones privadas sin relevancia judicial pero con alto impacto mediático es una herramienta central para quienes buscan socavar los pilares del sistema republicano y democrático de gobierno", expresó Valdéz. Sobre la filtración de escuchas hace pocos días habló en radio Cooperativa, el actual director de la DAJUDECO, quien negó las acusaciones y explicó que “nosotros en la oficina no evaluamos la escucha, jamás tenemos claro a quien se escucha, esa información no la tenemos. Cuando el CD con la escucha sale de nuestra dependencia, nosotros perdemos la cadena de custodia del material. Tiene que quedar claro que las escuchas se hacen vía oficio de un magistrado. Y tiene casi nula participación humana".