Abel Córdoba y Sherlock Holmes pueden parecer muy lejanos. Uno es una persona real y el otro un personaje de género policial. Uno argentino y el otro británico. Pero ayer encontraron un punto en común en la investigación en los tribunales de Comodoro Py sobre Lázaro Báez y los 50 millones de dólares objeto del juicio oral acusados de los delitos de lavado de dinero y administración fraudulenta.

En el inicio de su alegato, el fiscal Abel Córdoba rememoró al célebre investigador Sherlock Holmes cuando le indica a su asistente para seguir al autor del delito cuando no aparece en el lugar del hecho: “Follow de money y dará con el autor”. Así el titular de la Fiscalía General N° 2 explicó que siguiendo la ruta del dinero “como método de investigación en esta causa podemos comenzar a relatar el avatar del dinero con un trama que va desde Santa Cruz a guaridas fiscales, a Puerto Madero, Suiza y Dubai”.

En esta etapa de alegatos del MPF que empezó ayer, el fiscal expuso su primera parte ante el Tribunal Oral Federal N° 4 en el marco de la causa en la cual se juzga a Lázaro Báez, Leonardo Fariña, Federico Elaskar y otros 24 imputados por el delito de lavado de activos, estimados en 50 millones de dólares a través de la empresa Austral Construcciones en la provincia de Santa Cruz entre 2010 y 2013.

En el juicio retomado vía remota y por Zoom, Córdoba aseguró que las maniobras de las empresas y las estructuras societarias siempre tuvieron “como beneficiario y dueño real a Lázaro Báez para sostener la actividad de lavado de activos entre 2010 y 2013 con el epicentro en la empresa Austral Construcciones”.

Fiscal Federal Abel Córdoba.

En esa línea, el fiscal federal que citó la investigación del fiscal de instrucción, Guillermo Marijuán en una denuncia realizada en abril de 2016, manifestó que “el principal autor de estos hechos y máximo responsable no firmó ni un solo papel en el plano ilícito lo que marca una clave de deducción de su responsabilidad”. Refiriéndose a Báez, agregó que “firmaron sus socios, su contador, sus abogados, su familia, todos menos él”.

“Con el epicentro en Austral Construcciones de la estructura paralela e ilícita, Báez era la cabeza de la organización criminal con despliegue transnacional y quien detentó en todo momento control absoluto de plano lícito e ilícito”

Abel Córdoba, fiscal federal.

Para argumentar el liderazgo “criminal”, Córdoba explicó que estos indicadores apuntan al delito como “la posesión de activos no consignados en la declaración juradas impositivas, el poner a familiares como beneficiarios en sociedades offshore, los movimientos en efectivo fuera del mercado financiero, explicaciones inconsistentes, proveedores no transparentes o no identificables, falta de documentación e informalidad financiera”.

Su maniobra de lavado de dinero fue por su actividades como contratista del Estado”, aseguró el fiscal que relacionó esta causa con el juicio “Vialidad” en la cual resumió que se tiene “acreditado el lavado de dinero en cuatro ejes por irregularidades en la adjudicación de obra pública, la generación de varias empresas creadas para ganar contrataciones y licitaciones públicas aunque eran firmas de un mismo conglomerado, el fideicomiso y el redireccionamiento de otras carteras a dirección de vialidad, la concentración de obra pública nacional en la provincia de Santa Cruz con reasignación de partidas y flujos presupuestarios extras a través de decretos del PEN de 2007 a 2014y la cuarta es la adjudicación de obra pública en favor de Báez y detrimento del presupuesto nacional”.   

Los días 29 y 30 de julio continuará el juicio por Zoom con el siguiente cronograma: alegatos del MPF con el pedido de penas para los acusados por parte del fiscal ya que la Oficina Anticorrupción ya pidió 8 años y 6 meses de prisión para Báez.

Así como en su alegato, la OA, representada por Natalia Pereyra, pidió penas para el contador de Báez, Daniel Pérez Gadín, (7 años y seis meses), para su abogado Jorge Chueco (7 años y seis meses), mientras que para el mediático ex esposo de Ileana Calabró, Fabián Rossi, involucrado en las maniobras investigadas, pidió 6 años y 6 meses de prisión, igual que para el financista Federico Elaskar.