En el juicio a Lázaro Báez y 23 procesados más entre ellos los mediáticos Fariña y Rossi, el fiscal Córdoba solicitó la pena de 12 años de prisión para el empresario santacruceño por el delito de lavado de activos. El próximo miércoles vía teleconferencia expondrán las defensas de los acusados.

El fiscal federal Abel Córdoba pidió condenas de prisión para los hijos de Báez por lavado de activos. Las penas solicitadas son entre 4 y 9 años de cárcel para sus cuatro hijos involucrados en las maniobras de lavado: Martín, Leandro, Luciana y Melina.

En el inicio de esta jornada, el fiscal federal culminó su alegato pidiendo condenas para el "arrepentido" Leonardo Fariña, imputado colaborador del caso, en tanto para el ex abogado de Báez, Jorge Chueco y el ex contador, Daniel Pérez Gadín, se solicitó una pena de ocho años. Como parte del entramado de lavado de activos, al financista Federico Elaskar se le pidió cuatro años y medio, y para Fabián Rossi, le pena requerida fue de cinco años. 

En los últimos puntos de su alegato, Córdoba solicitó la condena para Carlos Molinari a prisión de 4 años y 6 meses por cuatro hechos de lavado de dinero. Mientras que solicitó la absolución de varios acusados por otros hechos juzgados como delito de lavado de activos en este juicio: el contador de Báez, Daniel Pérez Gadin, Fabián Rossi, Jorge Leonardo Fariña, Federico Elaskar, César Fernandez y Mario fernandez.

"Martín Báez fue quien junto a su padre ha encabezado las maniobras de lavado" con coordinación "con los profesionales que toman a cargo la empresa de lavado, primero Fariña, luego Perez Gadín y Chueco"

Abel Córdoba

En tanto, solicito el decomiso de activos que fueron invertidos por una empresa con fondos en un banco de Suiza y la repatriación de activos de Bahamas.

En esta etapa de alegatos del MPF, el fiscal hoy cerró su alegato vía zoom ante el Tribunal Oral Federal N° 4 en el marco de la causa en la cual se juzga a Lázaro Báez, Leonardo Fariña, Federico Elaskar y otros 24 imputados por el delito de lavado de activos, estimados en 50 millones de dólares a través de la empresa Austral Construcciones en la provincia de Santa Cruz entre 2010 y 2013.

Su maniobra de lavado de dinero fue por su actividades como contratista del Estado”, aseguró el fiscal que relacionó esta causa con el juicio “Vialidad” en la cual resumió que se tiene “acreditado el lavado de dinero en cuatro ejes por irregularidades en la adjudicación de obra pública, la generación de varias empresas creadas para ganar contrataciones y licitaciones públicas aunque eran firmas de un mismo conglomerado, el fideicomiso y el redireccionamiento de otras carteras a dirección de vialidad, la concentración de obra pública nacional en la provincia de Santa Cruz con reasignación de partidas y flujos presupuestarios extras a través de decretos del PEN de 2007 a 2014 y la cuarta es la adjudicación de obra pública en favor de Báez y detrimento del presupuesto nacional”.