Es en la causa por el supuesto espionaje al Instituto Patria y al domicilio de la vicepresidenta Cristina Kirchner que se tramita en el juzgado federal 2 de Lomas de Zamora. El juez Juan Pablo Augé proceso al ex titular de la AFI y a la ex número 2 del organismo en el gobierno de Cambiemos, Silvia Majdalani, sin prisión preventiva. Ambos tienen prohibida la salida del país y embargos millonarios.

En la resolución a la que accedió Tiempo Judicial, el juez Augé dispuso el procesamiento en orden a los “delitos tipificados en el artículo 43 ter de la Ley Nacional de Inteligencia Nro. 25520 y su modificatoria Ley 27126, y los artículos 248 y 293 del Código Penal, en concurso real".

En tanto, el juzgado también dispuso hoy el procesamiento sin prisión preventiva de de SILVIA MAJDALANI “en orden a los delitos tipificados en el artículo 43 ter de la Ley Nacional de Inteligencia Nro. 25520 y su modificatoria Ley 27126, y los artículos 248 y 293 del Código Penal, en concurso real”. También dispuso el procesamiento de Martín Coste sin prisión preventiva, por los mismos delitos y también se le prohibió la salida del país y embargo de 700 mil pesos.

ARTICULO 43 ter. — Será reprimido con prisión de tres (3) a diez (10) años e inhabilitación especial por doble tiempo, todo funcionario o empleado público que realice acciones de inteligencia prohibidas por las leyes 23.554, 24.059 y 25.520.

Con respecto al amigo de Mauricio Macri, que se desempeñó como titular de la Agencia Federal de Inteligencia en su gestión, el juez Augé dispuso la “la retención del pasaporte del imputado Gustavo Héctor Arribas” y “trabar embargo sobre sus bienes hasta cubrir la suma 2 millones de pesos”.

“Los funcionarios de la Agencia Federal de Inteligencia, calidad revestida por Gustavo Héctor Arribas, Silvia Majdalani y Martin Coste, tienen prohibido realizar tareas de inteligencia vinculadas con la política o seguridad interior y los elementos de prueba compilados en la pesquisa dan cuenta que las actividades desarrolladas por los imputados, fueron justamente aquellas prohibidas por el art. 2 y 4 de la ley de inteligencia 25520”, detalla el fallo del juez federal.

Detalles del procesamiento de los ex titulares de la AFI

"No resulta posible concluir, con el mínimo de razonamiento lógico aún de una persona inidónea en materia de seguridad, de qué modo podía concebirse neutralizar una amenaza si se dejaba un automóvil filmando para retirar al día siguiente", explico el juez federal Augé en su extensa resolución que acá podes leer completa.

Los procesamientos fueron dispuestos a instancias de los fiscales Cecilia Incardona y Santiago Eyherabide, quienes habían señalado en su dictamen que, de acuerdo con lo investigado, el espionaje ilegal tenía por objetivo detectar la supuesta “entrada de bolsos o mochilas con dinero al domicilio de la entonces senadora Fernández de Kirchner o al Instituto Patria, y no el de vigilar los perímetros de ambos domicilios ante supuestas amenazas de atentado, en el marco de las cumbres internacionales que se realizaron en Buenos Aires en 2018”.

Así lo confirma el juez en la foja 138 de su resolución al explicar que “Alan Ruiz afirmó que esas tareas se realizaron en virtud de la probabilidad de que se realicen acciones de grupos anti sistémicos en contra de la ex presidenta en perjuicio de su integridad o bien para generar temor e inestabilidad en la seguridad pública. Sin embargo, tal como he señalado al inicio del presente, la finalidad de esas tareas consistió en todo momento en efectuar observaciones y vigilancias para detectar el traslado de bolsos, dinero, cosas, y fotografiar a quienes ingresaban y salían de dichos domicilios. Actividad totalmente opuesta a lo afirmado por Ruiz en dicho documento, lo que demuestra su falsedad”.

Esta investigación se inició por una denuncia presentada por la interventora de la AFI, Cristina Caamaño, quien entre otros elementos relató que ese organismo, durante la gestión Cambiemos adquirió el Earthwatch, un software basado en fotografías de alta definición que se toman desde un satélite y que pudo haber sido utilizado para fines ilegales.

En el fallo del juez Augé, se explica que hubo “una evidencia clara de que las acciones de inteligencia sobre el Instituto Patria (y el domicilio particular de Cristina Kirchner) eran prohibidas por no estar de ningún modo ordenadas por la autoridad judicial de esas actuaciones en el momento”.

Y que el documento presentado por Arribas y Majdalani ante la Comisión Bicameral del Congreso (Foto que ilustra la nota) “era falso en su contenido en cuanto negó la realización de las tareas ilegales”. Lo falso que refiere el juez es el informe 8409 de inteligencia.

Según el fallo, también es falso el seguimiento que hicieron a otros políticos cercanos al pro o famosos: "En cuanto a los que se refieren a Mauricio Macri, María Eugencia Vidal, Santilli, Graciela Ocaña y Waldo Wolff, también son falsos, según las manifestaciones y apreciaciones de Martín Coste, al menos en cuanto lo narrado allí no fue realizado ni se correspondía con el objeto de la causa, sino que les solicitaron que los incluyan para dar un contexto algo más plausible a la situación creada artificialmente para Cristinta Fernández".

Juan Pablo Augé - juez federal de Lomas de Zamora

La AFI había hecho otras presentaciones ante el juez (NdR: Federico Villena, quien tenia la causa previo al juez Augé) Villena en la causa del G20 y no había realizado mención alguna a tareas de investigación, ni sobre Cristina Fernández ni sobre ninguna  otra de las personas que ahora se intercalaban en este informe”, explicó el juez en su resolución.

No es de menor importancia significar la coincidencia entre el momento que fueron descubiertos haciendo las tareas y el descarte de los riesgos contra la seguridad de Cristina Fernández; de modo que justo en ese momento paso a ser innecesario continuar con las tareas, tan livianamente se incorporaron las amenazas, como mucho más fue el desvanecimiento de las mismas, mucho más si tenemos en cuenta que ellas recaían sobre una Senadora Nacional -por ese entonces- y ex Mandataria de nuestra República”, sentenció el juez federal de Lomas.

Detalles de la indagatoria a Coste, ex espía

Los tres procesados realizaron su declaración indagatoria el pasado 10, 13 y 14 de julio, y es muy particular el detalle que comenta el ex espía y funcionario de la AFI, Martín Coste.

Martín Coste, quien asumió como director de Contrainteligencia en junio de 2018, según expresa la resolución a la que accedió este medio, declaró ante la fiscal de la causa Cecilia Incardona que si “frente a los riesgos y amenazas que existiesen respecto de los mentados funcionarios, la Agencia Federal de Inteligencia tiene la facultad de realizar tareas de seguridad”, a lo que Coste “manifestó que no, que de ninguna manera los agentes de inteligencia tienen facultades represivas para poder abordar dichas tareas y que se debe trasladar la amenaza o conocimiento de riesgo, hacia el Ministerio de Seguridad de la Nación o a las demás agencias de seguridad de manera inmediata”.

En tanto, sobre el espía Alan Ruiz, Coste declaro ante la justicia federal que desde que “Ruiz respondía directamente a su superior directo, es decir, a la sub directora, Silvia Majdalani; que le consta que Silvia Majdalani le daba ordenes a diario a Alan Ruiz, como por ejemplo con el tema del G-20 y como Majdalani tenía la necesidad de tener información diaria”.

Sobre el supuesto espionaje a la actual vicepresidenta contó que duraron alrededor de entre 10 a 15 días, con anterioridad al 7 de agosto de 2018, Coste contó en su indagatoria que “Ruiz había ordenado a los operativos, a ese lugar, a ver si sacaban bolsos o cajas y que una vez tuvieron una reunión con Hernandez y con Fabio, que era el jefe del grupo operativo, sobre el hecho puntual donde también le comento que el objetivo era ver si sacaban bolsos o documentación y recordó también en ese momento, que se enteró que no era solamente el Instituto Patria, sino también al domicilio de la casa de la ex presidenta, Cristina Fernández de Kirchner”.

Teléfono encriptado entre Macri y Arribas

“Gustavo Arribas y el ex presidente poseían un teléfono encriptado, especialmente diseñado para ellos dos, realizado por el área de ciberinteligencia de la agencia sin el consentimiento, hasta donde el puede afirmar de contrainteligencia; manifestó que armaron unos teléfonos encriptados, modelo “Nexus”, marca “Huawei”, el cual contenía un desarrollo propio de la agencia para encriptar de modo seguro, voz y datos, entre las flotas asignadas a esos teléfonos”, manifestó Coste en la indagatoria que se reproduce en el reciente fallo de 172 páginas del juez federal de Lomas de Zamora Augé.