Ricardo Nissen, titular de la Inspección General de Justicia (IGJ), pidió que se declare la nulidad de una sentencia vinculada a los Panamá Papers, que favoreció a Mauricio Macri, por considerarla fraudulenta. 

La presentación judicial cita la investigación periodística internacional que evidenció que el ex presidente Mauricio Macri integraba el directorio de dos sociedades off shore, “Fleg Trading Ltd”, radicada en las islas Bahamas, y “Kagemusha SA” registrada en la Ciudad de Panamá.

Cabe recordar que a raíz de esos hechos se iniciaron distintas acciones judiciales. Una de ellas promovida por el propio Mauricio Macri, que presentó una “acción declarativa de certeza” sobre su participación en esas sociedades. Allí, hizo un relato de los hechos, hizo mención a la repercusión mediática que causaron, explicó que dañaron su honorabilidad y aclaró que “la mera designación por parte de los accionistas de una sociedad no implica que los directores designados integren automáticamente el directorio”. 

En 2017 el juez nacional en lo civil Andrés Guillermo Fraga dictó sentencia en la causa y declaró que el ex presidente no fue socio ni participó de esas sociedades y consideró que no existían constancias que lo acrediten. 

En consecuencia, Nissen pidió la nulidad de esa sentencia y sostuvo que “fue redactada con la única intención de crear un blindaje jurídico al mandatario de la manera más rápida, expedita y segura posible”

“Resulta verdaderamente intolerable en un Estado de Derecho es que se pretenda manipular al Poder Judicial para el logro de los propios y personales intereses de la persona que promueve un juicio”, enfatizó en el escrito al que accedió Tiempo Judicial y que consta de 63 hojas.

Luego, detalló las distintas irregularidades jurídicas que hubo en el proceso, entre ellas: fraude al principio constitucional del juez natural, al debido proceso, al orden público societario. En ese mismo sentido, señaló que la sentencia “padece vicios esenciales que son el producto de una connivencia, dirigida a eludir leyes de orden público”.