La comisión comenzó a funcionar oficialmente el 18 de agosto y tenía plazo hasta ayer para elevar a Alberto Fernández propuestas concretas sobre cinco temas de la agenda judicial: el Ministerio Públlico Fiscal y de la Defensa, el Consejo de la Magistratura, la Corte Suprema, el traspaso de la justicia a la C.A.B.A. y la implementación nacional del juicio por jurados. 

Se reunieron dos veces por semana -martes y sábados-, desde inicios de agosto, y vía zoom todos los integrantes del "Consejo Consultivo para el Fortalecimiento del Poder Judicial y el Ministerio Público en el ámbito de la Presidencia de la Nación" para discutir y avanzar con el informe que consta de varios puntos interesantes que detallamos en esta nota con documentación de “Palabras del Derecho”.

Los integrantes del llamado Consejo Consultivo son académicos especialistas en diferentes ramas del Derecho como Marisa Herrera, Carlos Beraldi, Andrés Gil Domínguez, Omar Palermo, Raúl Gustavo Ferreyra, León Arslanian y Enrique Bacigalupo así como actuales jueces de cortes provinciales como Claudia Beatriz Sbdar (Tucumán), Hilda Kogan (Provincia de Buenos Aires), María del Carmen Battani (Tierra del Fuego y Junta Federal de Cortes)  e Inés Weinberg de Roca (C.A.B.A.).

Cinco integrantes de la actual CSJN. (CIJ)

Corte Suprema de Justicia de la Nación

 Sobre el Máximo Tribunal de Justicia se propuso la sanción de una ley orgánica que regule en forma integral lo relativo a su composición, organización, funcionamiento, jurisdicción y competencia. No se propuso aumentar el número de  miembros de la actual CSJN que tiene cinco integrantes sino que sobre la integración el Consejo Consultivo (CC) entendió que se deben respetar los principios de: paridad de género, integración federal y pluralismo ideológico.

Así como fortalecer el proceso de audiencias públicas para la designación de los miembros de la Corte Suprema, y que los o las candidatos y candidatas puedan contestar preguntas. Así como aplicar el mecanismo también a la designación de conjueces en el máximo tribunal.

En tanto, el CC propuso establecer plazo para la resolución de causas por la Corte y dictámenes para la Procuración General y la Defensoría General. Así como la regulación en la norma de los requisitos del recurso extraordinario y la queja, derogando la Acordada 4/2007.

Entre sus propuestas, los expertos plantearon límites el recurso del llamado "280″ -que le da al máximo tribunal la posibilidad de desistir de una apelación sin demasiadas explicaciones- y hablaron de la creación de un tribunal intermedio para evitar que todos los recursos por arbitrariedad lleguen por vía directa a los ministros del cuarto piso.

La Corte debería en la apertura del año judicial definir la agenda de casos a tratar en ese ciclo calendario. También postularon un sistema de deliberación abierta en casos de trascendencia institucional, regular legalmente los procesos colectivos y la posibilidad de consultar la constitucionalidad de proyectos de ley, reglamentos del Poder Ejecutivo o otros instrumentos normativos.  

Así como que el órgano que se encarga de intervenir los teléfonos en causas judiciales, la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado (DaJuDeCo) no debería depender de la Corte y habría que analizar su mejor inserción institucional en una ley.

Ministerio Público Fiscal de la Nación

Sobre las mayorías para la designación que está en la agenda mediática, las consejeras Herrera y Sbdar y los consejeros Arslanian, Beraldi, Ferreyra y Palermo recomendaron modificar el actual régimen legal y establecer que el Procurador General de la Nación y del Defensor General de la Nación sean designados por el Poder Ejecutivo Nacional con acuerdo de la mayoría absoluta de la totalidad de los miembros del Senado de la Nación, dejando de lado la aprobación por los 2/3 del Senado lo que ya generó polémica.

Las consejeras Battaini, Kogan y Weinberg y los consejeros Bacigalupo y Gil Domínguez consideran que el mecanismo actual que rige para su designación (acuerdo del Senado por dos tercios de sus miembros presentes) es el adecuado y no debe ser modificado.

Sobre la remoción del procurador, todos coincidieron mantener el actual régimen legal y que el mecanismo de remoción del Procurador y del Defensor General sea el juicio político previsto por los arts. 53 y 59 de la Constitución.

El juez Rafecas propuesto como nuevo procurador general por el Presidente de la Nación.

En tanto, sobre el mandato de ambos titulares del Ministerio Público, el CC sostuvo que dejen de ser vitalicios y tengan mandatos de 5 años renovables por un solo período y que su elección no ocurra en un año con elección presidencial.

El CC propuso varias novedades como acelerar la implementación del sistema acusatorio y el diseño definitivo de las estructuras del Ministerio Público Fiscal y del Ministerio Público de la Defensa. Y restablecer los niveles de autarquía financiera del Ministerio Público previstos en la ley 27.148 y la ley 27.149, que fueran suspendidos por el DNU 257/2015.

Así como propusieron otras medidas dentro del MPF como contar con un Fiscal General Coordinador en cada una de las jurisdicciones. Dividir el territorio nacional por distritos que se correspondan con las provincias, eliminando así la organización refleja del Poder Judicial. Y la creación de una policía judicial que sería un cuerpo de policías que responden a la Procuración General de la Nación.

Consejo de la Magistratura de la Nación

El organismo que elige y controla a los jueces nació con 19 miembros y hoy tiene 13. La comisión le propuso  a Alberto Fernández modificar su integración elevándola a 16 miembros basado en un criterio de igualdad de todas las representaciones.

Es decir, que esté compuesto por tres estamentos: político, académico y científico en igual cantidad de miembros (25% del total reservado para cada una de ellas)  siendo esta paridad la que mejor recepta la noción de “equilibrio” que demanda el art. 114 de la Constitución Nacional.

El cuerpo quedaría con un total de 16 consejeros: cuatro de cada una de los tres estamentos y la presidencia contaría con doble voto para dirimir votaciones empatadas. La presidencia sería rotativa de un año y con alternancia de género.

Estamento político: se sugiere que su integración debería reflejar mayoría y minoría parlamentaria respetándose la conformación de género y el federalismo; y que pueda ser asumida por propios legisladores/as o por representantes de este estamento.

Consejo de la Magistratura de la Nación.

Estamento de abogados: resultaría adecuado que se integre por miembros de la Federación Argentina de Colegios de Abogados 23 (FACA) y del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal (CPACF) respetando los principios de igualdad de género y federalismo.

Estamento de académicos y científicos: se sugiere integrarla con miembros provenientes no sólo del ámbito del Derecho sino también de otras profesiones y especialidades sin que sea necesario para los últimos contar con el título de abogado.

Sobre los consejeros, el mandato sería de cuatro años sin renovación y solo con la posibilidad de un mandato más mediando un intervalo garantizando así el principio de periodicidad de los mandatos. Y la sociedad debe conocer a sus futuros miembros mediantes audiencias.

Sobre la integración de las Comisiones de Selección y Escuela Judicial, Disciplina y Acusación, Administración y Financiera y Reglamentación se debe respetar el equilibrio entre estamentos.

Y sobre su funcionamiento, se postuló desde el CC que el quórum que se debería establecer es el de la mitad más uno de la totalidad del cuerpo; que ningún estamento pueda tener mayoría propia; y que ningún estamento pueda tener capacidad de bloqueo funcional del Consejo. Así como profundizar la transparencia del organismo, limitar los asesores por consejero y establecer un mínimo de reuniones periódicas en el órgano.

Sobre el presupuesto del Poder Judicial, la postura mayoritaria de los integrantes del CC propuso que como expresa el artículo 108 de la CN, el Poder Judicial de la Nación es ejercido por una Corte Suprema de Justicia de la Nación y por los demás tribunales inferiores y que la Corte Suprema es la cabeza del Poder Judicial en materia jurisdiccional. Por su parte, el Consejo de la Magistratura de la Nación tiene a su cargo la administración del Poder Judicial de la Nación.

Por último, sobre la selección de los aspirantes a futuros magistrados o magistradas se propuso establecer plazos razonables para la duración de los procesos de selección incluyendo tanto la remisión de ternas por parte del Consejo de la Magistratura y el envío de pliegos por el Poder Ejecutivo Nacional al Senado de la Nación.

Un enfoque de género en el proceso de selección en el cual se recomienda implementar distintas propuestas como: la incorporación de la paridad de género en la ley 26.861 de Ingreso democrático e igualitario al Poder Judicial y al Ministerio Público, incentivar, motivar y estimular la inscripción de mujeres y otras identidades LGBTIQ +, y analizar el modo de incorporar las tareas de cuidado en la evaluación de los antecedentes.

Y también incorporar herramientas de innovación tecnológica, por ejemplo una Inteligencia artificial, para la evaluación de los antecedentes y la confección de los exámenes escritos. Y cambios en la evaluación de antecedentes para que se recepte un sistema más equilibrado dándole mayor valor al ejercicio de la profesión independiente, al patrocinio jurídico gratuito y en sociedades civiles.

Y sobre el juicio político a jueces, el CC propuso que los procesos disciplinarios deberían tener un plazo de un año, entendiéndose que el plazo de tres años que establece en la ley 24.937 es “demasiado extenso” incorporando la figura del denunciante adherente y amigos del tribunal (amicus curiae).

 Juicio por Jurados

El CC recomendó la implementación por ley del juicio por jurado en el orden federal así como se postuló la posible implementación en procesos penales. Para ser jurado se requerirá entre 21 y 75 años. La idea es un sistema de jurado clásico o puro integrado por doce integrantes titulares y cuatro a seis suplentes, integrado en paridad de género y que sus integrantes pertenezcan al entorno social y cultural del imputado.

Traspaso de la justicia penal a la CABA.

Se propuso sancionar una ley que establezca un plazo máximo de tres años para dar por finalizado el proceso de transferencia de competencias en materia penal no federal a la Ciudad de Buenos Aires. La cual debe estar acompañada por los recursos y la puesta en marcha del sistema acusatorio.

Con respecto a los magistrados que se traspasarían, se deberá sancionar una ley que deberá definir el trámite correspondiente para realizar el traspaso de los magistrados y las magistradas así como las funciones que habrán de asumir en el marco del nuevo sistema de enjuiciamiento penal.