El senado aprobó la semana pasada una compensación económica para los familiares de las víctimas del hundimiento del ARA San Juan, lo cual despertó fuertes cruces. Si bien la decisión fue unánime, el oficialismo y la oposición no dejaron pasar la oportunidad de señalar las cadenas de culpabilidad que según la vereda política involucran a unos o a otros. Pero el principal cuestionamiento, vino por parte de las familias que mostraron su desacuerdo ante esta decisión. “Acepten o no, nadie va a dejar de ser querella en la investigación hasta que se sepa la verdad”, denunció Carreras.

La querella de 34 familiares, sumando la de la abogada Valeria Carreras y la de Ochoa, aseguró en diálogo con Tiempo Judicial que el malestar no surge solamente del monto, al que consideró “bajo”, sino que también responde a un arrinconamiento por parte del Estado a las familias, ya que saben de la delicada situación que atraviesan y muchas van a aceptar.

“Es una mal llamada ley de reparación, pero no digo que no la van a aceptar, esperamos la reglamentación”, admitió la abogada y subrayó que “el día antes de mandar a diputados este proyecto de ley, y está constatado, la secretaria de Rossi les envió a los familiares el formulario para inscribirse a la reparación extraordinaria ¿cómo pudo pasar?”.

“Se esperaba que alguien levante la mano para mejorar el monto, pero no ocurrió, hubo una mayoría tan automática en comisiones y una unanimidad, salvo dos votos, realmente fueron rápidos”, relató.

Además, denunció que a las esposas se les dijo “es esto o un juicio a 20 años”, y explicó que “la mayoría no tiene alternativa y no pueden esperar, ni el desgaste en un juicio, por eso no se puede afirmar que no se va a aceptar”.

La abogada detalló: “Nadie les dijo a los legisladores ‘esto lo voy a hacer porque no tengo ART y lo voy a pagar con los fondos de la armada’, así que aún estoy esperando sus respuestas, porque no las puedo empujar a un juicio, hay muchas que no tienen vivienda y no pueden esperar porque ya no pueden más del desgaste, eso más la causa penal”.

Como dato, añadió que “los suboficiales el día que se murieron ganaban 16 mil pesos, y 267 pesos por día de navegación”, y comparó con que “si hoy una persona muere debajo de un colectivo la suma más baja que se paga es de 10 millones, sin juicio, sin nada, aquí son 6 millones y medio, sólo treinta y un mil dólares”.

La ley de reparación económica, fue aprobada el pasado miércoles y tiene alcance para las 44 familias de los tripulantes del hundimiento ocurrido en noviembre del 2017. La compensación será equivalente a la remuneración mensual de los agentes de Nivel A, Grado 0, del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal del Sistema Nacional de Empleo Público (Sinep), multiplicado por 100. El cálculo indica que el beneficio sería de 6.600.000 millones de pesos para las querellas mayoritarias, es decir 34 familias. La ART les hubiera pagado 60 millones y ahora recibirán menos de 7 millones de pesos por familia del suboficial fallecido en el submarino.