Continúan las críticas sobre el cuestionamiento que realizó el Presidente, Alberto Fernández en la apertura de sesiones ordinarias del Congreso. Sus opiniones sobre la politización del sistema judicial y la judicialización de la política fueron dos puntos fuertes que, de una u otra forma, terminaron dando por aludidos a varios funcionarios y representantes de ese poder.

En ese aspecto, la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional emitió un comunicado al respecto con la firma de su presidente, Marcelo Gallo Tagle, que respondió de forma directa al discurso y afirmó que “la independencia del Poder Judicial es un eje central del sistema de frenos y contrapesos que constituye un estado democrático, sin ello no hay República”.

En esa sintonía, desde el comunicado se respondió al pedido del Presidente al Congreso para que “asuma su rol de control cruzado sobre el Poder Judicial", y señaló que “el contenido de las sentencias nunca puede caer bajo el novedoso concepto de "control cruzado", ajeno al orden constitucional jurado”.

Otro de los ejes que más causó malestar fue el cuestionamiento sobre declaración jurada de bienes por parte de los funcionarios del poder judicial. La asociación respondió que “a partir de la ley Nº 27.430, todos aquellos designados o promovidos desde el 1º de enero de 2017 están sujetos al gravamen sobre el trabajo”, y explicó que “si no hay más comprendidos en tal imposición, es porque se encuentran demorados cientos de designaciones en cargos vacantes, problema crucial al que no se hizo referencia”.

Por parte de la Federación Argentina de la Magistratura y la Función Judicial (FAM), se emitió de igual forma un comunicado que criticó el discurso y resaltó que “no contribuye a la convivencia pacífica fomentar la desconfianza sobre el accionar de las instituciones fundamentales de la república de la que dependen los derechos de la sociedad toda”.

Con el avala de su presidente, Ariel Ariza, el documento subraya que “no es lógico que se fomente una mirada descalificante sobre la Corte Suprema de Justicia de la Nación y sus pronunciamientos, a los que en un Estado de derecho tienen que someterse todos los integrantes de la sociedad y en especial las autoridades de los demás Poderes”.

“A fin de que no impere la ley del más fuerte más que poner en cuestión las instituciones de la Constitución, lo necesario es respetarlas”, concluyó la FAM.