La edición y publicación del nuevo Código Procesal para la Justicia en las Relaciones de Consumo de la Ciudad de Buenos Aires trajo aparejado opiniones, casi en su totalidad positivas, por distintos camaristas y jueces de primera instancia del fuero Contencioso Administrativo, Tributario y de Relaciones de Consumo local.

El vicepresidente de la Cámara de Apelaciones del fuero y presidente de la Sala cuarta, Marcelo López Alfonsín, afirmó en diálogo con IJudicial que “la sanción por la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires prácticamente por unanimidad, y la casi inmediata promulgación por parte del Poder Ejecutivo junto a la publicación en el Boletín Oficial sin observaciones del Código Procesal para las Relaciones de Consumo son dos gestos de los poderes políticos de indudable trascendencia en el proceso de autonomía porteña”.

Este cuerpo legal es un texto completo e integral, que le da al Poder Judicial todas las herramientas necesarias para llevar adelante su labor jurisdiccional”, advirtió el letrado, y consideró que “hoy la protección de los consumidores y usuarios, jerarquizada en la reforma constitucional de 1994 y reafirmada a nivel local en el proceso constituyente porteño de 1996, cuenta con la herramienta necesaria para que los consumidores y usuarios hagan efectivos sus derechos de manera efectiva”.  

En tanto, la magistrada integrante de la Sala IV de la Cámara de Apelaciones del fuero, Nieves Macchiavelli, señaló que “la sanción del nuevo Código es, sobretodo, un nuevo avance para los vecinos de la ciudad”, y subrayó que “pueden resolver sus controversias derivadas de las relaciones de consumo ante los tribunales locales y conforme a las reglas procesales propias fijadas por quienes nos representan en nuestra legislatura porteña”.

Macchiavelli señaló: “La Ciudad de Buenos Aires ha enfrentado muchos obstáculos para hacer efectiva su autonomía de modo que, la sanción de esta norma contribuye a eliminar resabios de históricas disputas y es por ello motivo de celebración”.

En esa sintonía, Laura Perugini, integrante de la Sala cuarta, opinó que “es el camino correcto para continuar el cumplimiento de la manda de los constituyentes de 1994 cuando, el artículo 129 de la Constitución Nacional otorgó a la Ciudad un nuevo estatus constitucional y estableció: ‘La ciudad de Buenos Aires tendrá un régimen de Gobierno autónomo con facultades propias de legislación y jurisdicción’”.

El consumidor tiene un nuevo ámbito donde protestar por los abusos de las empresas.

También, la jueza Andrea Danas habló sobre el tema y destacó que “la puesta en marcha de juzgados de consumo y la sanción del Código Procesal específico para la materia reafirman e impulsan la autonomía de la Ciudad”, y reconoció que “el nuevo Código es una herramienta innovadora que permitirá arribar a la solución de los conflictos en plazos breves”.

Así mismo, el titular del Juzgado n.º 14, Lisandro Fastman, señaló que “la norma recepta los principios fundamentales en materia de defensa del consumidor, define la competencia, incorpora el expediente digital y hace una marcada apuesta por la oralidad, entre muchas otras cuestiones”.

Por su parte, la jueza Soledad Larrea indicó que “el nuevo código sancionado es un avance en el ejercicio efectivo de los derechos constitucionalmente reconocidos a los porteños”, y aseguró que “implica un paso más en el afianzamiento de la autonomía de la Ciudad y, por encima de todo, es una herramienta para mejorar nuestra calidad de vida”.

Además, el titular del Juzgado veinticuatro, Darío Reynoso, remarcó que “la sanción del Código Procesal de la Justicia en las Relaciones de Consumo en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a través de la ley 6407, sin duda otorga tanto a los magistrados como a las partes, una herramienta para solucionar los múltiples y cotidianos conflictos que se suscitan entre consumidores y proveedores”.

“El gran acierto de este Código está en los principios que establece en su artículo primero, por eso, no hay dudas que los magistrados deben centrarse en lograr hacer realidad un procedimiento digital con celeridad, inmediatez, concentración, economía procesal, oralidad y gratuidad, en un marco de informalidad a favor del consumidor”, concluyó.