El presidente de la entidad más representativa de jueces y fiscales así como el Comité Panamericano de Juezas y Jueces por los Derechos Sociales y la Doctrina Franciscana cuestionaron a los camaristas federales y pidieron una investigación en el Consejo de la Magistratura que ya se inició.
En unas sorpresivas declaraciones, Marcelo Gallo Tagle, presidente de la Asociación de Magistrados, pidió “investigar si hubo prevaricato” en las visitas de dos jueces de la Cámara Federal de Casación Penal a la quinta de Olivos a Mauricio Macri. "Las visitas de jueces a Macri deben ser investigadas", agregó el juez que lidera la entidad.
¿Qué tipo de delito es el prevaricato? Es un delito que comete un juez que dicta una resolución contraria a la ley o la fundamentan falsamente. La etimología quiere decir " apartarse del camino recto, andar torcido".
Capítulo X - Prevaricato: ARTICULO 269. - Sufrirá multa de pesos tres mil a pesos setenta y cinco mil e inhabilitación absoluta perpetua el juez que dictare resoluciones contrarias a la ley expresa invocada por las partes o por el mismo o citare, para fundarlas, hechos o resoluciones falsas. Si la sentencia fuere condenatoria en causa criminal, la pena será de tres a quince años de reclusión o prisión e inhabilitación absoluta perpetua.
“Si las cosas que se sospechan terminan comprobándose son gravísimas, y la Asociación (de Magistrados) de ningún modo alguno va a tapar algo. Nosotros no somos ni oficialistas ni opositores de nadie”, explicó Marcelo Gallo Tagle, presidente de la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional despegándose de las continuas críticas y denuncias contra magistrados importantes de los tribunales federales de Comodoro Py.
El titular de la influyente Asociación de Magistrados consideró este lunes que “deben ser investigadas” las visitas de jueces y fiscales a la Quinta de Olivos durante el gobierno de Mauricio Macri, a la vez que pidió “no sacar conclusiones apresuradas”. “Se justifica hacer una investigación sobre este punto por el canal que corresponde, que es el Consejo de la Magistratura”, indicó Gallo Tagle al hablar por El Destape Radio.
“Esto hay que investigarlo y si las conclusiones son las que están llegando muchos, si se confirman, hay que avanzar con todo el peso de la ley”, afirmó sobre los encuentros sociales en Olivos entre jueces, fiscales y el expresidente Macri, que incluían partidos de paddle, tenis y fútbol cuestionados por el todo el arco oficialista.
El jurista cuestionó el hecho de que “se avanza sobre conclusiones sobre el efecto (que estas visitas tuvieron) en causas judiciales, y eso es preocupante". Y agregó que "esto sin perjuicio de que esperemos las investigaciones, pero ni siquiera escuchamos a la persona a la que se le imputa algo”.
En tanto, criticó el accionar de Mariano Borinsky y del Gustavo Hornos en las visitas a Macri: “Yo no habría obrado del mismo modo, son decisiones personales. Pero también mencioné algunas razones por las cuales quizás se reunieron, no lo sé. Yo no lo habría hecho del mismo modo, pero no soy juez de ninguno de ellos”, afirmó Gallo Tagle.
“Si las cosas que se sospechan terminan comprobándose son gravísimas, y la Asociación (de Magistrados) de modo alguno va a tapar algo. Nosotros no somos ni oficialistas ni opositores ese nadie”, concluyó.
En el mismo sentido se pronunció hoy el Comité Panamericano de Juezas y Jueces por los Derechos Sociales y la Docrina Franciscana, presidida por un juez crítico del macrimo como Roberto Gallardo, e integrada por magistrados y magistradas de Latinoamérica con el aval del Papa Francisco.
En general, el comunicado al que accedió este medio se titula “Detectar y neutralizar el lawfare para preservar la democracia y los derechos sociales”, y cuestiona el accionar de "una nueva forma de intervención exógena en los escenarios políticos de los países, a través del uso indebido de procedimientos legales y tipificaciones judiciales".
Firmado por Gallardo, y cinco magistrados de Brasil, Perú, Colombia y Chile, el “Comité” hizo un llamado “urgente a toda la región para que las palabras del Santo Padre encuentren en forma rápida un cauce institucional adecuado a fin de impedir la reiteración y proliferación de estos hechos”.
Lo firmaron Roberto Andrés Gallardo – Presidente, Ana Inés Algorta Latorre – Vice-Presidente – República del Brasil; Janet Tello Gilardi- República del Perú; María Julia Figueredo Vivas – República de Colombia; Gustavo Daniel Moreno – República Argentina y Daniel Urrutia Laubreaux – República de Chile.
Por último, el Comité Panamericano pidió que como jueces y juezas “no podemos desconocer la gravedad de las corroboraciones emergentes: la evidente motivación político persecutoria de las causas abiertas contra algunos ex presidentes y otros funcionarios, la grosera manipulación probatoria, el uso extorsivo de la delación premiada, la siniestra relación simbiótica entre algunos agentes de prensa y miembros de la inteligencia abocada al “escándalo” de los casos, la evidente parcialidad de los investigadores y juzgadores involucrados, en algunos casos; el uso de la prisión preventiva como medio para inducir a falsos testimonios, la conformación de tribunales “ad hoc” con integrantes que no resultan de una regular integración, el desplazamiento y la persecución de jueces que resistieron esas prácticas espúrias, son entre otras algunas de las evidencias de que hoy disponemos”.
COPAJU-LAWFARE-COMUNIC-05-04
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