El convenio tiene como fin promover “Espacios de Simulación de las prácticas profesionales” dentro de las universidades públicas para fomentar la capacitación y adquisición de destrezas de litigio en audiencias orales y públicas así como apoyar proyectos de investigación en instituciones públicas y privadas para consolidar el desarrollo y producción científica en diversas áreas del Derecho.

El ministro de Educación, Jaime Perczyk, y el secretario de Justicia, Martín Mena, firmaron un convenio marco que establece la construcción de salas de simulación para las prácticas profesionales de la carrera de Derecho. A partir del acuerdo concretado entre las carteras nacionales de Educación y Justicia, las y los estudiantes de abogacía de las universidades públicas del país dispondrán de nuevos espacios para fortalecer el sistema de enseñanza y su formación teórico–práctica.

El secretario de Justicia, Juan Martín Mena, expresó que “el convenio tiene un objetivo muy concreto y desde el Ministerio de Justicia estamos trabajando fuertemente para poder avanzar en la implementación, por etapas, en todas las jurisdicciones del país”, y aseguró: “Queremos cambiarle la lógica a todo el proceso de reformas y este aporte del Ministerio de Educación para crear espacios de prácticas profesionales es fundamental”.

Por su parte, el presidente del Consejo de la Magistratura, Diego Molea, señaló: ”La Justicia tiene que adoptar una perspectiva federal, que comience en las instituciones educativas y se extienda a cada organismo del sistema. Fortalecer los espacios de formación redunda en una mejor institucionalidad”.

En este marco, el ministro Perczyk explicó: “Somos parte de un gobierno que ha decidido invertir en la educación universitaria y eso es central. Hemos optado por financiar carreras de ingeniería, becas, la construcción de edificios y hoy firmamos un convenio para potenciar la investigación, el equipamiento y la infraestructura”, y reafirmó: “En un contexto tan difícil como el que vive nuestro continente, las universidades tienen que dar un paso adelante y ser protagonistas de los debates que la Argentina tiene que dar”.

La inversión de $100 millones es realizada por el Ministerio de Educación, mientras que el Ministerio de Justicia asume la responsabilidad de brindar asistencia técnica y asesoramiento a las casas de estudio para la implementación de distintos proyectos. Además, se establece que el Estado nacional brindará apoyo a proyectos de investigación en universidades públicas y privadas para consolidar el desarrollo y la producción científica en diversas áreas del Derecho.

Participaron también de la rúbrica: el subsecretario de Relaciones con el Poder Judicial, Nicolás Soler del Ministerio de Justicia, el secretario de Políticas Universitarias, Oscar Alpa; la presidenta del Consejo de Decanas y Decanos, María Fernanda Vázquez; el presidente del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), Rodolfo Tecchi; el presidente del Consejo de Rectores de Universidades Privadas (CRUP), Rodolfo De Vicenzi; el presidente de la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria (CONEAU), Néstor Pan; rectoras y rectores de la CONEAU y decanas y decanos distintas facultades de Derecho.