La cerealera Vicentin, que adeuda unos US$1.500 millones, pidió este martes a la Corte Suprema de la provincia de Santa Fe que reanude el proceso concursal. Desde mediados de junio pasado que el máximo tribunal provincial interviene en la causa. Desde el directorio de la cerealera dicen que “la compañía se encuentra preparada para cumplir con los compromisos asumidos en la propuesta”.
El 16 de junio pasado el presidente de la Corte santafesina Rafael Gutiérrez, le pidió al juez civil y comercial de Reconquista Fabián Lorenzini, a cargo del concurso, que le remita el expediente y suspendió el proceso, iniciado en febrero del 2020.
Ahora se conoció, a partir de una solicitada publicada por el directorio de la cerealera que “para cumplir con los compromisos asumidos” ya “cuenta a la fecha con las mayorías de personas y de capital requeridas por ley”.
Allí también detallan que las “trabas” para continuar con el proceso concursoas “serán resueltas a la brevedad” por la Corte provincial, que tiene bajo análisis el expediente”. Solicitando al tribunal provincial que reestablezca el concurso “para que la autoridad judicial competente pueda analizar y homologar el acuerdo preventivo”.
“La propuesta concursal no sólo permitirá alcanzar el mayor resarcimiento posible de los acreedores, sino también y, a la vez, garantiza la continuidad de la actividad productiva de la compañía”, intentan explicar desde la empresa con el objetivo de aplacar la “preocupación” de “todos aquellos que se han visto perjudicados por la crisis financiera de nuestra compañía y por los incumplimientos que la misma generó”.
En este contexto es que la Corte provincial tomó el expediente, que aún no tenía resolución de primera instancia, y se encuentra analizándolo. La próxima semana el máximo tribunal provincial deberá decidir si sigue en marcha el “proceso de avocamiento” que inició Gutiérrez, o si el concurso de acreedores retorna al juzgado de Lorenzini.
Un pedido de jury
Esta semana también se conoció un pedido de juicio político para el juez Lorenzini, a cargo del concurso preventivo de acreedores. El pedido fue presentado por el abogado Gustavo Feldman, que patrocina al Grupo Grassi, y considera que el magistrado es pasible de ser destituido por su actuación en el concurso preventivo, que viene siendo cuestionada por los acreedores.
“Las resoluciones groseramente desajustadas a derecho" que le adjudica a Lorenzini son la manifestación "del proceder metódico y sistemático que el denunciado ha tenido siempre para con la concursada, en beneficio concreto de determinadas personas físicas", dice en la presentación el abogado.
Y además recordó que el juez "ante el decreto de intervención dictado por el Gobierno nacional (Lorenzini) reinstauró inmediatamente en la administración a los mismos directores que defaultearon a la empresa y que se encontraban sospechados de comisión de delitos de estafa".
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