La organización La Alameda, dirigida por Gustavo Vera y dedicada a combatir la trata de personas, denunció al titular de la Secretaría de Inteligencia (ex SIDE), Héctor Icazuriaga, y al subsecretario del organismo, Francisco “Paco” Larcher, por violación de los deberes de funcionario público. En el texto presentado ante la Justicia federal, se vincula a los dos hombres con “una serie de actos claramente delictivos”.
Junto al pre-candidato a senador por UNEN (Coalición Sur), Fernando "Pino" Solanas, imputaron a los funcionarios que el organismo del que formaban parte llevaba a cabo su trabajo de forma “discrecional”, transgrediendo sus funciones y violando los preceptos normativos contemplados en la Ley 25.550, de Inteligencia Nacional, donde se establece que “los funcionarios o miembros de un organismo de inteligencia serán ciudadanos nativos, naturalizados o por opción y mayores de edad que cumplan con las condiciones fijadas en la presente ley y en su reglamentación, y que por su conducta y vida pública proporcionen adecuadas garantías de respeto a la Constitución Nacional y a las normas legales y reglamentarias vigentes”.
El caso en cuestión que convocó a Solanas y La Alameda, quienes, más tarde, marcharon a la sede central de la ex SIDE para realizar un escrache, tiene una trama compleja que desembocó en el reciente relevo del jefe del área de Narcotráfico del Ministerio de Seguridad bonaerense, el superintendente comisario general Marcelo Peña, un hecho que tuvo una gran repercusión mediática y que sucedió hace apenas una semana.
Todo comenzó cuando, en un operativo, el Grupo Halcón tuvo un presunto enfrentamiento con Pedro Tomás Viale, conocido como “El Lauchón”, quien era parte de la Secretaría de Inteligencia (SI), aunque según aclaran en la denuncia, todavía no se dilucidó ni se ofrecieron explicaciones del por qué del allanamiento.
Viale conoció a Raúl Martins, quien también fue agente de la ex SIDE, que fue acusado por su propia hija de mantener una de las redes de trata más grandes de Sudamérica. Ese encuentro permitió que entrara en contacto con Horacio Stiuso, que era el titular de área de Contrainteligencia del organismo estatal. La carrera de Viale dentro de la institución se disparó, entonces, y pasó de tener la menor categoría a ocupar cargos de mayor jerarquía.
A partir de estas relaciones, la denuncia especifica que “Viale se habría conectado con narcotraficantes, supuestos terroristas, prostitutas. Contrabandistas y una serie de personajes que siempre se encuentran al margen de la ley”.
Solanas y La Alameda detallaron en su escrito que “lo que resulta inconcebible, es que un funcionario de nivel de la Secretaría de Inteligencia esté vinculado a una serie de actos claramente delictivos, resultando además claramente sospechosa la forma en que fue abatido; como si el Grupo Halcón, altamente especializado en este tipo de operaciones, hubiera recibido una suerte de “autorización” para matarlo, a los efectos de impedir que hablara”.
En lo que hace a uno de los aspectos centrales del señalamiento realizado en contra de los agentes de la SI, la denuncia explica: “A ello se suma que los máximos dirigentes del organismo hayan tolerado la presencia de un presunto delincuente entre el personal jerárquico, lo que hace suponer que existen cantidad de situaciones parecidas y personal reclutado que no reviste las mínimas condiciones operativas y legales para trabajar en la institución”.
Además, Solanas hizo una crítica al accionar de la Secretaría al afirmar que maneja toda la información de sus procedimientos sin dar ningún tipo de explicación a otros organismos u organizaciones que piden datos en este sentido. Pero, sobre todo, y recordando un pedido del Centro de Estudios Legales y Sociales en 2005, el legislador manifestó que no hay datos sobre las personas que trabajaron como agentes durante la última dictadura militar de nuestro país.
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