El ex presidente ya había sido sobreseído en la causa que investiga la represión policial y las muertes el pasado 19 y 20 de diciembre de 2001 que concluyó con la caída de la Alianza y la violencia en la Plaza de Mayo. Ese día murieron 5 personas y hubo más de 100 heridos. Al declarar durante 3 horas, terminó insultado por los familiares de las víctimas quienes le gritaron "asesino".

El ex presidente declaró esta semana como testigo ante el Tribunal Oral Federal N°6 en el juicio que se lleva adelante por la represión de diciembre de 2001 en la Ciudad de Buenos Aires. Por la represión, se encuentran imputados el ex secretario de Seguridad Enrique Mathov y el ex comisario General de la Policía Federal Rubén Santos.

"El 20 de diciembre fue un día crítico para las instituciones, para el país y para mi vida", expresó De La Rúa sobre ese fatídico día y afirmó que se enteró de las muertes en la Ciudad recién cuando el por entonces secretario de Seguridad se los confirmó por teléfono "en horas de la tarde". También culpó al ministro del Interior de ese entonces y a la jueza federal María Servini de Cubría con quienes había mantenido contacto durante la mañana de ese día. Luego de haber mantenido una reunión con su hermano y ministro de Justicia, Jorge De La Rúa; y con el jefe de Gabinete, Christian Colombo.

De la Rúa dijo que la Policía Federal Argentina operaba bajo la responsabilidad de Mestre y Mathov. "Desde el gobierno, no se dio una orden, si la policía actuó fue en ejercicio de sus funciones naturales", completó. Ese 20 de diciembre murieron los ciudadanos Alberto Márquez, Diego Lamagna, Gastón Riva, Carlos Almirón y Gustavo Benedetto.


En ese sentido, el ex presidente aseguró que durante el encuentro, Mestre le informó la situación de la noche anterior y subrayó que en esas jornadas sus funcionarios "siguieron las instrucciones" de la magistrada.

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El ex presidente estuvo procesado, junto al ex secretario de Seguridad Enrique Mathov, al ex jefe de la Policía Federal Rubén Santos y a otra decena de ex policías que hoy son acusados, en la causa que investiga quién ordenó la represión en la fatídica crisis económica y social del año 2001. Se busca saber quién disparó las armas que mataron e hirieron a tantas personas.

“Mientras estábamos reunidos, el ministro del Justicia tuvo una comunicación con la jueza Servini e informó que ella disponía la ubicación de los manifestantes detrás de un vallado. Entonces le dije a Mestre que vaya a efectivizar la indicación de la jueza federal. Dispuso ella el desalojo de la plaza”, afirmó el ex jefe de Gobierno de la Ciudad quien recibió la falta de mérito en la causa de parte del juez federal, Dr. Claudio Bonadio.

Para los familiares de las víctimas y los sobrevivientes es culpable. El veredicto se repitió en la Cámara de Apelaciones y la Cámara Federal y la causa llegó a la Corte Suprema, que hace pocos meses desistió de abrir el expediente para continuar con la investigación. El próximo paso es la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

En cuanto al estado de sitio, De la Rúa declaró en la noche del 19 de aquel diciembre, sostuvo aunque “fue una decisión muy difícil”, lo hizo por pedido de los gobernadores. “Evidentemente fue un mal diagnóstico porque quizás la gente estaba más compungida con la situación económica. Hubo gente que además de hacer sonar las cacerolas se manifestó en contra del estado de sitio o de la situación económica”, relató ante los jueces.

Con remeras que decían "Los caídos viven en nuestra lucha”, los familiares de las 5 víctimas oyeron las dos horas de testimonio. Cuando el ex presidente habló de los muertos, estallaron de bronca e insultos y los desalojaron de la sala de Comodoro Py. “Terminó diciendo que se sentía muy apenado por los fallecidos, que nosotros no sabíamos lo que era eso para un presidente de la Nación, y entonces sentimos que la burla ya era descarada”, dijo la viuda de Riva. "No queríamos desalojar la sala, pero nos hizo saltar la térmica. No había forma de aguantarse la bronca y empezamos a irnos”, concluyó.

Fuente: Página 12 - Fuentes judiciales