El Dr. Horacio Corti, hijo del mítico Arístides y actual Defensor General de la Ciudad, habló sobre su historia y su visión sobre la defensa de los derechos sociales que pregona, sobre el conflicto habitacional y de las personas en situación de calle, sobre el Código Procesal Penal y el juicio por jurados, sobre la situación de la justicia porteña y hasta del conflicto con los fondos "buitre". Tiempo Judicial lo entrevistó en una larga mesa que ocupaba el centro de su despacho en la PB del antiguo edficio de México 890. En un ambiente tranquilo y calmo, estaba escoltado de un moderno sillón con apuntes, y de cuatro paredes ocupadas por miles de libros que no eran sólo jurídicos. Había lugar para uno espacial: su primer libro: Rayuela, de Julio Cortázar.
¿Ya desde chico concebiste al derecho cómo una forma de vida siendo hijo de Arístides Corti, abogado de amplia trayectoria en derecho tributario?
Sí..es familiar. Mi papá es un apasionado por el derecho y por una visión del derecho que tiene que ver con los derechos humanos y con una cultura nacional y popular que es algo bastante minoritario en el ámbito jurídico que es liberal y conservador. Aunque creo que hay una discordancia entre la producción jurídica y cómo se piensa políticamente el derecho y las visiones que tenemos en la sociedad.
Lo que ocurre también es que mi papá es especialista en derecho tributario y a su vez mi abuelo si bien era contador público y se dedicaba a los impuestos. Fue director de la DGI en el primer Gobierno de Perón. Tengo una tradición tributaria y financiera.
¿Cómo fueron tus inicios en la justicia?
(NdR: esboza una sonrisa y me dice "Me haces hacer memoria"). Mientras estudiaba en la Facultad de Derecho, trabajaba en la justicia. Entré como meritorio en un tribunal administrativo. Estuve sin cobrar como 1 año en el Tribunal Fiscal de la Nación. Mientras estudiaba, hice mi carrera allí y cuando terminé la facultad ascendí a secretario. Ya en el menemismo, hice un posgrado de 2 años en administración pública y trabaje como administrador gubernamental en diferentes lugares. Trabajé allí fundamentalmente con Héctor Masnatta, ex ministro de la Corte Suprema y convencional constituyente en 1994. Desde la creación de la Ciudad de Buenos Aires, empecé a trabajar como secretario judicial en el Tribunal Superior de Justicia y luego di el concurso para ser juez de cámara y después llegué a ser defensor.
¿Qué tres valores destacás de este derecho nacional y popular que pregonás?
En la mayor parte del Poder Judicial creo que hay una visión liberal y conservadora. Yo destacó un valor que es central de esa visión y está en la Constitución del 49 que es la justicia social. Creo que es muy importante con respecto al derecho. Otro valor muy importante es la importancia de la soberanía nacional y se ve hoy con el caso de la deuda externa en los Estados Unidos. Creo que la mayoría de la comunidad jurídicia debería tener una visión crítica y unánime de defensa de la soberanía para argumentar en favor de la posición de la Argentina. Finalmente, hay un interés nacional más allá de las cuestiones particulares. Sin embargo, eso aquí no ocurre. La comunidad jurídica está en silencio como si no fuese una cuestión significativa.
Hay un debate sobre los derechos sociales que la defensoría pregona para que el Poder Judicial los reconozca y los haga efectivos. En general, la visión liberal conservadora es muy crítica de este tema porque dice que los jueces toman decisiones que son costosas o hacen más de lo que deben. Proteger el derecho a la salud a la vivienda y a la educación son decisiones costosas y se produce todo un debate ideológico sobre si los jueces pueden o no pueden hacer eso.
Contrastado con lo que ocurre en Nueva York, donde es una decisión que tiene efectos económicos sobre políticas públicas actuales y futuras muy importantes. Y que ni se compara con cualquier discusión sobre derechos sociales. Sin embargo, no existe ese caso en el centro de la discusion de la comunidad jurídica actual. Hay una visión ideológica contraria a los derechos sociales.
¿La discusión sobre las causas sobre los fondos "buitre" está soslayada al "Se paga o No se paga" y creo que hay una discusión mucho más profunda?
En muchísimos planos, se puede señalar que en otros casos similiares al conflicto de la Argentina con los fondos "buitre" se tomaron decisiones muy diferentes a las adoptadas por el juez de Nueva York, Thomas Griesa. Hay que hacer historia y ver que desde 1976 hasta el 2001 en el país se realizaron emisiones de deuda con prórrogas de jurisdicciones a tribunales extranjeros.
Así planteado, parece que el Estado prorroga la jurisdicción para discutir una problemática particular con alguien que tiene un título. Ej: Vos tenés un título y el Estado no te quiere pagar, entonces vos podés ir a ese tribunal extranjero a discutir porque son arbitrarios con vos en tu país.
Pero, enjuiciar en un tribunal extranjero, una reestructuración de la deuda que es la política pública global que hizo el Estado con todos los tenedores de bonos o la mayoría. Creo que no puede ser juzgado por un tribunal extranjero, y por ejemplo, es lo que dijo la Cámara de Casación de Italia o la Real Audiencia española: "No nos corresponde debatir a nosotros porque es una política pública del Estado".
Las críticas se basan en que el Gobierno no se tendría que haber sometido en un principio a un tribunal extranjero, en este caso, en Estado Unidos.
Ese es el error de los gobiernos precedentes que emitieron títulos en esas condiciones. Cuando se hizo la renegociación de la deuda se hizo en las condiciones que se pudo hacer y es unánime y tan favorable que en la política financiera internacional es un mal antecendente político.
Hay un interés de los especuladores financieros internacionales en hacer fracasar esa negociación de un Estado marginal como Argentina en otro momento y por otras vías. Vemos que fue un acuerdo donde fueron al menos contemplados sus intereses, y no se si fueron beneficiosos porque es muy difícil decir que lo fue para Argentina. Además, porque vemos ahora el drama con Europa que tiene Grecia con su deuda. (Ndr: Nos fuimos de tema, se ríe)
Sobre los derechos sociales en tu gestión como defensor general. ¿Qué aspectos destacás de, por ejemplo, los problemas habitaciones de la Ciudad de Buenos Aires?
Es claro que en la Ciudad, hay un déficit estructural en materia de vivienda. Y que no ha sido una prioridad de la política pública solucionar ese déficit habitacional. En ese ámbito, se potencia nuestra actuación porque muchos problemas que no se solucionan de la forma política se canalizan a través de la vía judicial. Esto muestra algo muy interesante, que las personas que viven en situaciones de hacinamiento, precariedad o en villas muestra una cultura institucional muy importante.
Es un claro ejemplo, el caso de la Villa Rodrigo Bueno (en Puerto Madero) donde un grupo de vecinos y sus delegados solicitan el derecho a la urbanización de su barrio. Esto implica un trabajo colectivo entre el Minsiterio Público de la Defensa a través de muchas formas de relación en el barrio y como forma de presencia de la defensa pública. Una forma de trabajo de estar presente allí y no burocrática de un funcionario en su escritorio esperando a que lleguen las causas.
¿Cómo es el estado de esta causa en particular y la negativa a la urbanización?
La Cámara Contenciosa de la Ciudad en un fallo insólito dijo "No a la urbanización" y desde allí nosotos empezamos con una mesa de trabajo on diferentes sujetos de la sociedad civil (Instituto Gino Germani, ACIJ, Arquitectura, CELS y demas) donde en ese marco surgió la posibilidad de audir a la Comisión Internacional de Derechos Humanos (CIDH). Esto implicó un trabajo en el barrio explicando el rol de la CIDH y que es lo que significa ir ahí. El propio barrio eligió un representante que nosotros llevamos a Washington a una audiencia para que pueda expresarse ante la comisión.
¿En qué está ahora la causa?
Hicimos un recurso de inconstitucionalidad ante el Tribunal Superior de Justicia, última instancia de la Ciudad, y recién recibió el caso. Estamos a la expectativa que en ese ámbito podamos escuchar una solución. Los mismos vecinos se sorprenden porque no son escuchados por sus propios jueces de su propia ciudad, y si los escuchan en un tribunal internacional. Hay que ver si el TSJ los recibe en una audiencia.
En el expediente, ¿cuál es el argumento del Gobierno de la Ciudad?
Es un argumento absolutamente formal. Dicen que el barrio está instalado en un lugar que jurídicamente conforma la reserva ecológica y por eso no puede haber viviendas. Pero, el derecho tiene que ver también con la realidad de los procesos sociales, reales, jurídicos de las personas y cuando, a mediados de los ochenta, se conformó jurídicamente la reserva también se fue formando paralelamente el barrio.
Hoy, si uno va y camina por allí, están uno al lado del otro separados por un paredón. Hay un espacio geográfico y geourbano donde conviven actualmente la reserva y el barrio Rodrigo Bueno. Entonces, la gente quiere poder convivir con la reserva pero que el agua que le llegue sea potable, que haya calles y cloacas, y todo lo digno que tiene que tener un barrio.
Esa sentencia de la cámara muestra la realidad del ejercicio muy formal de ejercer el derecho, porque la realidad es otra, están a 20 cuadras para escuhar a las personas de cómo se hizo el barrio y cómo hizo su vida. Sino uno no entiende nada, y sólo ve palabras en un código en una ley y en una Constitución. Uno tiene que leer el texto en relación a los problemas reales que vivimos en la Ciudad. Ellos piden la integación social, del barrio a la sociedad, y ser tratados por el Gobierno de la Ciudad, por el Poder Judicial y por otros vecinos de la misma forma que todos. La exclusión social y su historia de vida hicieron que vivieran ahí.
¿Cree que hay otros motivos políticos en esta decisión?
Políticamente, no es un prioridad la política habitacional del Gobierno porteño y hacer una planificación para repensar la Ciudad de acuerdo a sus realidad. Lo vemos ahí, con la causa Mendoza (Riachuelo), con el desalojo del Papa Francisco, con la Villa 20 que tiene una ley de urbanización y no se ha cumplido. Nadie se hace responsable de las políticas sociales.
¿Qué otro tipo de derechos sociales ampara la Defensoría General?
En el caso de las personas en situación de calle, tarea tradicional del MPD hace 15 años, planteamos en su momento la pésima situación de los hoteles que brinda el gobierno porteño. En cuanto a los subsidios, defendemos a miles de personas que reciben un subsidio de 1800 pesos por mes que dura 10 meses con la suposición que después de esos 10 meses la persona salió de ese estado de vulnerabilidad en el que se encuentran. Y en ese plazo, el Estado tampoo hace nada para que salga de la situación de calle. Hay una enorma lucha para el otorgamiento de los subsidios, porque hay una jurisprudencia restrictiva del TSJ en los fallos "Alba Quintana", o "Quisberth Castro" que fue seguida por sucesivos operadores judiciales.
Estos fallos suscitan una clasificación de las personas que viven en la calle. Entonces, se parte de la suposición que una persona que vive en la calle, está sola y tiene 40 años puede conseguir trabajo. Es una ficción. Entonces, no se les brinda el subsidio. Con un argumento capcioso que si no se les brinda subsidio a esta persona, se lo está quitando a otro. Entonces, se generó un mecanismo jurisprudencial en abstracto comparando las personas en situación de calle. Comparan qué persona está peor en la calle. Es una discusión increíble porque también el dinero otorgado en subsidios es insignificante y otorgarlo no deja un agujero en las finanzas públicas porteñas.
¿Hay algún caso en el que tengan mayor expectativa como el de la urbanización de la villa "Rodrigo Bueno"?
En este caso, esperamos con expectativa que el reclamo ante el Tribunal Superior se escuche más que en la cámara. Tenemos una audiencia pública con el sentido que se abra el debate porque son casos de relevancia institucional y social para la Ciudad que no merecen ser resueltos a través de escritos judiciales. Merece que las personas sean escuchadas públicamente, que el GCBA asuma que no quiere urbanizar y que los medios estén presentes para reflejar lo que realmente dice cada uno con igualdad de condiciones para todos.
¿Qué tipo de causas son las más frecuentes?
En el derecho a la vivienda tenemos una gran cantidad de causas donde se cruzan problemas de discapacidad y de género. También tenemos muchas causas en el derecho a al educación a la salud o en el derecho a la alimentación. A lo largo de la historia, es notable nuestra intervención en todos los derechos sociales. Lo fuimos construído a lo largo de varias gestiones y cada uno va agregando y perfeccionado el camino.
¿Qué otra política destacas de la Defensoría?
Toda la experiencia y problemática de las vacancias escolares así como el estado de los edificios. Ahora, vamos a hacer un camino que es un enorme desafío respecto ade la Ley de Salud Mental que prevé que en cada jurisdicción tiene que haber un órgano público de revisión, y observación. La Ciudad está en déficit en ese punto y hemos hecho un proyecto de ley porque se merece una discusión la salud mental y el proceso que lleva adelante la problemática.
¿Qué acciones llevan a cabo sobre el drama que es la violencia de género?
Ahí hay dos aspectos, por un lado, toda la cuestión de género está inmersa en los derechos sociales. Tambén la defensa pública interviene en los casos de violencia doméstica asegurando los derechos de defensa de la personas que es imputada de cometer un hecho ilícito. Nos plantea un enorme desafío para asistir jurídiciamente a esta persona acusada y hacerla en el marco de un pensamiento del derecho sobre una problemática de género. Y ala vez, como repensamos esa cuestión, sin afectar ese derecho de defensa de la persona que estamos defendiendo y que tiene derecho a un debido proceso. Es una problemática que excede a muchos operadores judiciales, y que va a ser significativa en la medida que la Legislatura porteña aprueba el Tercer Convenio para el traspaso de las competencias penales donde están incluídos los delitos de lesiones.
¿Por qué no se aprueba el traspaso de las competencias penales?
Es paradójico. La Legislatura sólo tiene que aprobar el convenio. Es muy difícil que la Ciudad institucionalmente exiga la transferencia de toda la justicia penal, civil, familia y laboral como corresponde si hace más de 1 año que no aprueba un convenio ya aprobado por el gobierno federal. La Ciudad tiene que asumir esa responsabilidad y los operadores judiciales (jueces, fiscales, defensores y asesores tutelares) tendremos que hacer todos los esfuerzos para cumplir con ese mandato de autonomía. Creo que se va a concretar en los próximos meses y permitirá tener la mayor cantidad de competencias para que los vecinos puedan tener a través de jueces de la Ciudad las soluciones a sus conflictos de familia, laborales y comerciales.
Con respecto al nuevo Código Procesal Penal, ¿estás de acuerdo con el sistema acusatorio y su implementación en marzo de 2016?
Es claro que el sistema debe ser ausatorio y era una reforma que estaba pendiente en el ámbito federal desde el año 1983. La idea era de Julio Maier pero primó el código Levene. Es notorio que ese código tenía que hacerse. En la Ciudad, hay un código procesal penal acusatorio hace años lo que muestra que si hubiera habido transferencia de toda la competencia penal hacia la Ciudad, gran parte de los delitos ya hubieran estado juzgados por medio mecanismo acusatorio: los homicidios, robos, hurtos o lesiones.
Es un código al cual se le pueden discutir algunos matices pero establece un mecanismo procesal que en lo fundamental es el más adecuado. En otras provincias ya están más avanzados con el juicio por jurados y es una discusión que debe darse. Es muy importante que haya una participación del pueblo en el interior de un proceso penal. Nosotros tenemos un proyecto de ley sobre cómo debe establecerse el juicio por jurados en la Ciudad para plantear el derecho de defensa a los imputados. Hay un debate cultural sobre este tema.
¿Qué iniciativas plantea el 0800 Defender que lanzarán dentro de poco?
Estamos en una política y en una tarea de vinculación con la comunidad aprovechando los diferentes mecanismos tecnológicos que existen hoy en día. Nuestra principal relación es humana y existencial para estar ahí con las personas en los lugares en los cuáles ocurren los conflictos: estar en la Villa 20, en Rodrigo Bueno, en el camino de Sirga, en la 21-24 o en los piletones. Pero a la vez estamos en un camnino de multiplicar el acceso a la justicia y allí está el 0800 como un mecanismo tradicional para que los vecinos puedan tener un defensor público. Un abogado público, gratuito y con un apoyo institucional al cual cada vecino tiene derecho a acceder. La gente a veces no visualiza los problemas como tales y piensa que la justicia está para otra cosa. Es una cuestión cultural. Tenemos un enorme desafío para difundir la cultura de los derechos en la Constitución de la Ciudad, para que todos los vecinos puedan conocerlos.
¿Hay una justicia para ricos o para pobres?
Creo que hay una justicia que fue muy innovadora en el momento que se gestó y fue de avanzada. Creo que ese proceso está hoy en cuestionamiento. En la Ciudad, tenemos una justicia que fue muy innovadora pero que sin embargo se fue haciendo más tradicional. Es algo paradójico. Creo que la justicia está estancada y hoy en día está con una visión mucho más conservadora que hace 6 años por ejemplo.
Para llevarte a unas preguntas más relajadas ¿Tenés un número exacto de los libros que tenés en estas 5 bibliotecas repletas?
No..(se sincera) pero para vos serán muchos.. pero para mi son pocos.
¿Qué te relaja de la vida judicial?
Este trabajo me entusiasma mucho. Y creo que le pasa a todos los que se dedican a la defensa pública. Es muy difícil hacer este trabajo sin tener un compromiso muy fuerte con la tarea y un involucramiento subjetivo. Uno está en la defensa pública las 24 horas. Y trato de hacerlo con entusiasmo y relajado a la vez. Me entretengo mucho con la música y también pintando. En el poco tiempo libre que tengo, me dedicó a pintar, a escribir y a estudiar.
Bueno Horacio.. Gracias por esta nota con Tiempo Judicial.
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