La justicia porteña intimó al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (GCBA) y al Instituto de la Vivienda de la Ciudad (IVC) a cumplir en el plazo de 10 días con la medida cautelar del pasado 27 de febrero que ordenaba acciones orientadas a garantizar la seguridad y condiciones de habitabilidad de las personas que habitan el Nudo 4 del Complejo Soldati. 

 

La titular del juzgado en lo Contencioso Administrativo y Tributario N° 7 de la Ciudad de Buenos Aires, Lidia Lago, firmó la medida y estableció que en caso de no dar estricto cumplimiento a la cautelar ordenada se impondrá “una multa de pesos dos mil (2000) por cada día de retardo” en cabeza del Presidente del IVC, Pablo Roviralta.

 

La intimación y la medida cautelar se enmarcan en una acción de amparo impulsada por un grupo de vecinos del Complejo Soldati representados por la Defensa Oficial, a fin que se garantice el cumplimiento de la Ley 623 (que declara la emergencia edilicia y ambiental en el Complejo), y se tutele los derechos a la vida y la salud, a la seguridad, a la vivienda digna, a la protección de quienes viven en el barrio ante el mal estado general de los edificios que lo componen, y particularmente el Nudo 4 –compuesto por 6 edificios con 141 unidades funcionales en total-.

 

La jueza Lago advirtió “un claro comportamiento elusivo por parte de la demandada con relación a la manda cautelar efectuada en autos no sólo respecto a la elaboración del informe general sobre el Nudo 4 requerido a fin de tener un cabal estado de situación sino que directamente desconoce las circunstancias que motivaron su dictado y condicionando su actividad tanto al resultado de procesos licitatorios que estarían en marcha (ascensores, instalaciones contra incendios e iluminación de emergencia) como a requerimientos expresos del consorcio involucrado (servicio de gas), con claro desconocimiento de la orden aquí impartida“.

 

“En este sentido debe destacarse que la orden cautelar expedida comprendía tanto actividades de compleja y costosa instrumentación como pueden ser las relativas al funcionamiento de los ascensores o la regularización del suministro de gas como otras que requieren su inmediata implementación en virtud de los riesgos que se pretenden cubrir -obras necesarias para evitar futuros siniestros e incendios del mismo y a fin de aventar la posibilidad de electrocución, incendio, derrumbe o desprendimientos de mampostería o garantizar la potabilidad del servicio de agua-, sin que sea necesaria su inmediata solución dado que pueden desarrollarse en forma parcial y progresiva”, señaló la magistrada.

 

Y agregó: “Ninguna de estas cuestiones tuvieron adecuada respuesta por parte de la demandada por lo que se ha verificado en la especie el incumplimiento denunciado tanto por la actora como por la Asesora Tutelar interviniente, por lo que cabe intimar a las demandadas a que den estricto cumplimiento con la orden cautelar impartida“.