La justicia porteña resolvió ordenar al Ministerio de Educación de la Ciudad que mantenga la vigencia y garantice la continuidad de los Proyectos Pedagógicos Complementarios implementados desde hace más de 10 años en 8 escuelas de nivel medio ubicadas en barrios vulnerables con el fin de brindar apoyo escolar a gran número de adolescentes.

 

La cartera educativa porteña tenía previsto suspender dichos proyectos a partir del 1 de agosto. En la resolución se establece que la medida cautelar dictada tendrá vigencia hasta tanto exista sentencia definitiva y firme.

 

El juez Roberto Andrés Gallardo, en su calidad de titular del juzgado de feria N° 3 en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad de Buenos Aires, resolvió el pasado 22 de julio habilitar la feria para dar tratamiento a un recurso de amparo impulsado por la Asesoría Tutelar N° 1 a cargo de Mabel López Oliva, y “hacer lugar a la medida cautelar innovativa solicitada” con el objetivo de garantizar el derecho a la educación (permanencia e inclusión) de los adolescentes alcanzados por los Proyectos Pedagógicos Complementarios que se implementan en 8 escuelas secundarias ubicadas en villas y barrios vulnerables de la ciudad.

 

El magistrado porteño ordenó “al Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Ministerio de Educación) que mantenga la vigencia de los Proyectos Pedagógicos Complementarios [...] y garantice su continuidad mediante las medidas de acción positiva que pudieran resultar necesarias”.

 

Según lo dispuesto, “la manda cautelar tendrá vigencia hasta que exista sentencia definitiva y firme en estos actuados, debiendo cualquier modificación a los planes y/o los proyectos tratados en el sub lite actualmente vigentes, ser autorizada previamente por el Tribunal interviniente”.

 

“La proximidad del cese de los Proyectos Pedagógicos Complementarios, cuya fecha está prevista para el 1° de agosto próximo justifican la intervención urgente de este Juzgado de Feria, dado que es recién en dicha fecha cuando se retomará la actividad judicial normal“, expresa la sentencia.

 

“Las pruebas documentales obrantes en autos permiten tener por acreditados todos los extremos invocados en la demanda y la alegada violación a los derechos a la educación y a la igualdad que traería aparejada la suspensión de los Proyectos Pedagógicos Complementarios“, expresó Gallardo. A su vez consideró que “la conducta de la demandada resultaría contraria a las normas vigentes” ya que “ese accionar genera un perjuicio irreparable a los adolescentes afectados por dicho accionar”.

 

Ante lo resuelto, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires apeló la medida cautelar dictada. El pasado 28 de julio se concedió sin efecto suspensivo el recurso de apelación interpuesto.