La jueza Elena Liberatori, titular del juzgado N° 4 en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad de Buenos Aires, resolvió el pasado 10 de agosto, hacer lugar parcialmente a la medida cautelar solicitada en el marco del amparo colectivo impulsado por la diputada nacional Victoria Donda y la consejera del Consejo Económico y Social de la Ciudad, Laura Velasco, con el objeto de que estado local cumpla con los deberes establecidos en la Ley 3706, relativos a la realización de un relevamiento anual de las personas en situación de calle o en riesgo de estarlo.

 

Según lo dispuesto, la magistrada ordenó al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que, “en el término de diez (10) días hábiles, proceda a la confección un relevamiento provisorio dando cabal cumplimiento a lo previsto en los arts. 2 y 4 inc. K de la Ley 3706, esto es contemplando a las personas en efectiva situación de calle, pero también a aquellas personas en riesgo a la situación de calle”.

 

En la sentencia se detalla que el relevamiento de las personas en riesgo de calle debe contemplar a “hombres o mujeres adultos o grupo familiar, sin distinción de género u origen, que padezcan al menos una de las siguientes situaciones:

 

1) Que se encuentren en instituciones de las cuales egresarán en un tiempo determinado y estén en situación de vulnerabilidad habitacional.

 

2) Que se encuentren debidamente notificados de resolución administrativa o sentencia judicial firme de desalojo.

 

3) Que habiten en estructuras temporales o asentamientos, sin acceso a servicios o en condiciones de hacinamiento”.

 

De acuerdo a lo resuelto, el GCBA deberá arbitrar los medios que estime pertinentes a fin de que las organizaciones de la sociedad civil integradas o no por personas en situación de calle o en riesgo a la situación de calle y organizaciones no gubernamentales (contempladas en el inciso I del artículo 4 de la ley de Protección y Garantía Integral de los Derechos de las Personas en Situación de Calle y en Riesgo a la Situación de Calle) participen activamente del relevamiento, velando por el cumplimiento de las pautas fijadas en la ley para la realización del mismo.

 

“Es claro entonces que de la ley y del decreto reglamentario respectivo surge que hay obligación del GCBA de efectuar un ‘relevamiento anual’ con los siguientes requisitos: 1. información desagregada, 2. con aptitud para determinar un diagnóstico y 3. para determinar políticas ‘puntuales’ para cada subgrupo (en situación efectiva de calle o en riesgo), 4. se promoverá la participación de expertos en la materia, ONGs y organizaciones de la sociedad civil, 5. la autoridad de aplicación debe determinar las ‘pautas’ de procedimiento que lógicamente cumpla con los requisitos legales y reglamentarios“, expresa la magistrada en los fundamentos de su sentencia.