Por unanimidad, la Corte Suprema de Justicia de la Nación ratificó ayer el procedimiento establecido por el Máximo Tribunal, a través de la acordada 9/2014, para la consulta de las declaraciones juradas patrimoniales de sus magistrados y funcionarios.

 

La resolución fue ante una presentación de los diputados nacionales Elisa Carrió y Fernando Sánchez, en la que requerían la remisión de copias de dichas presentaciones y que se dicte una nueva reglamentación adecuando aquella acordada a lo establecido por al ley 25.188 y concordantes.

 

A través de un comunicado, Carrió criticó el fallo al considerar que “hay desigualdad ante la ley porque el resto de los funcionarios públicos y legisladores deben hacer público toda su declarción y ponerla a a disposición de cualquier persona en internet”.

 

El Máximo Tribunal hizo saber a los legisladores que la acordada “resulta una reglamentación constitucionalmente apropiada del régimen normativo vigente”, y que al dictar la acordada 9/2014, tal como lo autoriza la Constitución Nacional, la Corte “no hizo más que poner en ejercicio facultades reglamentarias a fin de adaptar el régimen por entonces vigente a los requerimientos de la ley 26.857 y siguiendo, a este efecto, los parámetros y el espíritu establecidos por dicha ley”.

 

Según la acordada 9/2014, la declaración jurada integral patrimonial (anexo público) “podrá consultarse exclusivamente través de la página web del Tribunal (www.csjn.gov.ar). Para ello, el solicitante deberá identificarse y quedará sometido las disposiciones y sanciones previstas en las leyes 25.188 y 25.326. El cumplimiento de estos requisitos formales será verificado por la Dirección de Recursos Humanos y la Asesoría Jurídica del Tribunal, previo al envío, por la Dirección de Sistemas, de la información solicitada al requirente. Asimismo la Dirección de Sistemas comunicará al titular de la declaración jurada requerida el cumplimiento de la solicitud”.

 

En la resolución firmada este martes, la Corte señaló además que "la regulación de la publicidad de las declaraciones juradas patrimoniales integrales de los funcionarios públicos, debe armonizar distintos aspectos que no se agotan en la publicidad de las declaraciones juradas y el alto objetivo institucional perseguido mediante la consulta de dicha información por los ciudadanos –a través del Anexo Público-, o en la posibilidad cierta de conocer exactamente el patrimonio de quienes ejercen la función pública, de su cónyuge o conviviente e hijos menores no emancipados en caso de requerimiento de autoridad judicial o de ambas Cámaras del Congreso de la Nación –con el Anexo Reservado- sino que requiere la imprescindible conciliación de dichos propósitos con la debida reserva y protección que deben tener los datos personales allí consignados, también de raigambre constitucional”.

 

“Salvo números privados de tarjetas de crédito, números de cuentas de bancos que sí deben ser reservadas, no pueden ser reservados la propiedad de los inmuebles, bienes muebles así como los depósitos en cuentas, participación en mutuales y en sociedades”, sostuvo Carrió quién presentó un pedido junto al diputado Fernando Sánchez para que los miembros de la Corte Suprema –al igual que todos los funcionarios- hagan pública sus declaraciones juradas de bienes.