Por segunda vez en lo que va de 2017, los trabajadores afiliados a la Unión de Empleados de la Justicia de la Nación (UEJN), conducida por Julio Piumato, realizaron un paro frente al Palacio de Justicia como forma de protesta contra el traspaso de la justicia nacional al ámbito de la Ciudad de Buenos Aires, impulsado por un acuerdo entre el gobierno de la Ciudad y el poder Ejecutivo firmado el pasado 19 de enero.
A las 10 de la mañana comenzó el cese de actividades en los tribunales nacionales y los trabajadores concentraron frente al Palacio de Justicia para marchar hacia el Congreso. A diferencia de la manifestación del 22 de febrero pasado, este paro está previsto por 36 horas, hasta el 22 de marzo.
La transferencia de la Justicia Penal contemplaría, en esta primera etapa, las 54 estructuras que están vacantes de ese fuero, que incluye juzgados, vocalías, fiscalías y defensorías sin titular nombrado. El traspaso implica que la Ciudad empezará a tener a su cargo a todos los magistrados y empleados del fuero, aproximadamente 490 personas. El convenio deberá ser ratificado por los poderes legislativos de ambos distritos.
Desde UEJN sostienen que “no es casual” que uno de los juzgados vacantes que se pretende transferir a la Ciudad sea el que atiende los delitos de la administración pública, ya que de ese modo el gobierno nacional “se garantiza nombrar jueces afines a su ideología”.
En diálogo con Tiempo Judicial, el dirigente de UEJN, Piumato, dijo que el intento de traspaso es una “maniobra oscura y tramposa” del gobierno por la multiplicidad de iniciativas y convenios que buscan hacer efectivo el traspaso de esos juzgados al ámbito de la Ciudad.
Se refiere a la división entre Diputados, cámara donde se trata la Ley de traspaso del fuero de Defensa al Consumidor; y Senadores donde se tratará el convenio que busca traspasar la Justicia Penal. “Lo mandan a uno por un lado y a otro por otro, donde sacan uno después lo demás sale sin siquiera pasar por el Congreso”, dijo Piumato.
Por otro lado, el dirigente de UEJN remarcó la gravedad del traspaso de la Justicia Penal porque busca “garantizar la impunidad de los funcionarios por hechos de corrupción de la CABA haciendo una justicia medida”.
Esto se explica porque los juzgados y fiscalías del fuero penal que pasarían al ámbito de la Ciudad, en caso de efectuarse el traspaso, están vacantes, es decir, que deberían designarse jueces y fiscales. Éstos son los que van a tener que dirimir en asuntos vinculados a delitos contra la administración pública.
La instancia de diálogo para el secretario general de UEJN no terminó: “Esperamos una respuesta. Nosotros llevamos propuestas siempre. Justamente en este tema no nos llamaron a discutirlo”.
Por último, Piumato ratificó el paro nacional convocado por el triunvirato de la Confederación General del Trabajo (CGT) previsto para el 6 de abril. Y agregó: “Esperemos que el gobierno escuche no solamente las protestas sectoriales sino escuche en ese paro el silencio que va a sacudir el país”.
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