“Despedir no es un derecho”, así lo sentenció el juez Luis Raffagheli, de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, al revocar la sentencia de primera instancia interpuesta por diez de los trabajadores de despedidos de la empresa productora de snacks y bebidas. Aceptó la cautelar junto a su colega de la sala VI,
La cámara revocó el fallo del juzgado laboral 54 sobre la demanda planteada por diez trabajadores, según el fallo, y aplicará una multa de 5 mil pesos por día de demora en la aplicación de la medida. “Los trabajadores que aceptaron la indemnización adoptaron la conducta de la empresa y siguieron otro camino”, expresó el camarista laboral en declaraciones con el programa de Radio Del Plata "Volver a las fuentes", de Néstor Espósito.
El magistrado explicó que hay un decreto del 94 que regula los procedimientos de crisis para las empresas de más de 50 trabajadores y que es el que apunta que las empresa "debe explicar las medidas para atenuar sus efectos de la crisis", lo que "no ocurre en este caso" entendiendo "que la medida de los más de 600 despidos es apresurada” dijo el juez amparándose en el artículo 14 BIS de la Constitución Nacional que otorga a los ciudadanos el "derecho a trabajar".
Luis Raffagheli, juez de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo.
Pepsico "dice que tiene crisis pero paga doble indemnización, y en un proceso preventivo de crisis la ley dice que hay que pagar menos", sostuvo el integrante de la Sala VI de la Cámara Nacional del Trabajo quien interpretó que el ministerio de Trabajo que encabeza Jorge Triaca y la empresa no cumplieron con los requisitos previstos en el Procedimiento Preventivo de Crisis y ordenó su reincorporación.
La Sala VI de la Cámara Nacional del Trabajo hizo lugar este viernes a la medida cautelar solicitada por un grupo de trabajadores despedidos de Pepsico y ordenó a la empresa su inmediata reincorporación. En su fallo los jueces advirtieron que la empresa y el ministerio de Trabajo que encabeza Jorge Triaca no cumplieron con el Procedimiento Preventivo de Crisis que obliga a abrir la ley ante el cierre de un establecimiento o despidos masivos. En esa línea, la CGT hará una movilización el 22 de agosto por los despedidos de Pepsico.
En el fallo, en que obligan a Pepsico a "cumplir con el deber de ocupación" de los trabajadores despedidos, los magistrados también advierten que se cobrarán "5 mil pesos por cada día de demora" en la aplicación del fallo.
La Sala VI del tribunal de apelaciones citó fallos y jurisprudencia al señalar que “el derecho al trabajo es un derecho esencial para la realización de otros derechos humanos y constituye una parte inseparable e inherente de la dignidad humana. Toda persona tiene el derecho a trabajar para poder vivir con dignidad”.
La cautelar beneficia a un grupo de diez trabajadores pero podría servir de base para otros reclamos.
fallo pepsico
Repudio por el violento desalojo
"El Foro de Periodismo Argentino (FOPEA) repudia la violenta represión por parte de la Policía Bonaerense en el que resultaron afectados varios equipos periodísticos que cubrían el desalojo de los trabajadores despedidos de la empresa Pepsico, en la localidad de Florida, Vicente López, Provincia de Buenos Aires, mientras la Gendarmería Nacional rodeaba y vallaba el lugar", explica el comunicado de la entidad que integra Tiempo Judicial.
Entre los más afectados estuvo Aldo Romano, motoquero asistente de Crónica TV, que recibió patadas y golpes por parte de los uniformados, quienes incluso lo amenazaron con detenerlo cuando fue a buscar el trípode de la cámara. También resultó golpeado por un palazo policial Fabio Soria, camarógrafo de La Nación+. Además otros periodistas, camarógrafos, fotógrafos y asistentes técnicos de distintos medios sufrieron las consecuencias del uso desmedido de gas pimienta y gases lacrimógenos contra los manifestantes que también respondieron con piedras y otros elementos contundentes.
Frente a esta situación, el ministro de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, Cristian Ritondo, aseguró que las fuerzas policiales actuaron de acuerdo a las órdenes emanadas por la Justicia y que se va investigar si hubo "excesos" en la represión donde resultaron afectados los trabajadores de prensa.
Y cierra, que "Desde FOPEA, insistimos una vez más en reclamar a las autoridades políticas, judiciales y policiales que actúen con la responsabilidad y el cuidado necesario para que la prensa pueda realizar su cobertura periodística sin que se vea afectada por hechos de represión como los mencionados. E instamos a que se investigue quiénes fueron los uniformados que se excedieron en sus funciones y se los sancione de acuerdo a las leyes vigentes. Además de solidarizarnos con todos los colegas que se vieron afectados en estos hechos".
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