"Lo mínimo que pedíamos era que cumplieran la condena entera", dijo a Tiempo Judicial Nilda Gómez, integrante de Familias por la Vida y madre de Mariano Benítez, fallecido en Cromañón, acerca de la reciente liberación de tres de los músicos de Callejeros a la mitad de los 5 años que tenían de condena por "incendio culposo seguido de muerte y cohecho activo", según la Cámara Federal de Casación Penal.
La semana pasada fueron liberados tras cumplir la mitad de su condena y sumar antecedentes de buena conducta por participar en talleres dentro de la cárcel, el saxofonista Juan Carbone, el bajista Christian Torrejón y el guitarrista Elio Delgado. El otro guitarrista de la banda, Maximiliano Djerfy, había sido el primero en dejar la cárcel tras ser beneficiado con prisión domiciliaria en octubre de 2016.
Los únicos miembros que permanecen en prisión son Patricio Fontanet, que recibió una pena mayor que el resto y todavía no cumplió la mitad de su condena, y Eduardo Vázquez, que además de estar imputado en esta causa, fue condenado a cadena perpetua por prender fuego y asesinar a su pareja, Wanda Taddei, en 2010.
Para Gómez, se trata de un beneficio "mayúsculo" la liberación de los músicos a la mitad de su condena. Y agregó: "No podemos saber si realmente hicieron talleres para tomar conciencia de la criminalidad de lo que hicieron, no podemos comprobar qué cursos hicieron, si les sirvieron, si se rehabilitaron o no".
A partir del incendio de Cromañon en 2004, en el que murieron 194 personas, Gómez empezó a estudiar Derecho. "Aunque esté derogado, fácticamente se les aplicó el beneficio del 2x1 porque cumplieron la mitad de la condena", dijo.
También remarcó la responsabilidad estatal: "Un Estado permisivo y corrupto que dejó que Cromañón sucediera es un Estado que atenta contra la vida en democracia".
"La muerte de los chicos no fue en vano", dijo Gómez, a pesar de que cree que la liberación de los músicos a la mitad de la condena es una marcha atrás en el camino de la justicia.
Familias por la vida, una organización de padres, familiares y amigos de las víctimas de Cromañón, fue una de las impulsoras de la modificación de la ley 24660 de ejecución de pena, que limita las excarcelaciones a condenados por trata, violadores y narcotraficantes.
También apoyaron la ley de protección a la víctima que establece la creación de centros de atención a los afectados por la inseguridad, los cuales deberán permanecer abiertos las 24 horas y otorgar asesoramiento en forma inmediata tanto legal como psicológico. Gómez explicó que "la ley busca por lo menos en ese primer momento al victimario que en ese momento ya tiene un abogado".
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