"Hay una tendencia clara al rechazo" a la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia en el caso "Muiña" en los 118 planteos de aplicación del "2x1" de imputados por crímenes de lesa humanidad que surgieron a partir de ese caso, informó la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad en un relevamiento de todas las jurisdicciones federales.
A partir de que la CSJN aplicara el beneficio del artículo 7 de la derogada ley 24.390, que consiste en contar doble los días en prisión preventiva después de los dos primeros años de detención, al condenado por delitos de lesa humanidad Luis Muiña, la Procuraduría a cargo del fiscal general Jorge Auat relevó da cuenta de 118 pedidos por 114 personas en las fiscalías y unidades fiscales que intervienen en los diferentes puntos del país en causas por crímenes del terrorismo de Estado.
Al 9 de agosto pasado, los tribunales habían resuelto 63 de aquellos pedidos, es decir, un 53 por ciento del total. En 60 casos, un 95 por ciento de los resueltos, los jueces decidieron rechazar la aplicación de ese beneficio que estuvo vigente entre 1994 y 2001.
Los tres casos en que los pedidos fueron resueltos en favor corresponden a tres represores del Servicio Penitenciario Bonaerense condenados -con sentencia firme- en La Plata. Los resolvió Alejandro Esmoris en carácter de juez de ejecución del Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nº1, de acuerdo con un criterio anterior al fallo "Muiña", dictado el 3 de mayo pasado.
Esmoris se había pronunciado en favor de la aplicación del 2x1 respecto de los ex guardiacárceles Catalino Morel y Ramón Fernández, y del ex jefe penitenciario Abel Dupuy condenados en 2010 a penas de prisión perpetua y 25 años de prisión.
La aplicación del cómputo del "2x1" fue solicitada por las defensas en 31 pedidos de excarcelación, 4 pedidos de excarcelación en términos de la libertad condicional, 12 pedidos de libertad condicional, 55 pedidos de realización de un nuevo cómputo de pena y 9 solicitudes de salidas transitorias. En otros 7 casos se carece de datos.
En porcentajes, el 46 por ciento correspondió a pedidos de un nuevo cómputo de la pena y le siguen las excarcelaciones (26 por ciento) y libertad condicional (10 por ciento). Más del 76 por ciento de todas esas solicitudes, unas 90, se concentraron en las jurisdicciones federales de Tucumán (34,7 por ciento), Córdoba (24,5 por ciento) y La Plata (16,9 por ciento).
La Procuraduría apuntó que el 95,6 por ciento de los pedidos correspondió a 109 personas que han recibido al menos una condena y que el 4,4 por ciento restante (cinco casos) se encuentra procesado. De los condenados, el 75 por ciento no tiene sentencia firme. La mayoría de las personas que pidió el beneficio se encuentra detenida. Sólo 10 de los 114 están en libertad.
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