Como anticipó Tiempo Judicial ayer en Twitter, hoy el Poder Ejecutivo Nacional (PEN) presenta el proyecto de reforma del Consejo de la Magistratura de la Nación redactado por el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal (CPACF) que conduce Jorge Rizzo, que propone que el organo que administra el Poder Judicial pase a tener 16 miembros en lugar de los actuales 13.

 

El proyecto de ley cambia el artículo 2 de la ley del Consejo y su composición. Se propone que el órgano esté integrado por cuatro jueces, de los cuales dos deben ser federales, uno con competencia en Capital Federal y el otro en el interior del país; seis representantes del Poder Legislativo nacional, tres de cada cámara; cuatro abogados con matrícula federal, inscriptos en el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal o en las Cámaras Federales del interior de la república; un representante del PEN y uno del ámbito académico científico. 

 

 

Actualmente, los miembros del Consejo, que duran cuatro años en sus cargos, pueden ser reelectos con intervalo de un período. Esta cláusula se modifica en el proyecto de reforma que propone que "podrán ser reelegidos por una sola vez en forma consecutiva", por la misma cantidad de años en el puesto. 

 

En cuanto a sus atribuciones, el Consejo de la Magistratura procurará la captación y formación de administradores judiciales graduados en carreras terciarias relacionadas con la administración de recursos y con experiencia profesional. Organizar procesos de control de gestión periódicos e inspección de tribunales inferiores y oficinas administrativas de manera de procurar que sus integrantes trabajen mejor y más eficientemente. Instaurar sistemas de incentivos y disuasivos para magistrados, funcionarios y empleados en función de su productividad y la valoración objetiva de los usuarios de los servicios.

 

 

El órgano encargado de la selección de magistrados deberá garantizar celeridad en la convocatoria a nuevos concursos al producirse las respectivas vacantes y en la remisión de ternas al Poder Ejecutivo. Y también tendrña que reclutar y designar, mediante concurso público a los recursos humanos del Consejo, con evaluación periódica de sus funciones y capacitación obligatoria y constante. Privilegiar la designación de graduados universitarios con los mejores promedios en carreras de grado y posgrado y sobre la base de listas de mérito remitidas por universidades públicas y privadas.

 

Según el nuevo proyecto, las faltas disciplinarias de los magistrados, por cuestiones vinculadas a la eficaz prestación del servicio de justicia, podrán ser sancionadas con advertencia, apercibimiento y multa de hasta un cincuenta por ciento (50%) de sus haberes.

 

Podrán sancionarse conductas o hechos individuales o comportamientos reiterados a lo largo del tiempo. Por ejemplo, constituyen faltas disciplinarias las infracciones a las normas legales y reglamentarias vigentes en materia de incompatibilidades y prohibiciones, establecidas para la magistratura judicial, incluyendo las Reglas y Principios de Bangalore sobre Conducta Judicial.  Ver proyecto adjunto. 

 

Consejo de la Magistratura -ver 5--1