Pese a que en noviembre de 2016 se aprobó en el Congreso de la Nación la "Ley de Fortalecimiento de Tribunales Orales", que de alguna forma elimina tribunales ordinarios para que sean federales, La Corte Suprema le dio la espalda, criticó a Casación, y ordenó "de forma urgente" volver a constituir el Tribunal Oral Federal Nº 9 que va a juzgar a Cristina Kirchner, Lázaro Báez entre otros ex funcionarios en varias causas unidas por conexidad en los tipo de delitos de corrupción.
Para rememorar, la Ley 27307 dispuso la eliminación de cinco Tribunales Orales en lo Criminal de la Capital Federal y los reconvirtió en federales. Sólo en el artículo 2 de la mencionada ley le agregaron la palabra "federal" para disponer que el Consejo de la Magistratura de la Nación designe sus jueces. En tanto, la misma normativa busca transformar este tipo de tribunales en "unipersonales", con un solo juez.
En el caso del TOF 9, el Consejo designó a tres magitrados en diciembre pasado: ellos son Alejandro Noceti Achával, Silvia Mora y Alejandro Becerra. Y que al día de hoy figuran en la web del Poder Judicial de la Nación como integrantes del TOF9.
Hace pocos días, el nuevo tribunal recibió causas muy sensibles a la política local. Se aprobó por conexidad con la venia de la Cámara de Casación Penal que el tribunal juzgue las causas por del supuesto encubrimiento del atentado a la AMIA, que se inició con la denuncia de Alberto Nisman, y el de la obra pública en Santa Cruz, que se había fusionado con el expediente por lavado de dinero contra Lázaro Báez y su círculo cercano. Tres causas con casi los mismos procesados: Cristina Fernández de Kirchner, Lázaro Báez, Julio De Vido, entre otros ex funcionarios.
Ayer, La Corte Suprema en una acordada, no en una sentencia de una causa específica, tomó intervención en el tema y decidió que de acuerdo a su jurisprudencia un "no corresponde equiparar a los tribunales nacionales ordinarios con los federales" porque "no ejercen competencia federal".
La Corte dejó en claro que habilitó el tribunal oral en lo Criminal Federal número 9 pero anuló el sorteo que le asignó las causas mencionadas. Por lo tanto se debe realizar un nuevo sorteo porque, "no estaba habilitado el tribunal hasta el dictado de la presente", expresa la Acordada suprema 4/2018".
También decidió "no hacer lugar a la habilitación del Tribunal Oral en 10 Criminal Federal N° 9" y que las causas que en ese tribunal tramiten, "deberán practicarse entre los restantes tribunales orales federales de la Capital Federal".
Por último, le dio una bofetada a la Máxima instancia penal del país, la Cámara Federal de Casación Penal, y la "exhortó enfáticamente a que en lo sucesivo se abstenga de realizar actos que excedan el ámbito de su competencia, en especial aquellos que puedan afectar la debida prestación del servicio de justicia, como en el caso, de sortear causas a tribunales que no cuenten con la previa habilitación de esta Corte Suprema de Justicia de la Nación". Se abre la batalla interna dentro de Tribunales.
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