La Asociación Civil Abogados por la Justicia Social  La Plata, Berisso y Ensenada (AJUS-LPBE) solicitó constituirse como Amigo del Tribunal en la causa en la que se investiga la presunta interferencia de funcionarios del gobierno de Mauricio Macri en el funcionamiento del Poder Judicial. 

La investigación comenzó a raíz de la denuncia formulada por diputados y senadores del Frente de Todos en la que solicitaron que se investigue una supuesta "mesa judicial" destinada a direccionar el trámite de las causas durante la gestión anterior. 

“AJUS LPBE formuló denuncia contra el Estado Argentino ante la 17 Relatoría Especial de Independencia de los Magistrados y Abogados del Consejo de 18 Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas, el día 21 de septiembre de 2018 ante el avasallamiento por parte del Poder Ejecutivo de ese entonces contra el Poder Judicial y el Ministerio Público Fiscal”, explicó la asociación en la presentación realizada ante el juez federal Sebastián Ramos. 

En ese mismo sentido, agregaron: “Dicho avasallamiento se dio de manera heterogénea y a través de la violación de diversos estándares internacionales que hacen a la garantía de independencia de jueces, fiscales y defensores”. 

También, puntualizaron que el objetivo es sintetizar lo expuesto en esa denuncia internacional para que Ramos pueda valorar los hechos “bajo el prisma de los estándares de independencia e imparcialidad de magistrados”. 

En el escrito sostuvieron que hubo un Plan Sistemático y Estructural de disciplinamiento y amedrentamiento del Poder Judicial de la Nación “confeccionado para disciplinar a los magistrados que dictaron resoluciones que no eran 17 acordes a la voluntad del Poder Ejecutivo Nacional”. Asimismo, para “lograr el torcimiento en el proceso de selección de los magistrados: tanto de aquellos postulantes que accedían a la judicatura como aquellos que aún realizan subrogancias o que fueron trasladados de un tribunal a otro para configurar un sistema judicial de diseño”. 

Cabe recordar que en el mes de marzo, la jueza federal Ana María Figueroa sostuvo que recibió presiones durante la gestión anterior.