Con la llegada de la pandemia, las defensas de los represores detenidos por delitos cometidos durante la última dictadura cívico-militar solicitaron en los últimos meses que se les otorgue el beneficio de la prisión domiciliaria. La justicia otorgó los beneficios a 37 represores en el marco de la cuarentena por el coronavirus.
Con el argumento de ser población de riesgo, ya que la mayoría supera los 60 años, sus abogados solicitaron el beneficio. La mayoría fueron rechazados, pero no deja de ser para los organismos de derechos humanos una curiosa tendencia que se ha dado en los últimos meses.
Entre los nombres, hubo varios que son por demás conocidos, como el caso de Alfredo Astiz, de la causa ESMA, y Miguel Etchecolatz, vinculado a la desaparición de Julio López, entre varias causas. En la actualidad, son 659 los genocidas que cuentan con el beneficio de prisión domiciliaria.
En la última semana, fueron 9 los pedidos que llegaron a la justicia y tras ser informada la querella, han sido rechazados: Astiz, Donda, Radice, Cavallo, Cionchi, Suárez Mason, Etchecholatz, Alberto Eduardo González (todos estos ya condenados) y Guarrochena.
La abogada querellante y militante del grupo Kaos, Viviana Fernández Rossi, señaló en diálogo con Tiempo Judicial que “desde el principio de la cuarentena comenzaron a llover los pedidos de domiciliarias, por el covid-19 lo hacen constantemente”.
En tanto, explicó que en su situación judicial, a diferencia de los presos comunes, la sala de casación “si se entera de algún caso de covid-19 en el penal, en lugar de resolverlo manda para que el tribunal dicte una nueva resolución”.
Pero aclaró: “Siempre que ocurre nos volvemos a oponer, porque tienen garantizada la atención de la salud, están en celdas individuales, aisladas, no tienen contacto en lugares comunes, y además hay que considerar la gravedad de los delitos y que muchos tienen causas futuras”.
Además, recordó que el beneficio de la prisión domiciliaria siempre se pidió, pero “no lo intentaron tanto hasta el 2016, que llovieron concesiones y ni si quiera se notificaba a las querellas”, y resaltó que “a partir de la Ley de Víctimas se empezó a informar, pero es verdad que se incrementó desde el 2016 al 2019. Es que se acomodaron a la ideología de aquel Gobierno”.
Actualmente, sólo se encuentran 181 genocidas detenidos en cárceles del Servicio Penitenciario Federal, un total del 20%. En cambio, 37 ex militares condenados, el 6 por ciento, fueron quienes obtuvieron el beneficio de la prisión domiciliaria desde marzo con el argumento del Covid-19.
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