La resolución fue adoptada por el juez federal Marcelo Martínez de Giorgi que asumió la titularidad del juzgado 11 tras la muerte de Claudio Bonadio, que había procesado a los imputados. Esa decisión luego fue revocada por la Cámara Federal porteña, que ordenó seguir investigando. El dato llamativo de la resolución es que 11 personas investigadas ya murieron y tras más de seis años de investigación se extinguió la acción penal. FALLO COMPLETO.
Bonadio la había procesado a la actual vicepresidenta como jefa de una asociación ilícita dedicada a organizar y cobrar esos sobornos en este expediente que es parte de la mega causa sobre los “cuadernos de la corrupción” del ex chofer de Roberto Baratta, Oscar Centeno.
Los delitos que le endilgaban eran "asociación ilícita, cohecho y administración fraudulenta" aunque en la instancia de apelación la Cámara de Casación anuló esa decisión y después de varios meses, el magistrado decidió dictar el sobreseimiento. En otra causa vinculada al caso cuadernos, la cámara federal integrada por Bruglia y Bertuzzi sí confirmó la ampliación de una acusación contra la ex presidenta en 2018.
El sobreseimiento para la vicepresidenta se dictó en la investigación sobre los subsidios al servicio de transporte de colectivos. La investigación era sobre los supuestos “retornos” pagados por parte de las empresas beneficiadas con los subsidios que fueron parte de una "maniobra delictiva" que se estructuró desde el Ministerio de Planificación Federal a cargo de Julio De Vido, ex ministro del gobierno de CFK.
Para la Justicia, la maniobra investigada tenía que ver con el otorgamiento de subsidios al gasoil para empresas de colectivos y si el sistema implementado facilitó que se calcularan los subsidios en base a kilometrajes superiores a los recorridos por los colectivos. Investigaban “sobreprecios” en la entrega de subsidios a los privados. La supuesta defraudación se había prolongado desde julio de 2003 hasta marzo de 2014, cuando se instalaron GPS en los colectivos para inflar el gasoil utilizado en las unidades y recibir más subsidios.
En este tramo, se había planteado que en el área de transporte, Ricardo Jaime y Juan Pablo Schiavi, como secretarios de Transporte; Julio De Vido, y los interventores de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte, Roque Lapadula, Pedro Ochoa Romero y Antonio Sícaro, generaron como "partícipes de la maniobra" un perjuicio al Estado de casi 610 millones de pesos.
Después de que se ordenaran una serie de medidas de prueba, para profundizar la investigación, el juez Martínez De Giorgi a cargo del juzgado que perteneció a Bonadio, dictó el sobreseimiento de Cristina Kirchner y de 200 imputados más.
“En tales condiciones, luego de más de seis años de instrucción y sin medidas útiles por producir, las consideraciones efectuadas en los párrafos precedentes conducen indefectiblemente a los sobreseimientos de los imputados”, expresó el juez Giorgi en la resolución.
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