La mesa de mujeres de la Unión de Empleados Judiciales de la Nación (UEJN) emitió hoy un nuevo comunicado para denunciar arbitrariedad por parte de la Cámara de Apelaciones en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal en caso del funcionario Sebastián Del Gaizo, señalado por abuso de autoridad y maltratos laborales, entre otros, que fuera archivada por la cámara de apelaciones criminal en esta resolución.

La última palabra la tendrá la Corte Suprema. "En la cámara del crimen sólo 2 de 6 camaristas consideraron la situación vivida por las víctimas en un lugar donde lo que no hay justamente es Justicia. La única esperanza es la Corte", agregó Herrera.

Además, el comunicado también fue realizado para pedir a la Corte Suprema de Justicia, en especial a la oficina de mujeres a cargo de Elena Highton de Nolasco, que revea el caso, tome conocimiento sobre el accionar de la Cámara y el proceso sumarial que terminó desestimando la denuncia, y que los interventores sean capacitados en perspectiva de género de acuerdo a la Ley Micaela.

Sebastián Del Gaizo, secretario del Juzgado en lo Criminal y Correccional N° 14, fue señalado por conductas desagradables, machismo y abuso de autoridad por su posición de jerarquía, pero la Cámara decidió absolverlo por considerar que no había pruebas para apartarlo de sus funciones.

En diálogo con Tiempo Judicial, la secretaria de Protección Individual de la UEJN, Rocío Herrera, afirmó que “desde la mesa de mujeres, conformada por judiciales afiliadas, lo que se decidió fue sacar el comunicado para denunciar la violencia institucional que se generó en toda la tramitación del sumario”.  

“No se permitió a las victimas ser parte, se dispuso en un principio el secreto de sumario con lo cual no se podía tener acceso durante ese periodo al expediente, ni si quiera podíamos conocer el estado procesal de las actuaciones”, señaló.

En tanto, consideró que el caso se resolvió sin “aplicar nunca de las normativas internacionales”, y advirtió que, conociendo los testimonios, fueron tomados como “fabulaciones, que no se encontraban acreditados y se negó el sufrimiento de las víctimas”.

Herrera subrayó: “La realidad es que la situación nos parece que es reprochable y que no puede tener lugar en la Justicia argentina, y menos en la Justicia que queremos. Que sea con perspectiva de género y con un claro reconocimiento de justicia y acceso a la justicia”.  

“Cuando quedan impunes lo único que genera es un descreimiento por parte de las personas que ven vulnerados sus derechos de que en verdad ir a la Justicia no tiene razón de ser, porque a fin de cuentas no van a encontrar ahí la reparación que tanto necesitan”, concluyó la secretaria de UEJN.

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