La Cámara de Diputados de la Nación analiza un proyecto que busca prevenir y erradicar los casos de violencia institucional por fuerzas policiales, de seguridad y servicios penitenciarios en todo el Territorio Nacional. La iniciativa incorpora, entre otras cosas, un mecanismo transparente de denuncias, posibilidades de reparación a las víctimas, la protección de la labor periodística y la creación de un registro nacional.
Presentado a fines de 2020, y que cuenta con dieciocho firmas de diputados y diputadas nacionales, el proyecto busca incorporar la definición de violencia institucional y mecanismos de denuncia y registro que permitan combatir dicha violencia ejercida por parte de las fuerzas policiales, de seguridad y servicios penitenciarios.
Esta semana se realizó la tercera reunión informativa de las comisiones de Seguridad Interior, que preside Paula Penacca (Frente de Todos) y de Derechos Humanos, a cargo de Hugo Yasky (Frente de Todos), en la que se analizó el proyecto presentado, precisamente, por Penacca, Yasky y el legislador y dirigente del Movimiento Evita (Frente de Todos) Leonardo Grosso. Una iniciativa que fue acompañada por otros 15 legisladores nacionales.
"Si el verdadero carácter de un Estado se mide en la manera en que se ejerce el monopolio de la violencia, la persistencia de la violencia institucional en todos sus niveles es una de las más importantes -sino la más importante- deuda de la democracia consigo misma", reza entre sus fundamentos.
Los detalles del proyecto
Según la iniciativa, se define la violencia institucional como "todo acto, por acción u omisión, ejercido por miembros de las fuerzas policiales, de seguridad y penitenciarias que implique cualquier forma de afección física o psíquica que afecte derechos humanos fundamentales de las personas".
Un punto clave es que se proyecta crear Centros de Recepción de Denuncias de Violencia Institucional que serian atendidos por personas ajenas a las fuerzas de seguridad. Se incorporarían pautas de acción frente a las denuncias "con el propósito de que la recepción de las mismas se realice a través de un mecanismo transparente y eficaz". A esto se sumaría un Registro Nacional de Violencia Institucional en el ámbito de la Dirección Nacional de Políticas contra la Violencia Institucional de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación.
"Toda persona que, individual o colectivamente, haya sufrido daños, inclusive lesiones físicas o psíquicas, sufrimiento emocional, discriminación, daño económico o menoscabo sustancial de los derechos fundamentales, como consecuencia de acciones u omisiones de las fuerzas policiales, de seguridad y penitenciarias", es considerada víctima de violencia institucional sería consigna el proyecto.
Asistencia y reparación
La incorporación de la asistencia y la reparación a las víctimas de violencia institucional es uno de los puntos relevantes de la iniciativa. Las víctimas de violencia institucional "tienen derecho a una reparación plena y efectiva que comprenda medidas individuales tendientes a restituir, indemnizar y rehabilitar a la víctima", se propone.
A ello debe sumarse una responsabilidad por parte del Estado para asistir de manera psicosocial a las presuntas víctimas de violencia institucional y sus familiares delegando en cada jurisdicción la instrumentación de "los mecanismos y protocolos específicos para brindar dicha asistencia".
También se incluye un programa de reentrenamiento y formación con una perspectiva transversal de Derechos Humanos para las fuerzas de seguridad. Se establecen principios básicos sobre el empleo de armas letales y no letales cumpliendo con los estándares internacionales. Se crearía un Programa Nacional Contra la Violencia Institucional de asistencia en formación, capacitación y reentrenamiento en derechos humanos y en regulación del uso de la fuerza que sería obligatorio.
El trabajo en comisiones
Este lunes hubo un nuevo plenario de comisiones en la Cámara de Diputados de la Nación donde diferentes representantes de organizaciones sociales hablaron frente a los diputados sobre distintos casos de violencia institucional. Se trató del tercer plenario informativo donde específicamente hablaron algunos representantes de gremios y sindicatos.
Entre los testimonios de esta jornada estuvieron los de Miguel Apontes, del Círculo Sindical de la Prensa y la Comunicación de Córdoba (CISPREN), quien destacó los casos de la provincia con respecto a la violencia institucional contra periodistas y pidió campañas de educación. Vio con preocupación la existencia de "una alta proporción de nuestra sociedad que demanda políticas más agresivas y que, muchas veces, el resultado es violencia institucional".
Tomas Eliaschev, secretario de Derechos Humanos del Sindicato de Prensa de Buenos Aires (Sipreba), fue uno de los que habló y sostuvo que "la violencia institucional nos atraviesa de dos maneras una que tiene que ver con nuestra labor estrictamente periodística, informar lo que sucede, y denunciar estas prácticas sistemáticas". Sin embargo, destacó el momento de cobertura de movilizaciones donde recalcó lo que propone el proyecto con respecto a la protección de la labor periodística de reporteros gráficos y camarógrafos.
"Durante el gobierno de Mauricio Macri esta práctica se tornó sistemática. En varias oportunidades tuvimos que padecer una violencia por parte de las fuerzas policiales direccionada en contra quienes estaban registrando los hechos", contó el representante de Sipreba y recordó que más de 60 periodistas fueron agredidos y heridos por las fuerzas policiales.
"Los que ya tienen poder, la ley no les va a quitar o agregar nada, en todo caso los va a limitar en el ejercicio del poder. Lo que necesitamos es el resguardo de los más débiles", dijo para terminar el presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales de Diputados, Hugo Yasky. El debate continuará en las próximas semanas.
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