La Unión de Empleados de la Justicia de la Nación (UEJN) pidió este lunes a la Corte Suprema de Justicia de la Nación y al Consejo de la Magistratura mediante un comunicado que refuerce la seguridad en los inmuebles del Poder Judicial, tras enterarse que el Ministerio de Seguridad de la Nación determinó retirar la custodia policial de la totalidad de los edificios que componen la justicia nacional y federal.

Según el documento firmado por el secretario general de la UEJN, Julio Piumato, y la secretaria gremial, Mara Fernández, fue retirado el personal de seguridad con la excepción de “inmuebles en que se hallan alojadas las distintas cámaras, el edificio sito en Comodoro Py 2002 de esta Ciudad y el Palacio de Justicia de la Nación”.

 “La mayoría de los edificios que componen la justicia se hallan sin consigna policial con el evidente riesgo que ello implica”, apuntaron desde la asociación y señalaron que esto se suma a la fuerte merma de presencialidad del personal a raíz de la pandemia y las licencias que se dieron por diferentes situaciones personales.

Además, denunciaron que al haber disminuido la circulación en la zona de tribunales por las restricciones del Gobierno “se incrementaron ostensiblemente los hechos delictivos y la violencia”, y lamentaron que hubo un “recrudecimiento de las agresiones a que son sometidos los judiciales que concurren a prestar tareas en forma presencial, por quienes no comprenden la situación y vuelcan su furia o impotencia contra los trabajadores”.

En tanto, destacaron: “Entendemos que no solo está en juego la seguridad de un sinnúmero de expedientes -especialmente de aquellos sensibles por su contenido- y de las distintas pruebas que hacen a dichas causas, sino que además se arroja a una situación de total desprotección a los/as magistrados/as, funcionarios/as y empleados/as que no tienen - ante la decisión adoptada por el Ministerio de Seguridad- la posibilidad de solicitar auxilio en caso de peligro inminente y cierto”.

En ese marco, el comunicado concluyó con el pedido a la Corte Suprema y al Consejo de la Magistratura que “gestione en forma urgente el retorno de la custodia policial a la totalidad de los inmuebles que componen la justicia nacional y federal, a fin de paliar esta problemática que -en definitiva- conlleva un riesgo a la vida y las condiciones dignas de quienes se desempeñan en la justicia y de aquellos que concurren a ella con sus derechos ya vulnerados”.

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