Nuevamente, la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) emitió su informe anual sobre el sistema penal en la provincia de Buenos Aires, con la particularidad que es el primero que se presenta luego de la designación formal realizada por el Estado como Mecanismo Local de Prevención de la Tortura, además de ser realizado en el contexto singular de la pandemia por el Covid-19.
Según informó la CPM, durante el Gobierno de Cambiemos, con la dirigencia en la provincia de María Eugenia Vidal, profundizó reformas regresivas, discursos punitivistas y crecimiento sostenido de la población detenida. En cuanto al Gobierno iniciado en diciembre del 2019 por Axel Kiciloff, se señaló que “asumió transitando una profunda crisis provocada por la falta de alimentos y medicamentos en el sistema penitenciario y una huelga de 16.000 personas detenidas”.
Algunos datos destacables: la CPM en el 2020 relevó junto con Punto Denuncia Torturas al menos 21.500 entrevistas a personas detenidas o sus referentes afectivos. Se registraron 34.500 hechos de tortura o malos tratos. En tanto, la mitad de ellas fueron por hechos de violencia o morosidad judicial.
Se presentaron 16.200 escritos judiciales, entre ellas 3.200 habeas corpus individuales y 13.000 acciones urgentes. Fueron 120 acciones colectivas por hacinamiento, escasez de alimentos, falta de atención médica, falta de insumos de higiene, protestas, huelgas de hambre, represión, casos sospechosos o positivos de Covid-19.
En ese marco, la CPM realizó un seguimiento de las víctimas de la represión ocurrida durante las protestas producidas los días 21 y 22 de abril en las unidades 10 de Melchor Romero y 23 de Florencio Varela y las ocurridas en nueve Unidades de toda la provincia el 31 de octubre y 1 de noviembre.
El informe, en referencia al caso, registró que más de 1.500 personas padecieron represión extrema, torturas y traslados compulsivos. Sobre este universo, en 516 personas se constataron judicialmente un total de 634 lesiones. En 113 casos las lesiones fueron provocadas por postas de goma disparadas contra la cabeza, lo que está expresamente prohibido.
Un triste saldo es que 17 personas perdieron un ojo, una ambos ojos y otra parte de su oreja, lo que produjo discapacidades permanentes. Las represalias se vieron incluso en los incendios intencionales provocados por los agentes penitenciarios en los centros universitarios de las cárceles 48 de San Martín y 31 de Florencio Varela.
Asimismo, durante el 2020 hubo al menos 400 casos de violencia policial que involucran 577 hechos y 123 muertes por uso letal de la fuerza en territorio bonaerense. Se debe reconocer un descenso con respecto a años anteriores, pero aun así en la totalidad del informe se puede dar muestras sobre el mal procedimiento de las fuerzas de seguridad en la región.
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