La causa que investiga el asesinato del docente Carlos Fuentealba, ocurrida durante una protesta en la provincia de Neuquén en el 2007, dio un paso adelante y se informó que serán ocho los policías que irán a juicio oral por estar señalados como participes de la represión que terminó con su vida.
El juez de Garantías Lucas Yancarelli, quien tiene a cargo la causa conocida como “Fuentealba II”, informó esta semana la novedad. Al respecto, la viuda de Fuentealba, Sandra Rodríguez, destacó en diálogo con la prensa que “por primera vez en 15 años pudimos llegar a acusar a los altos jefes policiales del operativo de la Policía de Neuquén, al mando y a las órdenes del exgobernador Jorge Omar Sobisch".
"Hoy escuchamos por primera vez la palabra operativo, 15 años peleando para que se reconozca la palabra operativo, un operativo de represión y muerte”, enfatizó Yancarelli y consideró: “Murió Carlos, pero muchos compañeros podían haber muerto ese día".
Cabe recordar, que Carlos Fuentealba fue impactado en la cabeza con una granada de gas lacrimógeno el 4 de abril de 2007 durante una manifestación gremial, en la ruta nacional número 22. Dicho proyectil, que causó su muerte, fue disparado por el cabo de la policía neuquina Darío Poblete.
Si bien el cabo Poblete ya tiene una condena de prisión perpetua como responsable del delito de homicidio calificado con alevosía, el Ministerio Público Fiscal realizó otra causa en paralelo que tiene como eje averiguar el grado de responsabilidad del resto de los efectivos y jefes policiales.
El recorrido judicial de la causa comenzó en el 2009, cuando el fiscal Alfredo Velasco Copello pidió que todos los acusados sean sobreseídos. Al único que acusó por dos hechos fue a Benito Matus. Pero por extinción de la acción penal todos fueron sobreseídos.
Pasaron diez años hasta que la Corte Suprema de la Nación, en el 2019, ordenó que se reanude la investigación. Fue el martes pasado cuando el nuevo fiscal, Breide Obeid, señaló nuevamente a Matus y lo acusó de abuso de armas y lesiones leves.
Por su parte, la querella particular señaló a Carlos Zalazar, Moisés y Adolfo Soto, Jorge Bernabé Garrido y Mario Rinzafri por abuso de autoridad y encubrimiento. En tanto Aquiles González y Julio Lincoleo, por encubrimiento agravado.
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