En una entrevista extensa con el matutino Página 12, con Luciana Bertoia, el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Martín Soria, dio sus impresiones tras el fallo que retumbó en el Gobierno, en el Congreso, en la Justicia y en el Consejo de la Magistratura que tiene hasta principios de abril como fecha límite para impulsar cambios en su estructura que se nutre de elecciones entre las asociaciones abogadiles y de jueces.
“Que la Corte declare inconstitucional una ley del año 2006 que la propia Corte ya había declarado constitucional en 2014 nos lleva a preguntarnos qué cambió. La respuesta es sencilla, lamentablemente ahora tenemos una Corte Suprema que ya no aplica el derecho, sino que juega a hacer política”, espetó Soria a tono con su modo confrontativo desde que asumió con esta CSJN presidida por Horacio Rosatti sin una integrante tras la renuncia de Elena Highton y con esa vacante por cubrir.
--¿Qué posibilidades hay de sacar una nueva ley en un plazo menor a cuatro meses?
--Lo increíble es que la misma Corte que invalida una ley que tiene quince años de vigencia y que tardó cuatro años en sacar este fallo ahora imponga este irracional plazo de 120 días, dentro de los cuales el Consejo de la Magistratura debería convocar a elecciones de abogados y jueces, con una feria judicial de por medio, bajo amenaza de paralizar el funcionamiento del Consejo.
Este repentino apuro demuestra que la única explicación de este fallo es la desbocada ambición de esta Corte que está ansiosa por tener más poder controlando el Consejo de la Magistratura. La decisión de Rosatti de autonombrarse presidente del Consejo, cuando no era ni siquiera un aspecto en consideración en el expediente es la prueba elocuente de esto.
Nueva ley
Con la nueva composición del Congreso que complica las mayorìas para el Gobierno de Alberto Fernández, Soria explicó que “lo cierto es que el gobierno nacional ya envió al Congreso un proyecto de ley intachable. Ahora le toca a la oposición demostrar su compromiso con la democracia y con la división de poderes, porque es eso lo que está en juego: o legisla el Poder Legislativo o avalamos que un grupo de tres o cuatro personas elegidas para dictar sentencias asuman una función legislativa para la que nadie los eligió”.
Vuelta al Consejo original de la reforma de 1994
En este sentido, el ministro explicó que tras el fallo de la Corte Suprema que exigió volver a la composición de 20 integrantes en el Consejo en el plazo que estableció la Corte “es casi impracticable, así que tenemos dos opciones”.
“O la oposición permite que el Congreso asuma su función legislativa para sancionar una nueva ley, o en abril nos quedamos con un Consejo de la Magistratura paralizado. El fallo de la Corte pone en riesgo el funcionamiento del Poder Judicial porque puede implicar la parálisis de las designaciones de jueces, de la administración del Poder Judicial, de las sanciones a jueces”.
Y agregó que los 20 integrantes del Consejo tampoco funcionó: “Hasta la reforma de 2006, se designaban a 31 jueces por año. A partir del 2006, pasamos a 45 jueces por año, casi un 50 por ciento más. La Corte está siendo contradictoria: en la reunión que tuve me señalaron el problema de las vacantes, pero ahora llaman a volver a una composición del Consejo de la Magistratura que no funcionaba, que era lenta y sólo provocaría más vacantes. Y para colmo lo hacen bajo la excusa de la independencia judicial, cuando lo cierto es que en los seis años en que rigió la ley de 1997 se removieron más jueces que en estos últimos quince años en los cuales estuvo vigente esta ley que ahora declaran inconstitucional. ¿De qué ataque a la independencia judicial hablan?”, cerró Soria visiblemente molesto tras el fallo del jueves por unanimidad del Máximo Tribunal de Justicia.
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