La jueza federal María Eugenia Capuchetti dispuso una batería de medidas de prueba en los últimos días en el marco de la causa iniciada por el presidente Alberto Fernández contra el ex presidente Macri y los ex ministros que tomaron la deuda con el FMI en 2018.
La jueza María Eugenia Capuchetti levantó el secretario bancario para que el Banco Central identifique a todas las personas físicas y jurídicas que compraron divisas durante el período 2015-2019. También solicita identificar a todas las empresas – incluidos bancos – que realizaron transferencias de divisas netas al exterior durante el mismo período. Fue tras un pedido del fiscal de la causa, Franco Picardi.
Las medidas de prueba pedidas a la CNV y al BCRA tienen como objetivo identificar a los principales operadores del mercado de divisas al momento de la acreditación del empréstito adquirido con el Fondo Monetario Internacional (FMI) durante el gobierno de Mauricio Macri.
Pero además otro punto sobre el que está avanzando la jueza Capuchetti, a solicitud del fiscal Franco Picardi, es intentar establecer quiénes fueron los destinatarios finales, ya sea personas físicas o jurídicas, que compraron la mayor cantidad de títulos de deuda Lebacs entre 2015 y 2019 y quiénes desarmaron esas posiciones en pesos desde 2018 y finales de 2019.
La jueza mandó oficios a la Comisión Nacional de Valores para que se remita el detalle de los fondos institucionales o fondos comunes de inversión y de las personas físicas y jurídicas que accedieron a esos títulos.
Entre las principales medidas, la jueza le solicitó al Banco Central (BCRA) que identifique a las empresas que realizaron las mayores transferencias netas de divisas al exterior en el período investigado, como así también a las personas físicas que efectuaron operaciones por 40,5 millones de dólares o superiores.
Desde el juzgado se le pidió al BCRA un "amplio informe vinculado al documento del Mercado de Cambios, Deuda y Formación de Activos Externos 2015-2019", que identifique a los 100 agentes que realizaron compras netas por más de 24.679 millones de dólares entre diciembre de 2015 y octubre de 2019 y a los 10 compradores de más de 7.945 millones de dólares en el mismo período.
A instancias del fiscal Franco Picardi, también se le reiteró la orden al BCRA de que elabore un informe en el que se detalle monto, evolución y composición de las reservas internacionales existentes en esa entidad entre diciembre de 2015 y 2019 y que indique cómo fue la variación/evolución operada de las reservas internacionales con posterioridad a la acreditación del empréstito.
Por otra parte, se le reiteró un pedido a la Caja de Valores S.A. para que informe quienes suscribieron títulos de deuda Lebacs entre 2015 y 2019 y quienes desarmaron esas posiciones en pesos entre enero de 2018 y diciembre de 2019, otra medida que apunta reconstruir los movimientos en los mercados bursátiles y de divisas a partir del préstamo que el FMI le dio a la Argentina durante el gobierno de Macri.
En esta causa, la procuración del Tesoro, a cargo de Carlos Zaninni, solicitó al juzgado que se convoque a los funcionarios del FMI que estuvieron en la Argentina entre el 13 y el 22 de agosto de 2018. La misión fue encabezada por Roberto Cardarelli, segundado por Yan Carrière-Swallow, Joyce Cheng Wong, Paolo Dudine, Jeta Menkulasi, Marcos Souto y Romain Veyrune.P
La denuncia que dio origen a esta investigación había sido presentada por el titular de la OA, Félix Crous, ante el juzgado federal número 5 y sostenía que a través de la violación de una serie de normas el Gobierno de Macri había contraído una millonaria deuda con el FMI cuyo monto, además, era idéntico al de la cifra en dólares que se habría fugado en el mismo período de tiempo.
Entre los imputados se encuentran el expresidente Macri, sus exministros Nicolás Dujovne (Hacienda), Luis Caputo (Finanzas) y los extitulares del Banco Central Adolfo Sturzenegger y Guido Sandleris.
De la denuncia surgía que de la conducta imputada a los acusados se desplegó en el contexto de una política económica, monetaria y financiera que permitió "generar ganancias extraordinarias mediante la colocación de letras en moneda nacional, de corto vencimiento, que pagaban una elevadísima tasa de interés".
En la presentación de la querella criminal se resaltó que ya a principios de 2018, y como consecuencia del sobreendeudamiento -el mayor en los mercados internacionales desde 2016-, Argentina "perdió el financiamiento internacional privado en dólares, a la par que los inversores especulativos desarmaron sus posiciones en letras en pesos y dolarizaron sus tenencias para asegurar sus ganancias ante la debacle, mediante la formación de activos externos".
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