El secretario de Derechos Humanos de la Nación, Horacio Pietragalla Corti, realizó una denuncia para frenar la violencia contra las personas en situación de calle y, al considerarlo un recurso válido, la Justicia porteña habilitó la feria judicial para que sea tramitada sin demoras.
Los hechos que fueron señalados se vinculan a acciones de violencia institucional en la ciudad de Buenos Aires. Fue la jueza Andrea Danas, la que tomó la decisión de que la denuncia fuera "readecuada" como un amparo, y contó con el apoyo de la fiscal Marcela Monti.
La denuncia también fue firmada por el Director Nacional de Políticas contra la Violencia Institucional, Mariano Przybylski. De esta forma, y manifestado en la última resolución por el juez Guillermo Schreibler, el proceso contra el Gobierno de la Ciudad será considerado "colectivo y preventivo".
Los funcionarios nacionales que encabezaron la denuncia afirmaron, según trascendió, que la realizaron "en favor de las personas en situación de calle en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por los graves hechos de violencia institucional que han sido denunciados ante esta Secretaría".
Además, enfatizaron existe un "modus operandi", y detallaron que las personas "son arbitrariamente despojadas de sus pertenencias sin ninguna legalidad, hostigadas y denigradas por funcionarios públicos con la finalidad de que abandonen las calles".
“Por medio de la presente se garantice la libertad de este colectivo de personas y se ordene al Gobierno local que cese en su hostigamiento, amenazas y robo de pertenencias a personas en situación de calle", indicaron Pietragalla Corti y Przybylski, que con su acción legal quieren generar un protocolo adecuado para este tipo de intervenciones de las fuerzas policiales.
La persona que sería señalada como responsable de las acciones es Clara Muzzio, responsable del Ministerio de Espacio Público e Higiene Urbana. "Siempre fue una política de los gobiernos del PRO ‘limpiar’ la ciudad y que no se vean personas viviendo en sus calles, lo cual para el Gobierno porteño no se logra con políticas de inclusión social o de redistribución de ingresos o de vivienda sino barriendo a la gente hacia el conurbano fuera de la ciudad”, apuntó Przybylski en diálogo con los medios.
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