La causa Vialidad en la cual está acusada la vicepresidenta continúa con la primera jornada del alegato del fiscal. El cronograma marca una larga agenda hasta septiembre en el único juicio en trámite para Cristina Kirchner y ex funcionarios, con los sobreseimientos dictados en las otras causas, y con el ojo de la tormenta opositora en la previa del inicio de la campaña presidencial 2023.
Esta semana el Tribunal Oral en lo Federal N°2 continuó con las audiencias en el juicio en el que se investigan presuntas irregularidades en la obra pública en la provincia de Santa Cruz con el inicio del alegato del titular de la Fiscalía General 1 ante los tribunales de la Capital, Diego Luciani, y el fiscal federal coadyuvante Sergio Mola que durará nueve jornadas.
Hay que recordar que en la causa se le imputa a la ex presidenta de la Nación, y actual vicepresidenta, Cristina Fernández ser coautora de los delitos de asociación ilícita agravada por su calidad de jefe y administración fraudulenta agravada por haber sido cometida en perjuicio de una administración pública.
Con palabras bastantes altisonantes como por ejemplo "los expedientes gritan", el fiscal Luciani inició hoy su acusación contra los ex funcionarios procesados en los cuáles señaló que probarán desde el MPF que durante 12 años hubo una “asociación ilícita piramidal del jefe de Estado para que la maniobra ilícita pudiera llevarse a cabo" en la cual “instalaron una de las matrices más grandes de corrupción extraordinarias que se desarollaron en el país”. Más info en esta cobertura de la audiencia.
El último día antes del inicio de la feria judicial los jueces Mariano Llorens, Pablo Bertuzzi y Leopoldo Bruglia sobreseyeron a Macri del supuesto espionaje ilegal a los familiares de las víctimas del submarino ARA San Juan. La querella no se da por vencida y apelará la medida a la cámara federal de Casación Penal. La abogada de una de las querellas, Valeria Carreras, también elevó el reclamo el caso el relator especial de la Organización de Naciones Unidas (ONU) sobre la Independencia de los Magistrados y Abogados, Diego García Sayan.
Días antes de la feria, la Sala II de la Cámara Federal porteña consideró que la definición sobre dónde debe instruirse la causa "Gestapo" corresponde a los tribunales de La Plata y no en el tribunal de alzada de Comodoro Py, como lo había propiciado el juez Marcelo Martínez de Giorgi, según informa Télam.
En ese expediente están procesados tres exagentes jerárquicos de la AFI, a dos funcionarios del gobierno de Vidal, al intendente de la Plata, Julio Garro, y al senador provincial de Cambiemos Juan Pablo Allan, por la supuesta persecución por medios ilegales desatada contra Medina.
Rico los fondos del FMI
El ex militar carapintada fue denunciado por el secretario de DDHH porque sus videos “contienen una amenaza pública e idónea contra las autoridades democráticamente electas" así como las cinco denuncias por los dichos de Juan Grabois que tendrán trámite en el reinicio de la feria judicial con los primeros pasos de estas causas en los tribunales federales de Py.
Las causas por la deuda con el FMI pueden traer novedades ya que los denunciantes pidieron investigar “a los que fugaron divisas la procedencia de los fondos y el cumplimiento de sus obligaciones fiscales”. Los propios denunciantes dijeron en su escrito que se trataba de una investigación distinta a la de la causa del FMI porque allí se investigaba a los funcionarios del Poder Ejecutivo de Mauricio Macri y aquí se buscaba accionar contra los responsables de enviar dinero al exterior. En esta causa sin procesados se debate aún que juez lleva adelante la investigación.
Los denunciantes buscan que la justicia federal investigue quiénes fueron los 100 agentes que realizaron compras netas por USD 24.679 millones entre diciembre de 2015 y octubre de 2019, quiénes fueron los 10 compradores que explican la Formación de Activos Externos (FAE) por un monto de USD 7.945 millones, las personas jurídicas efectuaron compras netas de divisas por un monto de USD 41.124 millones, las empresas que realizaron las mayores transferencias netas de divisas al exterior, y la persona física que habría realizado operaciones por la suma de USD 40,5 millones.
Nuevos acusados en Py
La izquierda política afín a sucesivas marchas y manifestaciones y a “copar la calle” también tuvo sus denuncias en contra y fueron llevados a los tribunales de Comodoro Py. En junio fueron citados en el inicio de la causa dieron presentes el dirigente del PO, Eduardo Belliboni y el actual legislador Gabriel Solano. y otros referentes de la izquierda como la diputada nacional Myriam Bregman, Néstor Pitrola y Vilma Ripoll, entre otros. Los dirigentes denunciados se presentaron formalmente en la causa a designaron a sus abogadas, Liliana Alaniz y Claudia Ferraro.
La cámara federal porteña decidió la semana pasada que pase de la histórica jueza federal María Servini a la jueza María Eugenia Capuchetti. Según Infobae, el camarista Mariano Llorens en soledad también tomó la decisión de cambiar al fiscal de la causa. Ya no será Federico Delgado sino su colega Eduardo Taiano, de perfil más bajo y reservado que el primero.
Las denuncias son para que se investigue si desde el Polo Obrero extorsionaban a beneficiarios del plan “Potenciar Trabajo” para que le den a la organización el 2 por ciento de ese ingreso - para financiar las actividades del partido. Tanto Belliboni como Solano lo negaron y marcaron que se trata de aportes voluntarios para el alquiler de los comedores y merenderos y para el gasto logístico y de transporte de la mercadería.
“Vinimos a acusar a la Vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, que ha largado una campaña brutal contra los movimientos sociales. Lo hace con el propósito de apoyarse en el peronismo, especialmente el PJ bonaerense y otorgarle a ellos la administración de los planes sociales. Hipócritamente habla de las mujeres para apoyarse en los ‘barones’ del conurbano”, dijo Solano en los tribunales en declaraciones a los medios presentes.
Avión iraní en C.A.B.A
En Lomas de Zamora, la fiscala Cecilia Incardona se opuso a que los 19 tripulantes del avión de Emtrasur sean autorizados a dejar el país. La fiscal reconoce que ya se revisaron todos los dispositivos electrónicos de los 14 venezolanos y que no se encontró “ningún indicio ni evidencia de que hayan participado y/o colaborado en actividades relacionadas con actos de preparación de alguna actividad delictiva”, pero dice que “aún no se logró analizar la prueba en su conjunto (es decir, la de todos los celulares entrelazados)”.
La fiscal reconoce que “el avance del caso no depende de la actividad que realicen” los tripulantes del avión, pero dice que son extranjeros “que no tienen arraigo ni residencia” en la Argentina y que “el único modo de juzgarlos” es, entonces, “asegurando su presencia” en el país.
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