La semana pasada, el productor ganadero Sergio Andrés Mamani, de la provincia de Salta, fue condenado por el Tribunal Oral Federal N° 2, de la misma provincia, a tres años de prisión en suspenso y el pago de una reparación económica, que será destinado a cinco mujeres, por "facilitación de la prostitución", hecho que fue investigado tras una denuncia anónima a la línea 145.
En ese sentido, la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (PROTEX) detalló que los casos por explotación sexual encabezan el listado de tipos de delitos denunciados a la Línea 145 que es el Programa Nacional de Rescate y Acompañamiento de Victimas Damnificadas por el Delito de Trata desde julio de 2015.
Fue en el mes de junio del 2020 cuando el Programa Nacional de Rescate y Acompañamiento de Victimas Damnificadas por el Delito de Trata recibió la denuncia que indicaba la existencia de una red de prostitución, y se señaló que podía haber como víctimas menores de edad. También, el denunciante dijo que se usaba un sitio de servicios sexuales para adultos que era utilizado como enlace con jóvenes que ejercían la prostitución.
Según la investigación, Mamami manejaba un departamento que alquilaba, cerca de la terminal de micros de la ciudad de Salta, para que jóvenes, que conseguía en la web, se prostituyan en ese lugar a cambio de una renta.
La fiscalía especializada detalló que hubo 341 formularios más que en 2020, donde el registro había sido de 1346.
Por su parte, el auxiliar fiscal Facundo Mirabella indicó que Mamani, además de facilitar ese departamento, ofreció a una joven el de su propia madre a cambio de $1.000 pesos, suma que creció hasta los $1.500 pesos.
El Área de Víctimas de la Unidad Fiscal Salta, a cargo de Verónica Olguín Rufino, se hizo cargo de las víctimas, quienes declararon que Mamani les dijo que digan en el edificio que eran estudiantes, y una vez, como un triste paso de comedia, debieron salir rápido del departamento porque llegaba la madre del acusado.
El juez que dirigió el caso fue Domingo Batule, que homologó un acuerdo tramitado por el Área de Casos Complejos, a cargo del fiscal federal Ricardo Toranzos. Además, participó del mismo el Defensor General de Víctimas Nicolás Escandar y la fiscalía.
Tras el análisis, se estableció una reparación económica por un millón y medio de pesos, dinero que se dividirá entre las víctimas en partes iguales. Mamani, supo reconocer su responsabilidad penal en el hecho para poder llegar al acuerdo.
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