Horas de altísima tensión política se viven en la Suprema Corte de Justicia de Mendoza, donde las relaciones entre radicales y peronistas K estallaron con difícil pronóstico de recomposición.
El aire que se respira en el cuarto piso de los tribunales está espeso. Hay largos silencios, malhumor, estrategias que se retocan a cada minuto y mucho que no se dice, y que sí se manifiesta a la hora de tomar decisiones administrativas y de redactar sentencias.
Es el mismo aire que se respira entre peronistas K y el radicalismo en el ámbito legislativo desde comienzos de año, cuando el Frente de Todos dio el portazo y dejó de tratar en el Senado la designación de nuevos jueces y fiscales, bajo el argumento de que el gobernador radical Rodolfo Suarez quiere armar “un Poder Judicial a medida y por mandato de Alfredo Cornejo”, su antecesor.
La bomba que estalló
La sangre llegó al río con el primer minuto de agosto con una sentencia de la Sala Segunda de la Suprema Corte, que avaló la reincorporación de un empleado del Senado provincial que había sido incorporado a la planta permanente en 2015 -a fines de la gestión del gobernador peronista Francisco Paco Pérez- y cuyo vínculo laboral fue revocado en 2016 por la vicegobernadora radical Laura Montero.
Más allá de lo estrictamente jurídico, el fallo que benefició a Víctor Gallardo -hermano de la dirigente peronista Miriam Gallardo- el fallo escondía una bomba política que finalmente explotó.
Fue la dura acusación de los supremos peronistas Omar Palermo y Mario Adaro de que el oficialismo se vale de discrecionales llamados a plenario “de dudosa legalidad” para imponer la mayoría automática oficialista 4 a 3 y revertir sentencias de la Sala Segunda que se perfilaban adversas a intereses políticos y privados.
Fue un pronunciamiento inédito por los considerandos y las formas. Nunca antes la política judicial de Mendoza se había pronunciado en esos términos y dentro de una sentencia, algo que para muchos fue como un acto impropio.
“Con la evidente finalidad de impedir que resuelva la actual composición de la Sala II, con sus jueces naturales, e imponer el bloque hegemónico de la actual integración, se llama a resolver en pleno después de que los votos ya han sido presentados”
“Tal modo de proceder, sin precedentes en la historia de nuestro Poder Judicial, no solo es de dudosa legalidad, sino que genera un grave daño a la institucionalidad de la provincia y a la legitimidad formal y material de las decisiones de esta Corte”
Palermo y Adaro dijeron que una serie de llamados a plenario se hicieron de modo extemporáneo, incluso cuando en algunos casos los votos de los jueces de la Sala Segunda ya habían sido depositados. Para forzar resultados políticamente distintos. O para enfatizarlos.
Y tendieron un manto de sospecha sobre uno de los plenarios más importantes y contundentes de los últimos años en la Justicia de Mendoza: el 7 a 0 que por unanimidad confirmó la constitucionalidad del Ítem Aula, que premia a los docentes que no faltan al trabajo y que, por el contrario, habilita los descuentos salariales por días no trabajados.
La constitucionalidad de esa disposición de la Dirección de Escuelas había sido atacada en los tribunales por el gremio docente, el SUTE, más precisamente en la Sala Segunda.
A fines de 2017, cuando Palermo y Adaro ya habían votado y solo faltaba el pronunciamiento del oficialista José Valerio, el entonces presidente de la Corte, Jorge Nanclares, llamó a fallo plenario a pedido del entonces gobernador Cornejo.
“Los deseos del ex mandatario fueron atendidos y la petición fue favorablemente resuelta por quien fuera el Presidente de la Corte”
Las consecuencias fueron políticamente más valiosas para el radicalismo de lo que se perfilaban: cinco meses después, la Corte avaló el Ítem Aula por el pleno ya que a los votos de Adaro y Palermo se sumaron los de Valerio, Teresa Day, Nanclares, Julio Gómez y Pedro Llorente.
Esta situación, que el peronismo planteó como arbitraria y excesivamente discrecional, estuvo a punto de repetirse con el fallo “Víctor Gallardo contra Gobierno de Mendoza”, pero Adaro y Palermo bocharon la pretensión del presidente de la Corte, Dalmiro Garay, de que el caso fuera sacado de la Sala Segunda y llevado al plenario, a pedido de la Asesoría de Gobierno de Mendoza.
“La pretensión debe ser rechazada porque constituye una intromisión inaceptable en un ámbito de actuación jurisdiccional que, por la instancia del proceso que se transita, queda fuera de la posibilidad de su resolución en pleno”
“De ningún modo se ha demostrado la importancia institucional que la resolución alega. Por otro lado, porque el llamado ha sido realizado fuera de la previsión temporal”
“Tampoco se advierte la posibilidad de sentencias contradictorias con el alcance previsto por aquella disposición legal, argumento que, si bien no es referido por el Sr. Presidente, es utilizado por Asesoría de Gobierno”
El ala radical acusó el golpe y contestó con dureza: dijo que la única mayoría automática ejercida en el máximo tribunal es la que ostenta el ala peronista en la Sala Segunda, ya que concentra casi el 80% de los casos que arriban a la Corte para la resolución “porque ahí van todos los que buscan un fallo a medida”.
Y citó, entre otros, pleitos de los gremios contra el Gobierno, como el fallo condenatorio contra dos dirigentes de ATE por cortar calles que la Sala Segunda revocó en 2021. Y la sentencia que en 2019 favoreció con un año más de reelección a un puñado de intendentes peronistas a los cuales el radicalismo quiso sacar del juego electoral aprobando una ley que fija límites a dos períodos consecutivos de gobierno.
La previa
El escándalo político jurídico por los llamados a plenario ocurrido a comienzos de agosto fue la frutilla del postre. Es que apenas tres días antes, el Presidente de la Corte mendocina había dejado sin efecto una prueba piloto de teletrabajo para los relatores de la Sala Segunda que el peronista Mario Adaro puso en marcha antes de la feria judicial.
Medir los niveles de productividad era el objetivo de un mecanismo que permitía que los redactores de las sentencias penales y laborales trabajaran en su casa o en los tribunales, régimen experimental a pautar y convenir con los superiores de la Sala Segunda con vigencia hasta el último día de septiembre.
Dalmiro Garay, con el apoyo de Teresa Day, le enrostraron a Adaro que había actuado fuera de competencia jurisdiccional, ya que solo la Sala III tiene la potestad de tomar decisiones sobre los recursos humanos del Poder Judicial. Y más aun: le “recordaron” que en los tribunales sigue vigente la modalidad de trabajo presencial a razón de 6 horas diarias, tal como indican las acordadas específicas.
La respuesta de Adaro no tardó en llegar: el supremo especialista en asuntos tecnológicos e innovación informática publicó en sus redes un video con el que trató de cavernícolas a sus pares. Valiéndose de una teatralización, Adaro mostró un cónclave de la prehistoria donde la mayoría se opone a adoptar a la rueda como un elemento de trabajo que cambiaría al mundo.
El mar de fondo
La puja entre peronistas K y radicales de la Corte de Mendoza tiene que ver puntualmente con una reforma que está estancada porque no se producen los acuerdos necesarios. Tiene que ver con el sorteo de jueces de la Corte para cada una de las causas que ingresen, dejando atrás el histórico mecanismo de Salas específicas para cada fuero.
De esa forma, el oficialismo pretende poner fin a la mayoría automática peronista de la Sala Segunda con Adaro y Palermo versus la minoría del radical Valerio. Ese plan incluye otro punto de discordia, que el peronismo rechaza: que el presidente de la Corte de Mendoza, como nunca antes, tenga competencia jurisdiccional y quede entre los 7 que serán parte del bolillero a la hora de sortear qué supremos trabajarán en cada caso.
Final abierto.
Hoy, altísima tensión. Clima espeso. Y sin indicios de calma a la vista.
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