En la provincia de Santiago del Estero, por primera vez, se llevó a cabo un juicio sobre trata con fines de explotación sexual y, tras la condena a los culpables, también la justicia reparó el daño a la víctima. Se trata de una joven misionera que era sometida, y el Fondo de Asistencia a las Víctimas de Trata le otorgó una compensación económica en concepto de reparación integral del daño por más de un millón de pesos.

Fue el 26 de julio pasado cuando se destinó el de 1.280.394 pesos a la víctima, que fue sometida en localidad santiagueña de La Banda, dentro del prostíbulo “Negro el 20”. En esa línea, la sentencia también dictaminó que la Agencia de Administración de Bienes del Estado tomó posesión de la propiedad.

Los condenados, en agosto del 2014 por el Tribunal Oral Federal de Santiago del Estero, fueron José Luis Luna a cinco años de prisión, por ser el principal imputado, tres años a Samuel Emiliano Calderón y Carlos Horacio Cancino Franco. Los tres resultaron culpables de capturar, trasladar y explotar sexualmente a la joven en el 2012.

En cuanto al inmueble, su decomiso, que sería utilizado para indemnizar a la víctima, había sido planteado por Indiana Garzón, fiscal que trabajó el caso junto a la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (PROTEX), dirigida por Marcelo Colombo y Alejandra Mángano. Recién en el 2015 la Cámara Federal de Casación Penal reenvió el expediente al Tribunal, y pidió un nuevo pronunciamiento.

Un año después, el Tribunal Oral Federal de Santiago del Estero, conformado por nuevos integrantes, dio luz verde a destinar el inmueble para la asistencia de la joven. “No queda duda alguna, que el local ‘Negro el 20’ de propiedad del acusado Cancino Franco fue, precisamente, el inmueble que ha servido para cometer el delito referenciado y cuyo decomiso –tal como manda el digesto punitivo- debe ser aplicado a un destino especial –en el presente caso, a la asistencia de la víctima”, señaló en ese momento el tribunal.

El Fondo de Asistencia Directa a Víctimas de Trata de Personas comenzó a funcionar desde octubre del 2021, tras un acuerdo entre el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación junto al Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE), que tiene como objetivo restituir y reparar económicamente a las víctimas.