Pese a que no hay ningún proyecto de ley presentado y mucho menos en tratamiento, salvo el discurso, el círculo rojo se pelea por tener la "voz" cantante sobre si una normativa para regular emanaciones de odio en medios y redes sociales conllevaría una censura o un ataque a la libertad de expresión o no. Argentina, no lo entenderías.
Acá lo confirma el senador del FDT, José Mayans, que trató de hacer equilibrio ante las criticas: “Estamos hablando cómo hacer para cuidar a las personas”, insistió Mayans y dijo que se trata de que “haya un acuerdo por parte de la sociedad, para no tener una sociedad violenta, porque no son muchos los grupos extremadamente violentos”. Y antes de presentarlo ya lo rechazaron: “con este nuevo relato sobre el discurso del odio lo que quieren es avanzar sobre la libertad del pueblo argentino”, consideró el presidente del Frente Pro, Cristian Ritondo.
En este sentido, el artículo 212 del Código Penal ya penaliza estas acciones y expresa claramente que "será reprimido con prisión de tres a seis años el que públicamente incitare a la violencia colectiva" aunque honestamente en una causa puntual lo más difícil es "probar" que cierto discurso generó "tal atentado". Pero vamos a lo importante que es siempre lo que pasa afuera del país para hacer burdas comparaciones. Así como también lo Organización de Estados Amercianos de la ONU también lo penaliza.
El Bundestag, es decir el Congreso alemán, endureció aún más las regulaciones de los discursos de odio en las redes sociales en 2020. La Ley de Cumplimiento de la Red original, aprobada en 2017 , requería que las “empresas” eliminaran las publicaciones ofensivas dentro de las 24 horas posteriores a la recepción de una denuncia.
El artículo 130 del código penal alemán tipifica como delito determinados tipos de incitación al odio. La ley prohíbe la incitación al odio y los insultos que atentan contra la dignidad humana contra las personas en función de su origen racial, nacional, religioso o étnico.
El Bundestag endureció aún más las regulaciones de las redes sociales en 2020, luego de tres ataques terroristas en Alemania por parte de extremistas de extrema derecha en 2019 y principios de 2020. Fue tras serios atentados por parte de extremistas en 2019 y 2020 que incluyó el asesinato del político Walter Lübcke, quien manifestaba una política a favor de los de ciudadanos refugiados que llegaron al país de Siria, por ejemplo. Sólo en 2020 se registraron cerca de 24 mil ataques de extrema derecha en general hacia inmigrantes.
Hay más. Hubo tiroteos frente a una sinagoga en la ciudad de Halle, en Yom Kippur, celebración judía; y un tiroteo masivo en la ciudad de Hanau. En los atentados de Halle y Hanau, los asesinos se habían radicalizado exclusivamente en internet.
Los legisladores alemanes introdujeron cambios más severos en 2020 a la “Ley de Cumplimiento de la Red” a quienes insulten en las redes sociales y aumentaron los requisitos de informes para las empresas como Meta (Facebook e Instagam), Telegram y Twitter, entre otras. Se multó a Facebook con 2 millones de euros por no informar la cantidad de quejas que recibió de sus usuarios que emanaron discursos de odio.
La gota que rebalsó el vaso fue el asesinato Lübcke, dirigente político de la Unión Demócrata Cristiana (CDU) de larga trayectoria en el estado de Hesse. El 2 de junio de 2019, Stephan Ernst entró a su casa y lo mató de un disparo en la cabeza.
“Hace tiempo que la violencia de extrema derecha aumenta de forma constante en Alemania”, dijo Michaela Köttig, profesora de trabajo social de la Universidad de Ciencias Aplicadas de Frankfurt en una nota de Darío Mizrahi para Infobae en 2021.
Y hubo otro hecho, el 19 de febrero de 2020 en Hesse. Tobias Rathjen cometió uno de los peores atentados terroristas, como los cataloga la prensa alemana, de extrema derecha de los últimos años. Lo llama “el peor de la historia del país”.
El atacante asesinó a nueve personas en dos bares que eran usualmente frecuentados por inmigrantes turcos. Al regresar a su casa, mató a su madre y se suicidó. Encontraron una carta en su domicilio con ideología nazi.
Párrafo aparte, el documental FRONTLINE “Los neonazis y la extrema derecha de Alemania” es cita frecuente de los medios alemanes sobre estos episodios que aumentaron en la pandemia y llevaron a incrementar la vigilancia a estos grupos extremistas. Recomendado.
El código penal alemán prohíbe negar públicamente el Holocausto y difundir propaganda nazi, tanto fuera como en línea. Esto incluye compartir imágenes como esvásticas, usar un uniforme de las “SS” (siglas del servicio secreto en la Alemania nazi) y hacer declaraciones en apoyo de Adolf Hitler.
También establece reglas estrictas sobre cómo las empresas de redes sociales deben moderar y denunciar el discurso y las amenazas de odio. Estas leyes contra los discursos de odio se endurecieron el año pasado , después de tres ataques terroristas de extrema derecha en 2019 y principios de 2020 que llevaron a las autoridades alemanas a advertir sobre el aumento del extremismo.
El caso contrario es Venezuela, y el régimen dictatorial en que Nicolás Maduro convirtió al país caribeño. El presidente aludió el domingo pasado en una entrevista radial sobre el atentado que sufrió Cristina Kirchner, a una norma aprobada en noviembre de 2017 por la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), que es el Parlamento "afín" al chavismo en un país ya inentendible. El nombre completo es" Ley constitucional contra el odio y por la convivencia pacífica" y faculta a las autoridades a penar con prisión a ciudadanos o con multas y cierres a medios de comunicación "que promuevan el odio y el racismo".
La ley castiga con hasta 20 años de cárcel actos de discriminación por raza, extracción social o ideología política, además de contemplar el cierre de medios y partidos que promuevan "el fascismo". Dice expresamente: "Quien públicamente (...) incite al odio, la discriminación o la violencia contra una persona o conjunto de personas en razón de su pertenencia real o presunta a determinado grupo social, étnico, religioso, político (...) será sancionado con prisión de 10 a 20 años", establece el artículo 20 de la ley.
"Es una ley para todos, para evitar que ocurra una confrontación, una guerra. No es menos cierto que el odio y la intolerancia han sido promovido por sectores de la oposición. Es una ley para todos, para que nadie sea víctima de un crimen de odio o de intolerancia aunque lamentándolo mucho, las víctimas vienen del pueblo humilde de Venezuela", dijo en 2017 la presidenta de la Asamblea Nacional Constituyente de Venezuela, Delcy Rodríguez, durante la discusión del proyecto de ley de la Convivencia Pacífica.
El texto prevé también la posibilidad de castigar con penas de 8 a 10 años de prisión a los policías y militares que no persigan estos delitos de odio. Esta normativa es claramente burda e incomparable con la alemana pero en nuestro país parece que regular algo siempre es motivo de polémica. Y eso que no hay ni un proyecto de ley presentado.
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