Sergio Gerardo Oliva, ex intendente de Aguas Blancas, en Tartagal, provincia de Salta, fue condenado a seis meses a seis meses de prisión condicional e inhabilitación para la función pública por un año tras ser considerado culpable de la apertura de un paso clandestino entre Argentina y Bolivia en el 2016.
Fue el juez federal de Garantías N°1 Julio Bavio, de la misma provincia quien consideró que Oliva sabía que estaba cometiendo un delito al abrir una calle que finalizaba en el río Bermejo, afluente fronterizo, que evadía el cruce de la zona que tenía los correspondientes controles. Ese paso duró solo un día, pero el funcionario fue denunciado y la condena llegó hace unos días tras haber sido hallado penalmente responsable.
En esa línea, se le imputó el delito de violación de los deberes de funcionario público, en calidad de autor. Cuando comenzó la obra, fueron el comandante de la Gendarmería Nacional César Miguel Arias, y el administrador de la División Aduana de Orán, Edgardo Enrique Beretta, quienes elevaron una nota a la fiscalía advirtiendo la situación.
El hecho
Habilitaron una calle que era paralela al puesto de control, lo que daba lugar a un nuevo paso clandestino. Como agravante, el intendente jamás autorizó la realización en la Comisión Nacional de Zonas de Seguridad, falta que choca directamente con el artículo 9 de la ley 15.345/44.
En las declaraciones el funcionario había negado que dio la orden de realizar la calle y se proclamó inocente, pero prontamente la fiscalía pudo probar lo contrario con los testimonios de distintos testigos. Entre ellos, el de Arias que aseguró que en mayo de ese año el intendente reconoció que fue su orden.
Tras responsabilizar a Oliva, la fiscalía pidió el mínimo de prisión en suspenso previsto en el artículo 248 del Código Penal, un mes de prisión, y la inhabilitación por el doble de tiempo. Por su parte, el juez decidió que debe cumplir la pena de 6 meses por el delito de violación de deberes de funcionario público.
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