La Corte Suprema de Justicia de la Nación decidió que el expediente por la tragedia de Time Warp, en la que murieron cinco jóvenes, siga tramitando en la justicia Federal. En la causa son investigados el jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, y el entonces titular de la AGC de la Ciudad, Matías Álvarez Dorrego, por inobservancia de sus deberes de control y fiscalización del evento.
El 16 de abril de 2016, cinco jóvenes de entre 20 y 30 años murieron en el festival de música electrónica Time Warp que se realizó tenía en el predio de Costa Salguero de la Ciudad de Buenos Aires. Tras los hechos la justicia se inició uno de los expedientes en la justicia federal que declinó su competencia entendiendo que debía ser investigado por un juzgado correccional nacional y no por la justicia federal.
El Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 2 fue el que declinó su participación en la causa. Consideraba que la imputación era sobre el desempeño de las autoridades locales en el marco de sus atribuciones. Sin embargo, el juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 16 rechazó ello y se dio lo que se conoce como un “conflicto negativo de competencia”.
Esto llegó a la Corte Suprema que con la firma de Horacio Rosatti, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti, resolvió que sea el juzgado federal el que intervenga. Carlos Rosenkrantz, en disidencia, entendió que las actuaciones debían remitirse a la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal.
Nicolás Becerra, Francisco Bertotti, Bruno Boni, Martín Bazano y Andrés Valdez, fueron los jóvenes que murieron aquella noche. Según el expediente judicial las agencias competentes del gobierno de la CABA actuaron en connivencia con los organizadores de la fiesta y, al no ejercer los debidos controles, hicieron posible la sobreventa de entradas.
Y con ello, la falta de adecuada ventilación, la interrupción del suministro de agua corriente, la venta de agua embotellada a precios excesivos, y la negligente prestación de servicios médicos de emergencia, entre otros. Además, se señaló que existían irregularidades en la concesión de los diferentes espacios que conforman el centro Costa Salguero.
“Ninguno, salvo Adrián Conci, presidente de la empresa Dell Producciones, a cargo del evento, que está intentando salir, está procesado. Todos los que pudieron hacer algo para evitar esta tragedia y no hicieron nada están libres. Todos los responsables de la muerte y de las enfermedades de chicos”, dijo en julio pasado Laura Orellano, madre de una de las víctimas.
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