Desde el primero de noviembre comenzó a implementarse en la provincia de Tucumán la ley de Narcomenudeo. La norma provincial pone en el ojo de la Justicia provincial en los casos de venta minorista de drogas, hoy en día en manos de la Justicia Federal.

Promulgada en octubre de 2019 y con la indicación de que empezara a regir desde enero de 2020, recién desde noviembre se implementará efectivamente la ley provincial N° 9.188, más conocida como Ley de Narcomenudeo.

Se trata de una norma que fue aprobada cuando el actual gobernador provincial y hoy gobernador, Osvaldo Jaldo, era el presidente de la Legislatura provincial, y que implica la atención de la Justicia Provincial a casos de venta minorista de drogas.

Para poder realizar esto la provincia interpreto una parte de la Ley Nacional 23.737, que dice que los delitos referidos a tenencia y venta de drogas son competencia de la Justicia Federal excepto en las provincias que decidan asumir dicha competencia.

La norma estaba frenada por la justicia federal pero este año la Corte Suprema de Justicia de la provincia hizo lugar al pedido del Poder Ejecutivo y ordenó "dejar sin efecto la suspensión de la aplicación de la Ley N° 9.188 y sus modificatorias" y así se dio vía libre a la aplicación.

Es que el MPF provincial se presentó a la justicia porque sostiene que esa incorporación implicaría un aumento de recursos que no puede cumplimentar. Pero la corte provincial ordenó al Ejecutivo provincial la adecuación presupuestaria para cubrir los cargos necesarios.

"En cualquier caso, deberá buscarse que existan recursos humanos y tecnológicos suficientes para la persecución del delito", señalaron los magistrados provinciales. A esto se suma que la provincia ya aprobó los pliegos en la Legislatura para designar a los funcionarios judiciales que tomarán estos casos.

Además, este lunes fueron integrados a la Policía 787 agentes que engrosarán, entre otras divisiones, las filas de la Dirección General de Drogas Peligrosas (Digedrop), abocada a esta tarea. También se firmó un convenio con Nación para usar los laboratorios de la Policía Federal, hasta que se pueda invertir en equipamiento propio.