Tras la inusitada represión policial con gases y balas de gomas en la previa del Boca-Gimnasia de La Plata en el Bosque que definía el título local, la multitud fue reprimida sin razón y la causa recién ahora a fin de año avanzó con las declaraciones indagatorias en la justicia platense.
Con la declaración de dos jefes policiales pautadas para esta semana, la Justicia platense avanza con los procesamientos en el marco de la causa en la que se investiga la muerte del hincha de Gimnasia y Esgrima La Plata César "Lolo" Regueiro.
Los procesamientos fueron dictados por el fiscal Juan Menucci, titular de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 5 de La Plata, quien dispuso los policías Juan Manuel Gorbarán y Sebastián Perea comparezcan a declarar los días 21 y 22 de diciembre.
La misma medida deberán cumplir el titular de la Agencia de Prevención de Violencia en el Deporte de la provincia de Buenos Aires (APREVIDE) Eduardo Aparicio y el expresidente del club, Gabriel Pellegrino, los días 28 y 29 de diciembre de 2022 respectivamente.
El procesamiento del exmandamás Tripero es la puerta de entrada a otras posibles imputaciones de actuales dirigentes de Gimnasia por el posible delito de "asociación ilícita" que apunta a una potencial sobreventa de entradas en ese partido que el Lobo disputó con Boca Juniors.
Gorbarán fue el jefe del operativo de seguridad policial desarrollado esa noche. Estuvo detenido por el delito de "estrago doloso" pero, ante el cambio de calificación legal a "estrago culposo", recuperó la libertad y será indagado nuevamente por el nuevo encuadre legal. En su primera declaración, reveló quién tomó la decisión de cerrar las puertas del estadio, responsabilizó al público por esa decisión y justificó la represión posterior en manos de los efectivos de la Policía Bonaerense que responde al ministro de Seguridad provincial, Sergio Berni.
En una de resolución judicial, el fiscal explicó claramente este cambio de rumbo en base a las nuevas evidencias obtenidas. Para el funcionario, los sucesos investigados son "el resultado de una sumatoria de negligencias, incumplimientos de normativas y de los deberes a cargo de quienes deberían garantizar la seguridad del evento que conllevaron todas estas a determinar y componer las bases sobre las cuales se solidificó el estrago, que determinó el fallecimiento del Sr. Reguerio", según se desprende de la resolución a la que accedió este medio.
De la investigación surgen qué obligaciones se le imponen al organizador del evento, es decir al club anfitrión, al jefe del operativo y a su supervisor (Perea y Gorbarán) y a la APREVIDE (Aparicio). "A modo de ejemplo, las normas disponen medidas para evitar la emisión de mayores entradas que el aforo permitido, que se diagrama en medidas de seguridad adecuadas previo determinar la peligrosidad del partido y el riesgo propio del estadio, y que se evalúe bajo éste último parámetro el horario del encuentro, su ubicación y la forma de vender las entradas-y cómo deben confeccionarse-; entre otras circunstancias", razonó el fiscal. Pero "no solo en ese punto se incurrieron en incumplimientos voluntarios, sino que también antes y durante el encuentro se procedió de forma negligente e imprudente".
Tras la represión, la Policía Bonaerense fue desplazada de la investigación. En su lugar, arribaron expertos de la Policía Federal Argentina que levantaron "450 vainas servidas de cartuchos anti tumultos". Según una resolución de Asuntos Internos, el capitán Martín Mercado del Grupo de Apoyo Departamental (GAD) "habría arrojado de manera imprudente y sin justificación alguna, una bomba de gas lacrimógeno y otra de humo, las que se habían dispersado por el campo de juego, provocando graves consecuencias a las personas que se encontraban en el interior del estadio". Fue desafectado de la fuerza.
Un testigo refirió que los disturbios comenzaron en la puerta 21 que está del lado del Bosque donde un grupo de entre 500 y 800 personas pugnaban por entrar el estadio.
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