La AMFJN y el CPACF en contra del juicio político a la Corte

En sendos comunicados ambas entidades ya de feria judicial tuvieron que salir a "bancar" al presidente del Consejo y de la Corte Suprema que fue sometido y lo será hasta marzo al menos al ataque de un sector del oficialismo por pedir el juicio político a Rosatti y a los tres restantes integrnates del Máximo Tribunal de Justicia del país.

La Asociación de Magistrados expresó su preocupación frente a la "crisis institucional sin precedentes de pedir el juicio político a los integrnates de la Corte Suprema de Justicia de la Nación motivado por el cuestionamiento a un reciente fallo del Alto Tribunal". Así como la entidad presidida por el juez Marcelo Gallo Tagle detalló que debe "asegurarse la división de poderes y la independencia judicial" en un Estado de Derecho como el argentino.  

Un detalle del texto es importante para aclarar ya que el comunicado de los jueces aclara que "la promoción del juicio político por el contenido de pronunciamientos judiciales, más allá del acierto o error de estos últimos, implica una indebida injerencia en la actividad jurisdiccional pues pretende condicionar el ejercicio incondicional de la magistratura".

En un comunicado al que accedió Tiempo Judicial titulado “Un pedido que no cumple con la Constitución”, el Colegio Público de la Abogacía de la Capital Federal, dirigido por Ricardo Gil Lavedra, expresó su “profunda alarma por el deterioro institucional que implica el pedido de juicio político a los miembros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, impulsado por el propio Presidente de la República y algunos gobernadores oficialistas”.

En el comunicado, el CPACF repasa los valores de “la independencia de los jueces como una condición necesaria para asegurar la imparcialidad con que deben ejercer su función de aplicar objetivamente la Constitución y las leyes” y la función de los tratados internacionales de derechos humanos y la propia Corte Interamericana de Derechos Humanos como “la importancia de proteger la independencia de los jueces en el marco de una sociedad democrática”.

En este sentido, la entidad de abogados y abogadas que el año que pasó elegió como su presidente al jurista Ricardo Gil Lavedra, defendió como “un elemento sustancial para la preservación de la independencia judicial es la permanencia en el cargo mientras dure la buena conducta del magistrado”. “La Constitución Nacional ha previsto el mecanismo excepcional del juicio político para apartar al juez de la Corte Suprema que incurra en alguna de las causales previstas en el art. 53 de esa norma fundamental, y a través de un procedimiento que requiere un consenso político muy extendido para impedir que se cometan abusos de poder por parte de mayorías partidarias circunstanciales”, agregó el comunicado.

En este sentido, el CPACF cuestionó que el gobierno nacional encabezado por Alberto Fernández haga este pedido “inadmisible de  remoción en la discrepancia acerca de la interpretación de normas de la Constitución Nacional, pues precisamente la Corte Suprema es el único y exclusivo órgano al que le compete esa función”.

Además, cuestionó “la total ausencia del indispensable consenso político resta toda seriedad a la iniciativa que parece perseguir un propósito censurable, exponer públicamente a los miembros de la Corte al trámite de investigación de la Comisión, lo que traerá aparejado un innecesario desgaste institucional y socavará la independencia de los jueces”.

El comunicado cerró con esta dura frase: “ (…) El pedido de juicio político a los integrantes de la Corte Suprema por no coincidir con sus fallos es un hecho de suma gravedad institucional que no respeta las exigencias del texto constitucional”.