El pedido de juicio político a los cuatros integrantes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación por parte del oficialismo, tras una larga sumatoria de cuestionamientos que van desde el fallo en beneficio a la Ciudad por la coparticipación, las clases presenciales, el nuevo Consejo hasta los chats que habrían revelado un vínculo estrecho entre Juntos por el Cambio y la CSJN, generó polémica entre varios funcionarios que defienden el cuestionamiento al máximo tribunal, y quienes lo ven como un signo de agresión directa.
Entre quienes señalan como una necesidad imperiosa el juicio está el diputado por el Frente de Todos Leopoldo Moreau, quien opinó en diálogo con los medios que el tribunal “es manejado por Juntos por el Cambio y el grupo Clarín”, y afirmó: “Los argentinos deben prepararse para el segundo gran juicio. Si no enjuiciáramos a la Corte estaríamos ante una dictadura de los jueces”.
En esa línea, Moreau consideró que los medios “tratan de especular sin conocer los mecanismos constitucionales diciendo que es una jugada ‘chavista’ o estigmatizando a los miembros de la comisión”, y recordó que “el juicio político es una facultad constitucional y no, una amenaza o una ‘patoteada”.
“Es uno de los instrumentos -y el más importante- para garantizar la división de poderes”, explicó al respecto y enfatizó: “Si no enjuiciáramos a los miembros de la Corte, estaríamos ante una dictadura de los jueces”. Al respecto, consideró que la Corte que “es manejada por Juntos por el Cambio y el Grupo Clarín, es la misma que la del ‘dos por uno’ a los genocidas de la última dictadura militar, que falló en contra de la legislación y los tratados de Derechos Humanos”.
Además, indicó que “desde ahí comienza el derrotero de fallos que buscan pasar por arriba del Poder Legislativo, como cuando resucitaron una ley de hace 16 años para que Rosatti -presidente de la Corte- tome la presidencia del Consejo de la Magistratura”, y agregó que “fue un disparate. Pusieron leyes vigentes en suspenso, a través de cautelares y no fallos como debe ser. Toda sentencia debe tener su fundamento”.
Con respecto el fallo que habría beneficiado en puntos de coparticipación federal al gobierno porteño sostuvo que “quedó en evidencia en los chats de D’Alessandro -ministro de Justicia y Seguridad porteño-, que fue una sentencia negociada entre la Corte y Juntos por el Cambio”. “Este año empezamos a cumplir 40 años de democracia, y los argentinos debemos prepararnos para el segundo gran juicio que será contra la corporación judicial de comportamientos mafiosos”, concluyó.
Por el contrario, las declaraciones del diputado y miembro de la Comisión de Juicio Político por Juntos por el Cambio, Pablo Tonelli, mostraron su malestar y opinó; “No descarto que el oficialismo quiera desprestigiar a la Corte para provocar la renuncia de alguno de sus jueces”.
En esa sintonía, dijo: “Está claro que el propósito del Frente de Todos es desprestigiar a la Corte Suprema y hacerla aparecer ante la sociedad como la perversa de la película, haciéndola responsable de todos los males. Pero no descarto que, además, esté pensando en lograr alguna renuncia en la Corte, como en su momento lo intentaron con el juez Fayt: no tenían ninguna posibilidad de destituirlo, lo que buscaban era desgastarlo para que renunciara. Y no lo lograron”.
“Nuestro objetivo primordial tiene que ser tratar de que este embate contra la Corte Suprema termine lo antes posible”, subrayó el diputado y aseveró que “mientras este juicio político contra la Corte esté vigente, el diálogo entre el oficialismo y la oposición en el Congreso se hará muy difícil, por no decir imposible”.
Del mismo modo, remarcó que el juicio político “significa un perjuicio general para el país, sino también un perjuicio para el propio Gobierno porque le va a ser difícil que se traten ciertas iniciativas en las que está interesado el ministro de Economía -Sergio Massa-”.
En referencia Massa, opinó: “Debe estar muy presionado por el presidente para sumarse a este juicio, al que le han dado una dimensión muy grande. Lo revela el hecho inédito, insólito, de que algunos gobernadores apoyen el pedido de juicio político que formula el presidente. El Gobierno montó un circo y los gobernadores rápidamente se pusieron el traje de payaso acompañando esta embestida disparatada, infundada y arbitraria".
Sobre el fallo sobre coparticipación a favor de la Ciudad, indicó que “no se puede juzgar a los jueces por el contenido de sus sentencias, salvo ciertos excesos como el prevaricato, que está previsto en el Código Penal. De modo que el pedido de juicio político es a todas luces infundado, un capricho cuyo único propósito es apretar a los jueces, exponerlos públicamente de la peor manera, porque van a citar testigos para que digan cualquier cosa, van a exponer sus patrimonios, sus familias, sus relaciones personales”.
Y, en referencia a los chats, opinó que “esos supuestos chats que vaya uno a saber si son ciertos o no, son entre un empleado de la Corte y el ministro de Justicia de la Ciudad. Los jueces no tienen absolutamente nada que ver. Si hubiesen sido chats en los que participaron los jueces de la Corte, uno podría encontrarles cierto sentido en que se los quiera usar en contra de ellos. ¡Pero ni siquiera participan los jueces!”.
“No están involucrados directamente los jueces en esos chats”, insistió.
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